Nueve países: EE.UU. debe revisar política migratoria hacia Cuba

Este lunes 29 de agosto el Departamento de Estado en Washington recibió una carta firmada por los cancilleres de nueve países latinoamericanos pidiendo al gobierno estadounidense –en la persona del secretario de Estado, John Kerry– una revisión de su política migratoria respecto a Cuba.

Fechada el 16 de agosto, la misiva está motivada por la “grave crisis humanitaria para las personas de nacionalidad cubana en situación de movilidad” y considera que La Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos, pies mojados” constituyen “un estímulo al flujo desordenado, irregular e inseguro de ciudadanos cubanos” hacia Estados Unidos.

Los firmantes, de hecho, son los cancilleres de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú; países cuyo territorio abarca la ruta que en los últimos meses ha conducido por tierra a miles de cubanos hacia el norte.

Es, dicen, “un tema que nos involucra a todos y que por su dimensión regional merece una respuesta coordinada”. Apelan a su “responsabilidad común de buscar salidas y respuestas de una manera coordinada, rápida y efectiva”; y con este argumento proponen una reunión de Alto nivel para “revisar esta problemática”.

En la carta se refieren a la crisis como un tema “de todos conocido”, y cuyas agravantes son el hecho de que los ciudadanos cubanos se encuentran exponiendo sus vidas.
“(…) en extrema vulnerabilidad, son víctimas de las mafias dedicadas al tráfico de migrantes, la explotación sexual y los asaltos colectivos”, detalla.

Este “complejo panorama, señalan, compromete sus políticas y esfuerzos, que buscan consolidar unas fronteras seguras y libres del crimen organizado transnacional, en particular el asociado a la trata de personas y el tráfico de migrantes”.

Los ministros consideran que “analizar y revisar las políticas normativas vigentes (…) sería un primer paso para detener el agravamiento de esta compleja situación y parte de una solución definitiva para asegurar una migración ordenada y regular en nuestra región”.

Sus argumentos son fundamentalmente humanitarios: “La movilidad humana y el intercambio migratorio deben estar centrados en el respeto de los derechos humanos de los migrantes, en propiciar mecanismos para su protección y mitigar los riesgos asociados a la migración irregular (…) de modo que puedan “desplazarse al destino de su escogencia de una manera digna, ordenada, segura e incluso directa”.

Guillaume Long, canciller ecuatoriano y quien anunciara en conferencia de prensa el envío de la carta consensuada inicialmente por su país y Colombia, subrayó que esta es la respuesta de los nueve países a un problema que afecta a la seguridad de los cubanos, pero también a aspectos como la soberanía territorial y la seguridad de sus territorios.

“El hecho de que nueve cancilleres hayan firmado esta carta, demuestra la fuerza del sentimiento que hay en América Latina sobre cómo la política de Estados Unidos está creando una crisis migratoria en nuestra región”, agregó.

Además de las razones humanitarias, Long agregó que consideran que “se trata de una discriminación terrible; mientras nuestros migrantes tienen que esconderse y a menudo vivir décadas con la amenaza de la deportación, los ciudadanos cubanos, si pisan territorio estadounidense, al cabo de un año tienen la residencia, y con cinco años de residentes pueden aspirar a obtener la nacionalidad. Esta injusticia debe acabar para el bien de todos”.

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La política de “pies secos, pies mojados” establece una diferenciación entre emigrantes cubanos interceptados en el mar, quienes son devueltos a Cuba, y los que alcanzan territorio estadounidense, los cuales son beneficiados para regularizar su situación.

Por su parte, la Ley de Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act) es una ley federal estadounidense de 1966, que otorga a cualquier nativo o ciudadano cubano un tratamiento “preferencial” que los distingue del resto de los extranjeros que arriban a Estados Unidos. Su fin se convirtió en una posibilidad como parte de la agenda de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, post 17D. Desde entonces, muchos cubanos han sentido que el tiempo juega en contra de sus planes de emigrar.

Momentos de la crisis

En abril pasado, de acuerdo con el vicecanciller costarricense, Alejandro Solano, la posición de México fue clara al señalar que ese país no se prestaría para nuevos puentes aéreos para facilitar el paso de cubanos hacia EE.UU., como sí lo había hecho en febrero y marzo de 2016.

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A principios de este mes el gobierno colombiano informó que deportaría hacia Cuba o Ecuador a los cubanos en situación irregular que se habían concentrado en las últimas semanas en Turbo, al noreste del país. Rehuyendo la medida, cientos de migrantes ilegales decidieron cruzar por la selva colombiana del Tapón del Darién hacia Centroamérica y proseguir su curso al norte.

De acuerdo con el diario La Prensa, se calcula que hay 300 cubanos entre el cordón fronterizo y Panamá; pero no hay constancia del número exacto de cubanos en tránsito ahora mismo a lo largo de la ruta hacia Estados Unidos.

La crisis que motiva la carta de los cancilleres estalló en noviembre de 2015, cuando el Ejército de Nicaragua reaccionó violentamente contra casi 2 mil emigrantes cubanos arribados a la frontera de ese país luego de una visa humanitaria concedida por Costa Rica.

En aquellos días el embajador estadounidense en Costa Rica, Fitzgerald Haney, dijo que “no hay por qué pensar que nosotros estamos pensando diferente. La Ley de Ajuste Cubano tiene más de 50 años de vigencia, no vemos por qué debería cambiar”.

“Es importante entender que nuestra administración no tiene planes de modificar la política migratoria con respecto a Cuba, incluyendo la Ley de Ajuste Cubano”, remarcó entonces el Cónsul General de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Brendan Mullarkey.

Casi un año después, con una verdadera crisis migratoria y humanitaria en curso, ¿se mantendrá esta respuesta?