La entrada en vigor hoy de la nueva Ley Migratoria de Cuba ha creado diversas expectativas dentro y fuera del país, donde pronósticos divergentes van a los extremos del augurio de un éxodo incontrolable, hasta quienes piensan que comenzará un retorno masivo de los emigrados.
En lo fundamental, el cuerpo legal simplifica los hasta ahora engorrosos trámites para que los nacionales viajen al extranjero, además de eliminar el concepto “salida definitiva”.
Cualquier ciudadano sin impedimentos legales puede solicitar su pasaporte ante las oficinas correspondientes y ese documento es suficiente frente al estado cubano para salir del país.
Para los cubanos que residen en el extranjero en calidad de emigrado, se abre la posibilidad del retorno definitivo, incluidos los que fueron considerados “desertores de misiones oficiales” y que cumplen los requisitos para solicitar su reinserción en Cuba.
Quienes vaticinan el abarrote de los aeropuertos, basan sus apreciaciones en que varias decenas de naciones no requieren visado, mientras también consideran que habrá más candidatos a solicitar permisos de entrada en las embajadas de aquellos que imponen ese requisito.
Otro sector de pensamiento, constatado por OnCuba, se opone a esta idea y basa sus puntos de vista en el costo del transporte aéreo, los trámites de visados, y capacidad de sustento del viajero en el estado que los recibe, por lo que predicen que no habrá aumento sustancial del tráfico.
En múltiples círculos de cubanos donde se debate sobre el tema, predomina el criterio de que la nueva Ley posibilita no renunciar a la residencia en Cuba, mientras que por 24 meses se puede permanecer en un país extranjero y optar por otra condición similar, por ejemplo, en Estados Unidos.
Aunque otros piensan que la medida pudiera dar al traste con la llamada Ley de Ajuste Cubano, y por tanto sería más difícil para quienes residen en la Isla obtener una residencia en el vecino país, como sucede con los nacionales del resto de las naciones del mundo.
Entre los preocupados por la reacción del gobierno norteamericano en este sentido, está el senador (r) cubano-americano Marco Rubio, quien escribió una carta al Departamento de Estado, donde le expresó tal preocupación y recibió como respuesta que la política se mantendría intacta, aunque le aclararon que eso era competencia de otra área de la Administración.
Una valoración objetiva a priori predice cambios en la conducta de los cubanos con intenciones de buscar mejoras económicas fuera de su país, e incluso el discreto y paulatino retorno de quienes emigraron definitivamente.
Hay otro elemento que avala las anteriores conjeturas, y es el criterio reiterado en círculos académicos y otros centros de pensamiento, de que la anunciada próxima Ley de Inversión Extranjera pudiera incluir que cubanos emigrados con capital o empresas en sus países de residencia, puedan establecer sucursales o invertir en Cuba.