Cerrados por decreto, o al menos por una nota informativa, firmada por el exclusivo Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. El texto, publicado en las páginas del diario Granma, especifica que “la exhibición cinematográfica (incluye las salas de 3D) y los juegos computacionales, cesarán de inmediato en cualquier tipo de actividad por cuenta propia.”
El Gobierno indica que estos negocios en particular “nunca han sido autorizados”, una frase que aparece publicada con letras ennegrecidas. Algunos de los propietarios de las salas de proyección operaban con la licencia “operador de equipos de recreación infantil”, pues la exhibición de películas no es una actividad reconocida en la legislación que regula la iniciativa privada en Cuba.
La nota informativa centra su peso en explicar la decisión de impedir que los cuentapropistas vendan productos de importación y que recomercialicen artículos adquiridos en la red de tiendas minonitarias pertenecientes al Estado cubano. La medida afecta principalmente a los impopulares “revendedores” y a quienes vendían ropa traída del extranjero.
Sin embargo, la inclusión de los cines 3D constituye una sorpresa. Los propietarios de las salas de proyección tuvieron menos suerte que el resto de sus colegas, que tendrá hasta el 31 de diciembre para liquidar sus reservas.
La decisión de clausurar las salas de cine 3D viene de bien arriba, del mismo “techo” del gobierno cubano. El Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros es, según la Constitución de 1976, la institución que decide “las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros, durante los períodos que medían entre una y otra de sus reuniones.”
Este comité está conformado por “el Presidente, el Primer Vicepresidente, los Vicepresidentes y otros miembros del Consejo de Ministros” que determina el propio Raúl Castro
Había señales que auguraban esta noticia.
La viceministra primera de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, ya había declarado al diario Juventud Rebebelde que “no existe una actividad entre las autorizadas para ejercer el trabajo por cuenta propia que contemple la proyección de películas, sean en 3D o en otro formato.”
Uno de los viceministro de Cultura, Fernando Rojas, tuvo palabras fuertes hacia los propietarios de los negocios ahora clasurados. “Lo que sí llama la atención es que, como regla, posee un pésimo gusto una parte considerable de las personas que cuentan con bastantes recursos financieros y por ende, con los medios para las exhibiciones en 3D —con las cuales ganan más dinero—, a pesar de que no existe la figura legal que los ampare para poderlo hacer.”
Sin embargo, Rojas habló de regular, en lugar de prohibir, pero dentro de “lo que establece la política cultural.” El viceministro de Cultura agregó que esta política exige que prime la calidad en el consumo cultural de los cubanos.
El presidente del ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica), Roberto Smith fue más allá, al decir: “Sin ser categórico, diría que no creo que pueda existir un reconocimiento legal a una actividad que viole la política cultural de la Revolución, lo que no quiere decir que no pueda haber formas de producción no estatal relacionadas con la exhibición de cine.”
Cerradas las salas de proyección particulares, quien quiera ver una película en tercera dimensión, tendrá que ir a una pequeña sala de proyecciones, propiedad del Estado, en la sede del ICAIC, ubicada en el Vedado habanero.
La nota informativa enmarca la decisión dentro de la campaña gubernamental en pro del orden, la disciplina y la exigencia, lanzada por el presidente cubano Raúl Castro en su discurso del 7 de julio de 2013 ante el Parlamento cubano.
Aunque se trata de un evidente retroceso en el cuentapropismo, esa no es la opinión del gobierno, pues afirma que “no se trata, en lo más mínimo, de dar un paso atrás, todo lo contrario, seguiremos avanzando decididamente en la actualización del modelo económico cubano.”