Días atrás cuando el actor Luis Alberto García fue reconocido en el Festival Internacional de Cine de Gibara con el Premio Lucía de Honor, al recibir el galardón, junto a la vestuarista Violeta Cooper, García quiso “compartirlo con la Asamblea de Cineastas Cubanos” (ACC).
El gesto volvió a colocar la atención sobre el grupo, cuya notoriedad había ido in crescendo las últimas semanas, desde que el 15 de junio pasado convocara a una reunión abierta en el cine 23 y 12 para discutir “el caso” La Habana de Fito.
A partir de esa poco usual reunión, organizada “desde abajo”, sin convocatoria ni presencia institucional, se desencadenó una secuencia de acontecimientos que trasciende el documental de Juan Pin sobre el músico argentino y que han hecho reflotar viejos temas no resueltos en la relación entre los cineastas cubanos y las instituciones de la cultura; en definitiva, sobre la libertad de creación. “Nuestro cine será libre o no será”, se lee al final de las declaraciones públicas de la ACC.
La transmisión de una copia de trabajo de La Habana de Fito en la televisión cubana sin consentimiento de sus creadores y con la participación de un panel que criticó el documental y lo acusó de manipulaciones, puso “en evidencia la manera irresponsable con que actúan los funcionarios implicados en estos actos (…); procedimientos semejantes se han hecho sistemáticos, sobre todo en relación con el cine. La actuación de esas autoridades culturales ha violado una y otra vez principios éticos que deberían ser el sostén de cualquier diálogo respetuoso y constructivo”, rezó la declaración final de aquel encuentro.
En apenas tres días, el documento había conseguido casi 500 firmas y la cuenta final rebasó las 600, con representación no solo de trabajadores del audiovisual sino de músicos y otros artistas, escritores o intelectuales vinculados de alguna forma al cine.
La conexión directa entre la polémica por la transmisión no autorizada del documental de Vilar (por demás, censurado en abril en otro espacio, El Ciervo Encantado) y las declaraciones de condena emitidas por la Asamblea de Cineastas hicieron parecer ante los ojos de muchos que la ACC había surgido como reacción al episodio de censura. Sin embargo, la historia de la articulación de creadores bajo esa marca identitaria se remonta, por lo menos, a una década atrás.
Para describir brevemente su origen y composición, y lo que busca en el presente, hablamos con varios de sus miembros, quienes prefirieron no ser identificados para mantener su contribución como parte de una voz colectiva. Sus testimonios están contenidos en las respuestas que siguen.
¿Cuándo y para qué surgió originalmente la Asamblea de Cineastas Cubanos?
En mayo de 2013 un heterogéneo grupo de cineastas y otros trabajadores de la industria del cine cubano comenzaron a reunirse en el Centro Cultural Fresa y Chocolate, frente a la Cinemateca, para discutir la necesidad de que una legislación amparase la manifestación artística, su producción y su distribución en Cuba.
Aquellas reuniones abiertas no tardaron en convertirse en “asambleas”. El nombre “Asamblea de Cineastas” fue surgiendo espontáneamente, sin que haya mediado una decisión expresa de adoptarlo para identificar aquel grupo o aquel proceso.
De las decenas de participantes de las reuniones no todos pertenecen al grupo actual; sin embargo, muchos de ellos se mantienen entre las figuras que más destacan, como Fernando Pérez, Gustavo Arcos, Rebeca Chávez, Senel Paz, Magda González Grau, Enrique Álvarez, Iván Giroud, Ernesto Daranas, y otros.
Para mayo de 2016, el grupo inicial, muy diverso en cuanto a generaciones y expresión artística, había acumulado treinta y seis meses de trabajo sistemático y voluntario. Al cabo del primer año habían llegado a formular una propuesta para la actualización del cine y el audiovisual en Cuba; algo que identificaban todo el tiempo como una urgencia.
No era para menos: la ley vigente databa de 1959 y estaba, por tanto, muy lejos de la realidad política, técnica, económica y artística del momento.
Las de la Asamblea no eran peticiones nuevas. “La posibilidad de que se regulen dentro del país muchos mecanismos y leyes, decretos, que comprendan y asimilen un poco la atipicidad de la industria cinematográfica, es un reclamo desde la época de Alfredo Guevara. Venimos planteándolo y planteándolo, y nada”, dijo Fernando Pérez en una entrevista en 2014.
A tres años de la primera reunión, en una Carta a los cineastas cubanos, una representación elegida por la Asamblea y conocida como G20 declaró que habían trabajado, entre otros propósitos, “por el reconocimiento de la condición laboral del creador audiovisual, la legalización de las productoras independientes, la creación de un Fondo de Desarrollo Cinematográfico que brinde oportunidades equitativas a todos los creadores, y por la necesaria transformación de las estructuras del Icaic”.
Entre las demandas destacaba, por supuesto, “una futura Ley de Cine que recoja estos y otros cambios, dé coherencia cultural y legal a todo el sistema cinematográfico y audiovisual del país en consonancia con las nuevas realidades, y permita al Estado renovar y fijar sus metas de apoyo, protección y promoción del arte cinematográfico”.
En la carta anunciaban, además, que continuarían “las asambleas y los intercambios entre creadores de tres generaciones, estimulados por la presencia cada vez más significativa de jóvenes”.
Pero la falta de garantías de evolución y de respuestas claras de la institucionalidad frente a las propuestas concretas en las que por años habían trabajado los creadores, junto al efecto acumulativo de largos meses de discusiones, ires y venires, progresos y retrocesos en el diálogo, hizo que los encuentros, que solían tener frecuencia mensual, fueran disipándose. La Asamblea entró en una especie de letargo… que no terminaría hasta ahora.
La reclamada ley de cine no ha llegado a existir como tal. En 2019 se creó un decreto ley para cubrir algunas de las necesidades identificadas por los cineastas, el 373, Del Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente.
Sin embargo, en lo que podría considerarse su retorno, la Asamblea se ha apurado en anunciar una “reafirmación de la importancia de una Ley de Cine en Cuba (…) Una ley que proteja realmente las obras y sus creadores, y cuya formulación cuente con la participación y consenso de los y las cineastas”.
Una vez concluido el encuentro de 23 y 12 el pasado 15 de junio, el grupo circuló en su recién creada página en Facebook una primera declaración pública. La firmaron como Asamblea de Cineastas Cubanos, nombre que también identifica la página, que se ha convertido en su canal oficial de vocería y difusión desde entonces.
Entre otras razones, han señalado, el nombre se retomó para tender un puente con “el momento anterior”, con aquellas discusiones y el trabajo de años en torno a la demanda de una ley de cine para Cuba, aún vigente.
¿Por qué regresa ahora y con qué agenda?
El episodio del documental La Habana de Fito fue la chispa; en la reunión de 23 y 12, a la que asistieron casi sesenta creadores después de citarse a través de WhatsApp, se dio lo que algunos participantes llaman “una especie de catarsis”. Demandas insatisfechas y nuevas necesidades se sumaron a la discusión.
Cada gremio en particular tiene algo que poner sobre la mesa de discusión: producción, luces, sonido… Por su doble condición de arte e industria, además del tema político de la censura y la distribución, sobre el cine, desde la producción hasta las salas, pesa la inflación, la escasez, el desabastecimiento. Producir cine en Cuba hoy día —coinciden los creadores— es mucho más difícil que años atrás: falta gasolina, energía, recursos en general, personal…
Los cineastas quieren discutir sobre censura, política cultural, protección legal de obras y creadores, cuotas de pantalla en las salas para cine cubano independiente, y mucho más. Por ejemplo:
- política cultural y censura en el cine cubano;
- importancia de una Ley de Cine en cuya elaboración se debe tener en cuenta a profesionales del gremio como el grupo G-20 con un trabajo bastante avanzado en ese sentido;
- operatividad o alcance real actual del Decreto Ley 373;
- propuesta de acciones para visibilizar y hacerles justicia a aquellas películas cubanas o creadores que a lo largo de la historia de la cinematografía cubana han sido privados de verse;
- urgencia de salvaguardar y enlistar el patrimonio fílmico cubano, sobre todo el cine independiente que por su naturaleza ha tenido menos o nulo acceso a archivos de conservación;
- existencia y necesidad de autonomía creativa del Fondo de Fomento;
- trascendencia e importancia del rescate de la Muestra Joven y de potenciar espacios para promover el cine nacional;
- necesidad de contar con una asociación con cineastas de dentro y fuera de la isla;
- problemas que enfrenta la producción audiovisual en Cuba.
¿Qué distingue a la Asamblea de 2023 de la experiencia precedente?
Entre sus “primeras acciones”, el grupo estableció un canal vía “Google Meet para cineastas de otras provincias, quienes no están en Cuba o que por cuestiones de trabajo no pudieran asistir presencialmente en La Habana”. Herencia de la pandemia, la comunicación se abre al acceso remoto, a otras provincias y al mundo. Se habla de cine cubano, que va más allá del que realizan creadores que vivan en Cuba y más allá del cine producido en el presente.
La masificación del acceso a las nuevas tecnologías e Internet ha modificado además la dinámica de trabajo y la propia naturaleza de la Asamblea, al hacerla más abierta y dinámica; aunque esto suponga dificultades adicionales a la hora de tomar decisiones.
La comunicación entre los miembros y las votaciones tienen lugar en grupos de WhatsApp, y las declaraciones emitidas se publican en una página de Facebook, cuya existencia ha aumentado el impacto público de la ACC y su diálogo con acontecimientos en curso.
¿Cuál es la estructura de funcionamiento de la Asamblea de Cineastas?
Al cobrar protagonismo e ir configurándose un grupo con un sentido y una identidad comunes, la estructura fue cambiando. El 23 de junio en la sala Chaplin se reunieron con la vice primera ministra Inés María Chapman, el director del Departamento Ideológico del PCC, Rogelio Polanco, el entonces presidente del Icaic, Ramón Samada, Alpidio Alonso y Fernando Rojas, ministro y viceministro de Cultura respectivamente; el presidente de la Uneac, Luis Morlote, y el de la Asociación Hermanos Saíz, Yasel Toledo.
En el encuentro, que duró unas 8 horas, se acordó que los cineastas crearían comisiones de trabajo. Chapman, por su parte, aseguró que “existe disposición al diálogo y al trabajo en equipo para lograr tener resultados concretos ante todas las demandas expresadas”, según relatoría de la Asamblea.
Para crear las comisiones los cineastas se citaron para el 3 de julio de nuevo en el cine 23 y 12, sin representación institucional, en la que sería una tercera reunión.
Deciden crear cuatro grupos: Comisión de Censura y Exclusión, Comisión de Producción, Comisión sobre Leyes y Decretos y Comisión sobre Política Cultural. Además, establecieron un Grupo de Representantes. Al estar conformada la Asamblea por cientos de miembros, unos 300 o 400 (cifra no precisada aún), ante cada comunicado a redactar era operativamente imposible decidir entre esa cantidad de personas. El grupo de representantes tendría la responsabilidad de emitir comunicados, organizar la asamblea, encontrarse con las comisiones y con las autoridades cuando llegara el momento.
Se hizo una votación entre quienes quisieran integrar cada comisión, que tendría 9 miembros cada una; mientras que el grupo de representantes tendría 11. Publicaron las nominaciones de los candidatos y se creó un grupo de WhatsApp para la elección, con unos 470 miembros.
Además, cada comisión y el grupo de representantes tienen su propio grupo en WhatsApp; de modo que la comunicación y la gestión de la Asamblea tiene lugar fundamentalmente a través de ese canal que facilita la participación de miembros fuera de Cuba, incluso en el grupo de representantes.
Las elecciones fueron a través de voto libre, transparente y directo a través del grupo. Por cada comisión se podía marcar entre 1 y 9 los propuestos. “Era totalmente transparente, todos vimos quiénes votaron por quiénes”, aseguró uno de los participantes.
Se conformaron las comisiones y resultaron en el grupo de dirección Gustavo Arcos, Fernando Pérez, Katherine Gavilán, Enrique Álvarez, Ernesto Daranas, Luis Alberto García, Deimy Datri, Rosa María Pupo y Carla Valdés; varios residen fuera de Cuba.
A partir de entonces comenzó el trabajo de cada comisión.
Pero no ha sido un camino de rosas. En poco tiempo el grupo se encontró frente a acontecimientos como la remoción del presidente del Icaic, Ramón Samada, quien había sido su interlocutor hasta entonces, y de la directora de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV), Susana Molina. A día de hoy, ninguna de las dos instituciones tiene cubierto aún el máximo puesto de dirección.
La ACC ha estado, además, en el centro de opiniones encontradas. Algunos cineastas, sobre todo desde fuera de Cuba, comenzaron a atacar públicamente a la Asamblea por su posición dialogante con las instituciones de la cultura.
¿Qué sigue para la ACC?
A poco menos de un mes del encuentro en la sala Chaplin, el 17 de julio el Gobierno anunció la creación de un “Grupo Temporal para la atención integral al Cine Cubano” con el objetivo de “ofrecer soluciones y respuestas a las inquietudes de cineastas y realizadores”.
Chapman, reseñaron medios cubanos, “resaltó que el grupo ejecutará soluciones respecto a temas como las formas de pago en medio de la situación financiera por la que atraviesa la nación; la existencia de una Ley de Cine, así como la necesidad de que en el perfeccionamiento del trabajo del Icaic se incluyan la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual de la Universidad de las Artes”.
De acuerdo con los medios, la vice primera ministra mencionó además “asuntos como la constitución de una comisión fílmica y el establecimiento de relaciones legales y económicas entre la distribuidora nacional de películas y las productoras estatales e independientes”.
Se anunció que participarán en el proceso los ministerios de Economía y Planificación, Finanzas y Precios, Relaciones Exteriores, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y de Cultura.
Por su parte, la ACC compartió entre sus casi 500 miembros una relatoría en la que trabajó la Comisión de Censura y Exclusión.
El documento, que aseguran haber entregado al Gobierno el 31 de julio, sigue “una línea de tiempo desde 2020, cuando el documental La Habana de Fito – Juan Pin Vilar recibe el premio del Fondo de Fomento del Cine Cubano, hasta mediados de julio de este año.
“Se estructura —describen— en dos grandes ejes: el relacionado con los sistemáticos actos de control y violencia institucional sobre los contenidos y las libertades en la creación artística, por otro, las múltiples violaciones legales cometidas por diferentes autoridades culturales del país al exponer públicamente una obra, sin contar con la autorización de sus legítimos propietarios”.
Desde la creación de sus comisiones, la Asamblea de Cineastas Cubanos no ha dejado de trabajar, y continuará haciéndolo. Es de esperarse que ocurran nuevos encuentros entre cineastas, y entre ellos y las instituciones del Gobierno y la cultura en Cuba.