El Tribunal Supremo de Brasil votó por unanimidad hoy lunes que las fuerzas armadas no tienen poder constitucional para intervenir en disputas entre poderes del Gobierno, una decisión en gran medida simbólica destinada a reforzar la democracia después de años de creciente amenaza de intervención militar.
La decisión del tribunal se produjo en respuesta a un argumento que el expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados desplegaron en los últimos años. Han afirmado que el Artículo 142 de la Constitución de Brasil otorga a los militares el llamado “poder moderador” entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
Bolsonaro presentó esta interpretación en una reunión de abril de 2020 con sus ministros, diciéndoles que cualquiera de los tres poderes puede solicitar a las fuerzas armadas que tomen medidas para restablecer el orden en Brasil. En los años posteriores los carteles que invocaban el Artículo 142 se convirtieron en un elemento habitual en las manifestaciones que pedían la toma del poder militar y culminaron en un levantamiento de los partidarios de Bolsonaro que buscaban convocar a los militares para expulsar a su sucesor del poder.
La Constitución data de 1988, tres años después que el país terminara con una dictadura militar de 21 años.
La elección de Bolsonaro en 2018 marcó en cierto sentido el regreso de las fuerzas armadas al poder. El excapitán del Ejército que abiertamente sentía nostalgia por la era de la dictadura nombró a oficiales de alto rango para su gabinete y a miles de miembros del servicio activo y reservistas para puestos civiles a lo largo de su administración.
Para su candidatura a la reelección de 2022, eligió a un general como compañero de fórmula y encargó a los militares que auditaran las máquinas de votación electrónica cuya fiabilidad puso en duda, sin proporcionar nunca pruebas. Tras su derrota ante su rival izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, sus partidarios acamparon frente a los cuarteles durante meses para exigir una intervención militar.
Bolsonaro nunca reconoció la derrota ni les pidió que se desmovilizaran, y el 8 de enero de 2023 irrumpieron en la capital, Brasilia, invadiendo y destrozando la sede del máximo tribunal, el Congreso y el palacio presidencial.