Desde este martes el estado de Florida dispone de una de las leyes más represivas, social y políticamente: una ley que, según algunos activistas de derechos humanos coarta la libertad de expresión y desplazamiento. Fue diseñada para enfrentar legalmente los excesos en las manifestaciones callejeras.
Por ejemplo, la ley absuelve al chófer de un auto que, rodeado de manifestantes y sintiéndose amenazado por ellos, decide embestirlos. Tras una investigación de rigor tiene la posibilidad de volver a casa tranquilo, haya muertos o heridos de por medio.
“Este ejemplo es ilustrativo de cómo no haca falta respetar la primera enmienda, porque los manifestantes están usando su derecho a la palabra libre”, explicó a OnCuba el abogado Michael Watson.
Se trata de la ley HB1, firmada la noche del lunes por el gobernador Ron DeSantis, que la promovió en una legislatura estatal de mayoría republicana. La idea central es enfrentar enérgicamente los disturbios y los daños a la propiedad. El documento, naturalmente, enfrenta la feroz oposición de los demócratas en el estado, quienes argumentan que tendrá un efecto paralizador en las protestas pacíficas.
Es así como la nueva disposición aumentará las penas por asalto, agresión, robo con allanamiento de morada y agresión contra un agente del orden durante un motín, y también prohibirá dañar o desfigurar monumentos o propiedades históricas, con lo cual se pretende anular las manifestaciones de los activistas de Black Lives Matter, orientada hacia la retirada de los símbolos públicos enaltecedores de los valores racistas heredados de la Guerra de Secesión.
Según el gobernador en varias ocasiones, la nueva ley es la más fuerte pieza legislativa antidisturbios y a favor de la aplicación de la ley en el país. “También estamos poniendo fin a las tácticas de acoso e intimidación de la izquierda radical al criminalizar los alborotadores que dañan monumentos y estatuas”, afirmó.
Pero, los activistas, como el director en Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés), se oponen firmemente. “Seamos claros, esto no es una ley contra disturbios pese a todo lo que digan. Es una ley que criminaliza las protestas pacíficas, y no hay dudas sobre el impacto que tendrá. Cada uno de sus incisos recuerdan el pasado”, dijo Micah Kubic, en un comunicado. La ACLU está presentando una demanda para que dicha ley sea anulada.
El problema es que eleva el nivel de criminalidad en los eventuales delitos que los manifestantes vengan a cometer y que ya están tipificados en las leyes. “La ley confiere estatus de mayor gravedad a delitos menores ya definidos y que dan a las fuerzas de la ley todas las herramientas necesarias para castigar a los actores malos, a los responsables por la violencia”, subrayó el activista.
Pero, hay más, recordó: le otorga al gobernador la capacidad de vetar los presupuestos de las ciudades si los alcaldes y concejales deciden desviar fondos para seguridad hacia los servicios comunitarios, retirando el control comunitario de recursos financieros, de por sí escasos. Esto es un viejo reclamo republicano desde que en el verano pasado se comenzaron a escuchar propuestas de quitarle fondos a las agencias policiales con un largo historial de violencia contra la comunidad negra.
Algunos analistas televisivos han especulado que DeSantis promulga esta ley para enfrentar disturbios si el juicio contra el ex policía que mató al afroamericano George Floyd, Derek Chauvin, que se realiza en Minneapolis, termina en una declaración de “no culpable” y la violencia sale a las calles.
Volviendo a la ley HB-1, aunque los republicanos de Florida han insistido en que la legislación trata de mejorar la seguridad y evitar la violencia, los demócratas argumentan que los manifestantes pacíficos podrían ser detenidos injustamente y que la medida apunta a las comunidades minoritarias.
El asunto es que la ley crea dos nuevos delitos de “intimidación de turbas”, hostigar a un individuo o publicar electrónicamente la información personal de alguien con la intención de que la persona sea amenazada o acosada.
También obliga a que un individuo arrestado por delitos cometidos durante un motín se mantenga en prisión hasta su primera comparecencia ante el tribunal, prohibiendo así la aplicación de una fianza. Además, fuerza a imponer una pena de prisión mínima de seis meses a una persona condenada por agresión contra un agente del orden durante las manifestaciones.