A principios de este mes, el gobernador Ron DeSantis firmó una ley prohibiendo que ciudadanos chinos y de otros países compren propiedades en Florida.
Esta semana, con el apoyo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), un grupo de floridanos de origen chino le demandó al estado derogarla.
Las personas representadas por la ACLU dijeron en la demanda, puesta en la corte federal de Tallahassee, que la ley estatal, esa que entra en vigor el 1 de julio, es inconstitucional y viola una ley federal que prohíbe la discriminación en la vivienda.
La ley prohíbe que las personas “domiciliadas” en China y que no sean ciudadanos estadounidenses o residentes sean propietarias de edificios o terrenos en Florida. Desde hace unas décadas la población de origen chino ha aumentado en Florida, al punto de que al norte de Miami está creciendo un pequeño barrio chino.
Esta ley también prohíbe a la mayoría de los ciudadanos “domiciliados“ en Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte poseer propiedades dentro de las 10 millas de cualquier instalación militar o “instalación de infraestructura crítica” como una planta de energía, un aeropuerto o una refinería.
La ley incluye una pequeña excepción. Le permite a los titulares de visas de no turista de estos países poseer una sola propiedad que no se encuentre dentro de las cinco millas de la infraestructura crítica y no sea mayor de dos acres.
DeSantis la firmó con el argumento de que ayudaría a proteger a los estadounidenses de la influencia del Partido Comunista Chino.
Las personas que poseen o adquieren bienes en violación de la ley están sujetas a cargos penales, multas y prisión.
La ACLU dijo que la ley viola las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos sobre la igualdad y el debido proceso. El grupo enfatizó que también viola la Ley Federal de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación en la vivienda a partir de raza y origen nacional.
La demanda compara la ley floridana con una serie de “leyes de tierras extranjeras” que los estados adoptaron a principios del siglo XX prohibiendo que los inmigrantes chinos y japoneses fueran propietarios de tierras.
Los tribunales anularon la mayoría de esas leyes en la década de los 50, aunque una ley en Florida permaneció vigente hasta 2018, cuando los votantes aprobaron derogarla.
DeSantis, que formalizó su candidatura a la presidencia este miércoles, enfrenta una enorme cantidad de demandas por los paquetes legislativos que ha promulgado durante los últimos meses.