La semana pasada, cientos de personas en el área de Tampa, Florida, y otras ciudades salieron a las calles para lo que se llamó “un día sin inmigrantes”
El objetivo fue protestar contra la legislación firmada por el gobernador Ron DeSantis. Sus críticos dicen que es antinmigración al intentar disuadir a todo el que se encuentre irregularmente en Estados Unidos de viajar a Florida y criminalizar a quien ayude a los inmigrantes indocumentados a instalarse, desplazarse y encontrar trabajo.
Cuando promulgó la ley, DeSantis explicó que postula cosas diferentes como ampliar los requisitos para que las empresas con más de 25 empleados usen E-Verify, un sistema federal que determina si los empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
“Si alguien está transportando a sabiendas extranjeros ilegales a Florida, puede enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de 5 000 dólares”, dijo el gobernador. “Si lo atrapan transportando a cinco o más extranjeros ilegales o un menor extranjero ilegal no acompañado o tiene una condena previa por tráfico de personas, puede recibir una multa de 10 000 y hasta 15 años de prisión”. Y al final del día, no habría un problema de la inmigración ilegal si no hubiera mucha gente que estuviera facilitando esto en nuestro país”.
Este lunes la procuradora general de Florida, Ashley Moody, presentó una queja enmendada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración Biden, desafiando sus políticas de inmigración.
La denuncia sostiene que estas políticas, incluida la “nueva política de libertad condicional”, han resultado en la liberación masiva de extranjeros en la frontera suroeste, lo que ha causado dificultades y cargas financieras para el estado.
Florida acusa a la Administración Biden de violar las leyes de inmigración de seguridad pública y debilitar la seguridad fronteriza, buscando medidas legales para detener la nueva política y anular la política de libertad condicional del DHS.
Las medidas de Florida se consideran entre las más duras de cualquier estado a fin de desalentar la inmigración incdocumentada.
Desde el inicio de las protestas, el jueves pasado, muchas personas en el área de Tampa no se presentaron ni en la construcción, ni en las labores agrícolas. Decenas de restaurantes, tiendas y otras pequeñas empresas nunca abrieron sus puertas para demostrar lo que dicen podría ser el impacto económico potencial en Florida cuando la ley entre en vigor en julio.
Los organizadores llamaron a la protesta “Un día sin inmigrantes”, que recuerda a la película Un día sin mexicanos, documental de ficción del inicio del nuevo siglo que aborda jocosamente la posibilidad de que los mexicanos desaparezcan del estado de California dejando muchos servicios sin empleados.
Esta vez hubo protestas en Tampa, Plant City y Wimauma, así como en áreas de los condados de Manatee y Sarasota. La gente sostenía carteles con los siguientes mensajes: “Las deportaciones dañan a las familias” y “Mantengan unidas a las familias”en medio de banderas mexicanas, hondureñas y otras.
“Solo queremos mostrarle a nuestro Gobierno y a Florida, especialmente en Plant City, donde crecen sus fresas frescas, que no estamos aquí para quitarle el trabajo a la gente”, dijo Eli Aguilar durante una protesta. “Estamos aquí para trabajar duro y hacer esos trabajos que otros no quieren hacer por tener salarios bajos”.
El proyecto de ley también refuerza las sanciones por tráfico de personas y somete a los infractores a enjuiciamiento en virtud de la Ley RICO de Florida, que DeSantis dijo que era una recomendación de un jurado de instrucción estatal.
“La prensa ha sido deliberadamente inexacta sobre esta distinción entre inmigración legal e ilegal para crear este tipo de indignación basada en una premisa falsa”, dijo Jeremy Redfern, secretario de Prensa de la oficina de DeSantis. “Cualquier negocio que explote esta crisis empleando extranjeros ilegales en lugar de floridanos será responsable. Todo país defiende sus fronteras y tiene el derecho soberano de hacerlo”. Las únicas fronteras terrestres de Florida son con los estados de Georgia y Alabama.
El mes pasado, el grupo latino de derechos civiles LULAC emitió un aviso de viaje para los hispanos advirtiendo que la nueva ley margina a las comunidades inmigrantes y es inmoral.