El Pleno del Senado de España aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Memoria Democrática, normativa que entre sus disposiciones incluye una que beneficiaría con la obtención de la nacionalidad española a miles de descendientes, entre ellos cubanos.
Después de cinco horas de “agrio debate” y cruces de reproches entre los representantes de los partidos de gobierno y la oposición, la propuesta enviada por el Congreso de Diputados fue aprobada con una reñida votación de 128 a favor, 113 en contra y 18 abstenciones, de acuerdo con medios internacionales.
A pesar de la ajustada votación, la nueva Ley de Memoria Democrática impulsada por el gobierno español y sus aliados deberá entrar en vigor un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que se espera que suceda en los próximos días.
Ese trámite sería el definitivo, ya que al texto ahora aprobado no se le ha incorporado ninguna modificación respecto al suscrito el pasado 14 de julio en el pleno del Congreso de los Diputados, por lo que no necesitará una nueva refrendación en esa instancia legislativa.
👉 Las #CortesGenerales han aprobado definitivamente la #ProyectodeLey de Memoria Democrática.
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— Senado de España (@Senadoesp) October 5, 2022
La normativa supone una profundización en la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, y que entre otras cosas permitió a muchos descendientes de españoles, entre ellos miles de cubanos, acceder a la ciudadanía española como una vía para emigrar legalmente o viajar a la nación ibérica con mayores facilidades.
Después de haber recibido luz verde en el Consejo de Ministros, la Ley de Memoria Democrática vivió un dilatado trámite parlamentario hasta que el pasado mes de junio el Gobierno consiguió —a través de negociaciones y el pacto de enmiendas— los apoyos necesarios de partidos minoritarios para aprobarla, ante la férrea oposición de los partidos Popular, Ciudadanos y Vox.
La ley a punto de entrar en vigor refuerza el compromiso del Estado español en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil, así como el reconocimiento de las víctimas del franquismo, y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1978, cuando comenzó el proceso de Transición a la Democracia, y finales de 1983, según las reseñas de prensa.
En otro de los acuerdos previos se introdujo una enmienda para declarar la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia.
Además, en su disposición adicional octava, referida a la obtención de la nacionalidad española, incluye tres supuestos, entre ellos el que permitiría conseguirla a “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española”.
También abre esa posibilidad a los “los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978”, y a los “los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción de acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley o en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre”.
La propuesta aclara, además, que quienes cumplan con estos supuestos deben formalizar sus solicitudes “en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley. Al terminar este plazo, el Consejo de Ministros podrá acordar su prórroga por un año”.
Por ahora los aspirantes a realizar los trámites deberán esperar la publicación de la normativa en el BOE y a que trascienda el reglamento legal que regirá su implementación y la aprobación de los Presupuestos Generales de 2023 que harán posible la aplicación de la nueva normativa.
El Consulado de España en La Habana advirtió el pasado septiembre a través de sus redes sociales que “ante las consultas recibidas”, el Proyecto de Ley de Memoria Democrática se encontraba entonces en trámite parlamentario.
En ese momento, el consulado aseguró que informaría “oportunamente, por esta y otras vías, de su eventual entrada en vigor y, en su caso, del subsiguiente desarrollo reglamentario”.