La Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos contiene la llamada cláusula de la descalificación. Dice literalmente lo siguiente: “Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, o elector de presidente y vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, en los Estados Unidos o en cualquier estado, que, habiendo prestado previamente juramento como miembro del Congreso, o como funcionario de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier Estado, para apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o consuelo a sus enemigos“.
Promulgada después de la Guerra Civil, la Sección fue diseñada originalmente para el periodo inmediato posterior, llamado la Reconstrucción. Se utilizó poco, en su mayor parte solo durante el lapso no muy largo comprendido entre su ratificación (1868) y la promulgación de la Ley de Amnistía (1872), que eliminó la descalificación de los confederados y sus simpatizantes.
Esa Sección 3 de la Enmienda 14 es exactamente lo que varios académicos y expertos legales han venido manejando de un tiempo a esta parte para fundamentar que Donald Trump no pueda presentarse como candidato republicano a la presidencia en las próximas elecciones. Entre estos sobresalen los profesores J. Michael Luttig y Laurence Tribe —uno conservador, el otro liberal—, para quienes las acciones de Trump el 6 de enero en el Capitolio, así como sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020, le impedirían de hecho que pueda postularse para el cargo.
“Quienes escribieron la 14ª Enmienda no eran tontos. Se dieron cuenta de que si esas personas que intentaron derrocar el país, que intentaron deshacerse de nuestras transiciones pacíficas de poder, vuelven al poder, eso sería el fin de la nación, el fin de la democracia”, le dijo Laurence Tribe a CNN.
Asimismo, los profesores William Baude y Michael Stokes Paulsen, vinculados con la organización legal conservadora y libertaria Federalist Society, se han pronunciado a favor de este punto. De acuerdo con su enfoque, la 14 Enmienda “descalificó al expresidente Donald Trump [de su cargo], y potencialmente a muchos otros, debido a su participación en el intento de derrocamiento de las elecciones presidenciales de 2020”.
La Sección 3 está “viva y vigente“, y “podría tener un impacto importante en las elecciones del próximo año”, han señalado por su parte los profesores de Derecho William Baude, de la Universidad de Chicago, y Michael Stokes Paulsen de la Universidad de St. Thomas, igualmente conservadores de siete suelas. La palabra “insurrección“, argumentan, se refería entonces, en términos generales, al uso concertado de la fuerza o presión para obstruir o derrocar la autoridad del gobierno. Enfatizan, además, que la aplicación de la cláusula de inhabilitación no depende del Congreso, ni del Departamento de Justicia.
Por otra parte, seguidores del trumpismo han aparecido en los medios diciendo que la Sección 3 de la Enmienda 14 nunca se ha aplicado después del siglo XIX, lo cual es falso. Primero, porque el Congreso la utilizó en 1919 para desbancar a un miembro de la Cámara de Representantes por acusaciones de ayudar a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. El acusado, Víctor Berger, fundador del Partido Socialdemócrata de Estados Unidos y de su sucesor, el Partido Socialista, fue condenado en 1919 a 20 años de prisión por violar la Ley de Espionaje (1917) a partir de hacer públicas sus opiniones contra la guerra.
Sin embargo, un año antes, en 1918 y estando bajo acusación, en Milwaukee lo eligieron de nuevo para la Cámara de Representantes. Una vez en Washington, se presentó en la Cámara para ocupar su puesto, pero el Congreso decidió formar un comité para determinar si un convicto y opositor a la guerra debía sentarse ahí. El 10 de noviembre de 1919 la respuesta fue negativa: declararon vacante su asiento y descalificaron a Berger a partir de lo que establecía la Sección 3 de la 14 Enmienda.
Una vez en Washington, se presentó en el órgano legislativo para ocupar su puesto, pero el Congreso decidió formar un comité para determinar si un convicto y opositor a la guerra debía sentarse ahí. El 10 de noviembre de 1919 la respuesta fue negativa: declararon vacante su asiento y lo descalificaron considerando lo que establecía la Sección 3 de la 14 Enmienda. El veredicto, por cierto, fue anulado por la Corte Suprema en 1921 en el caso Berger vs. Estados Unidos.
Segundo, más recientemente, varios grupos y organizaciones han venido cuestionando la elegibilidad de ciertos candidatos que se postulan para el Congreso con el argumento de que su participación en los hechos relacionados con el 6 de enero de 2021 los hace inelegibles para el cargo.
Digamos que un tribunal estatal de Nuevo México destituyó al comisionado Couy Dale Griffin, el fundador del grupo Cowboys for Trump, de su cargo en el condado de Otero y le prohibió postularse para ocupar cualquier puesto futuro, justamente teniendo en cuenta su vínculo con esos sucesos. Griffin fue un factor activo en el ataque al Capitolio, trepando barreras y muros hasta acceder a un área restringida del edificio federal.
En todo esto, hay, sin embargo, un problema de fondo: la Sección 3 de la Enmienda 14 nunca se ha aplicado a un expresidente o a un presidente, por lo que estamos en un sitio inédito durante más de dos siglos de experiencia constitucional. De ahí la división entre juristas y expertos acerca del tema.
“Nos encontramos en un territorio completamente nuevo si un presidente en ejercicio es declarado culpable de crímenes que cometió antes de ser elegido como tal, como podría ser el caso aquí“, dijo Eric J. Segall, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia y experto en la Constitución, ante el escenario de que Trump fuera electo en 2024. “Hay muy poca jurisprudencia al respecto. Tendremos que ver. No hay manera de predecir cómo se desarrollará eso“.
Mientras este debate tiene lugar en foros varios de la sociedad y la cultura estadounidenses, está el problema del tiempo. En efecto, en 2024 Trump debe asistir como acusado a cuatro juicios:
- El 4 de marzo será juzgado por cuatro cargos relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio, por el que han recibido severas condenas altos dirigentes de los grupos extremistas Oath Keepers y Proud Boys. La investigación federal del caso Trump está a cargo del fiscal especial Jack Smith.
- El 25 de marzo deberá enfrentar 34 cargos en Nueva York por acusaciones de haber falsificado registros comerciales en relación con el “dinero para guardar silencio“ pagado a Stormy Daniels. La investigación está a cargo de Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan.
- En mayo tendrá lugar el juicio de Florida para lidiar con acusaciones de haber retenido ilegalmente documentos clasificados después de dejar el cargo y de obstruir al Gobierno Federal en sus intentos por recuperarlos. Otra investigación a cargo del fiscal Jack Smith.
- Faltaría la última: la de Georgia, encabezada por la fiscal Fani Willis. Ahora mismo no está clara la fecha de este gigantesco juicio que involucra a Trump y a 18 coacusados. Pero tener encima la Ley RICO podría arrastrar, entre otras cosas, implicaciones históricas para las próximas elecciones presidenciales.
En el entretanto, las encuestas no cambian: Donald Trump sigue siendo el favorito de las bases republicanas para ser nominado presidente. Técnicamente, podría ser condenado antes de asumir el cargo, pero si ganara las elecciones hay varios escenarios posibles. El primero es que se podría perdonar a sí mismo en los casos federales, pero no en el de Georgia, toda vez que el perdón presidencial solo se aplica a condenas federales, no estaduales. Y según las leyes de ese estado, cualquier perdón posible no lo decide un individuo, sino la Junta Estatal de Indultos y Libertad Condicional, compuesta por cinco miembros nombrados por el gobernador. Y solo se otorgaría después de que el condenado haya cumplido cinco años de cárcel.
Una de las consecuencias del “revisionismo” sobre la “cláusula de la descalificación” es la posibilidad de que la Corte Suprema determine si Donald Trump es o no elegible para postularse como presidente. ”Esta es una de las cuestiones fundamentales que alguna vez podrían decidirse según nuestra Constitución”, le dijo Luttig el domingo pasado a la cadena MSNBC. “Y lo decidirá la Corte Suprema de Estados Unidos más temprano que tarde, y muy probablemente antes de las primeras primarias”.
Territorio minado, sin duda. Cabría recordar que Trump tuvo la gracia de poder nombrar a tres de los jueces de la Corte, hoy bajo franca mayoría conservadora (6-3). Sin embargo, si eso ocurriera, sobrevendría en un momento en que la credibilidad de la Corte está en crisis debido de una serie de escándalos éticos (el juez Clarence Thomas) y a la decisión, a todas luces impopular, de eliminar a Roe vs. Wade el año pasado. Pero tampoco hay consenso sobre este punto.
De acuerdo con otro experto, Alan Dershowitz, es posible que la Corte se niegue a tomar el caso. “Las razones por las que estos esfuerzos probablemente no tendrán éxito son que Trump no ha sido acusado, y mucho menos condenado, de insurrección o rebelión. No se requiere una condena, según el lenguaje sencillo de la Constitución, pero es revelador que incluso quienes procesan a Trump no creen que haya pruebas suficientes para condenarlo por insurrección o sedición”.
Por lo pronto, la Enmienda 14 seguirá en el horizonte y en la conversación en lo que se aproximan las elecciones presidenciales de 2024.