Aprobado por omisión

Reducir la interferencia de la burocracia en lo concerniente a todo el proceso de aprobación de un proyecto de trabajo por cuenta propia es esencial. No hacerlo depender de las “consideraciones personales” de un funcionario o de sus “intereses” es decisivo.

La Habana, 2021. Foto: Otmaro Rodríguez

“Todo lo que no está expresamente aprobado, está prohibido”, esta frase la repetía en infinidad de ocasiones uno de los profesores más queridos —y también de los más ocurrentes— que tuve en la carrera de licenciatura en Economía, allá por el año 1973, cuando comenzaba mis estudios, su nombre, Benito Matas. Mis compañeros de aquellos tiempos se recordarán de él y seguro lo harán con una sonrisa en los labios. No era esta su única frase famosa, tenía otras muchas, a veces tremendamente metafóricas, para calificar el funcionamiento de la economía cubana de aquellos tiempos.

La frase me vino a la mente mientras miraba la Mesa Redonda donde se contextualizaba, explicaban y aclaraban algunas de las dudas que la “lista negativa” había generado en la población.

Varios colegas compartieron sus impresiones después de la mesa redonda, no me equivoco si digo que el balance que al menos yo saqué de sus opiniones fue, en general, positivo, sobre la Mesa y sobre las aclaraciones hechas en ella. De más está decir que prácticamente concuerdo en un 100% con sus opiniones.

Sin embargo, para mi, lo más positivo fue la ratificación de lo que yo llamaría “aprobación por omisión” de cualquier nuevo proyecto de trabajo por cuenta propia es, quizás, de lo más revolucionario en términos regulatorios y genera una “nueva cultura” que demorará tiempo en florecer y dar frutos, pero que debemos cuidar como una de las más valiosos recursos para caminar hacia el futuro.

“Todo aquello que no esté prohibido puede realizarse. Tú diseñas tu proyecto con el conjunto de actividades que quieres realizar para presentarlo a la ventanilla única”. Alejandro Gil, Ministro de Economía

Que muchos cubanos hayan pedido aclaración acerca de lo que se “puede hacer” como trabajo por cuenta propia a partir de la lista negativa, es lo más lógico que podía pasar, pues la discrecionalidad positiva ha caracterizado la conducción y el funcionamiento de la economía nacional, desde tiempos incluso anteriores a mis inicios como estudiante de la Facultad de Economía. Así pues, de pronto, sin más avisos, sin que mediara un “curso de preparación” de los que tanto abundan, todos fuimos sacados de nuestra zona de confort y fuimos enfrentados a uno de los ejercicios más difíciles que cualquier ser humano tiene que enfrentarse, el de la libertad de crear su propio “negocio”, algo que en nuestro “ambiente de negocios” ha estado permanentemente ausente.

Quizás lo más contradictorio de todo es el hecho de que nuestro pueblo, prácticamente todo él, es casi genéticamente innovador, algo que ha demostrado una y otra vez con su resiliencia permanente ante los infinitos fenómenos adversos que hemos vivido desde siempre, algo que se expresa hasta en lo más cotidiano, como lo es en la actualidad esos grupos de trueque de productos por whatsapp para remediar,  al menos en parte, los rigores del desabastecimiento, de la escasez y la carencia de dólares para comprar en las tiendas en MLC. Cambiar culeros desechables para personas mayores por compotas para un bebé de meses con solo un click, es la versión moderna de aquel otro trueque a nivel de cuadras cuando el señor fumador cambiaba su leche condensada por cigarros “Vegueros” en aquellos tiempos gloriosos de aquella libreta de abastecimiento a través de la cual se distribuía hasta cerveza.

“En este tipo de trabajos tú no puedes decir que vas a autorizar por tres meses un grupo de actividades, luego se regresa, se actualizan dos más, porque estamos hablando de que las personas tengan la posibilidad de elegir un proyecto que dure más allá de unos meses. Hace falta seguridad de que hay transparencia en lo que se hace y certeza de que habrá durabilidad para escoger estas alternativas como opción de vida.» Alejandro Gil, Ministro de Economía

Transmitir seguridad y fomentar la transparencia es quizás una de las virtudes que debe ser bien cultivada y para ello reducir a su mínima expresión la “discrecionalidad” es fundamental. Este es un viejo debate en economía —“reglas versus discrecionalidad”— nunca bien resuelto en ningún lugar del mundo, en ninguno de los tiempos conocidos. En nuestra economía, el exceso de discrecionalidad ha costado tanto en términos de puntos porcentuales de crecimiento del PIB, como en términos de proyectos colectivos malogrados y también en términos de proyectos individuales frustrados o desarrollados fuera de Cuba, ante el muro muchas veces imbatible de esa discrecionalidad.

La discrecionalidad tiene dos acompañantes muy letales para el ambiente negocios; una burocracia por lo general ineficiente y la corrupción. De ambos hemos padecido y estamos padeciendo. Ambos son de los peores males para la economía y la sociedad en cualquier país, también para la salud política de cualquier Estado.

Reducir la interferencia de la burocracia en lo concerniente a todo el proceso de aprobación de un proyecto de trabajo por cuenta propia es esencial. No hacerlo depender de las “consideraciones personales” de un funcionario o de sus “intereses” es decisivo. Las regulaciones actuales contribuyen de forma positiva a reducir esos males.

El segundo de los aspectos que me parece muy positivo de la lista negativa es la sinergia que debe producir el TCP con la economía local para empoderar a los gobiernos de los municipios. Ello sin dudas pasa porque los gobiernos locales comprendan las oportunidades que la expansión del trabajo por cuenta propia les brinda —en términos de ingresos fiscales, de generación de empleo de calidad, etc.— pero sobre todo porque vistos desde la estrategia de desarrollo territorial, el TCP, junto a los Proyectos de Desarrollo Territorial deben ser una parte decisiva de la columna vertebral de la economía de los municipios.

Dependerá en mucho de cuan proactivos sean los gobiernos locales, de la profundidad y la rapidez con la que produzcan y gestionen el “cambio de mentalidad” sobre el “cuentapropismo” y que los viejos prejuicios que lo han rodeado sean sustituidos por esos nuevos “valores” sustentados en nuestra Constitución y en los nuevos documentos que lo norman. No todo habrá que dejarlo a la iniciativo individual, las estrategias de desarrollo local que todos los municipios deben tener y actualizar sistemáticamente pueden constituir una fuente importante para convocar proyectos donde se incorporen los TCP, y ya sea en forma privada o en formas de alianzas público- privadas contribuyan desde lo individual a satisfacer intereses colectivos mayores. Sin dudas todo ello habrá que acompañarlo con los incentivos adecuados —no sólo fiscales— y con el reconocimiento “social” de dicha actividad, algo que tiene su mayor impacto en el barrio, recordemos que hasta no hace mucho tiempo el trabajo por cuenta propia era considerado “un mal necesario” y los trabajadores por cuenta propia como los portadores de ese mal.

El tercero de los aspectos positivos a destacar está más asociado con el futuro. La nueva regulación para el trabajo por cuenta propia de alguna manera establece una “filosofía” y ciertos máximos regulatorios para el futuro de la tan esperada micro, pequeña y mediana empresa (MPyME). ¿Cuál debe ser el procedimiento para la creación de las MPyMEs? pues nunca mucho más complejo que el decidido para el TCP; deberían ser aprobadas por omisión y deberían estar bajo el auspicio de los gobiernos locales. Así pues, de alguna manera las nuevas regulaciones para el TCP constituyen un “balón de ensayo” para las MPyMEs y facilitarán el aprendizaje para introducir en nuestra economía esta otra forma de propiedad.

Quedan temas por abordar  y discutir, algunos muy puntuales —como puede ser la prohibición del ejercicio de guía de turismo por una mala experiencia anterior, el de prohibir que ciudadanos cubanos tengan “agencias de viaje” privadas cuando son permitidas a extranjeros, también privados— y otros profundamente conceptuales, como es el caso referido al ejercicio del trabajo por cuenta propia de profesionales, donde los criterios discrepantes no responden únicamente a “atacar lo que hacemos”, que sin dudas los hay y bien mal intencionados algunos, sino a estudios e investigaciones bien fundamentadas, al menos desde la economía. Pero esas discrepancias adecuadamente compartidas dan la posibilidad de mejorar, porque cuestionarse lo que el gobierno hace no solo es un derecho, sino también es un deber de cada ciudadano de nuestro país y es parte sustancial del ejercicio cotidiano al que debe someterse todo gobierno.

Si hoy tenemos una nueva regulación, mejor adecuada a nuestras necesidades y a la visión de país del TCP es precisamente por los cuestionamientos y las discrepancias que desde sus inicios se manifestaron hacia la anterior regulación, antes que por la complacencia y la callada por respuesta. Centenares de cuartillas fueron escritas sobre el tema, muchas veces a contrapelo de los “criterios oficiales”. Hoy, una parte fundamental de su esencia se ha plasmado en esta nueva regulación, fruto en parte de aquellas jornadas medio quijotescas que han durado más de treinta años.

 

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