La tragedia que vive Bolivia después de más de una década de estabilidad política bajo el Movimiento al socialismo (MAS) se ilustra por sus datos más elementales. Según informes del PNUD, el país andino registró un crecimiento económico de casi un cinco por ciento anual. Si el medidor es el Índice de Desarrollo Humano los resultados son más impresionantes. Bolivia registró una mejoría entre 2005 y 2016 de 0.675 a 0.684, un crecimiento del 7.8 % aproximadamente. El Índice se compone de tres indicadores: producto interno bruto per cápita, educación y salud. Bolivia mejoró ostensiblemente sus resultados en las tres áreas empezando por un aumento de la esperanza de vida al nacer de 63.5 a 68.7 años.
La nacionalización de los recursos naturales permitió al gobierno de Morales estructurar ese crecimiento con un importante componente de equidad. La población bajo el nivel de pobreza cayó casi a la mitad, de un 60% a un 35%. Mientras, la reducción en la desigualdad en la distribución del ingreso fue acompañada por un aumento de la escolaridad de siete años promedio a ocho y medio. Aunque hubo importantes costos medioambientales, denunciados por organizaciones de defensa de los bosques, esos indicadores expresan, bajo cualquier estándar, una gestión exitosa.
¿Cómo se explica entonces la irracionalidad del fin de semana pasado que terminó con casi la mitad del país, las fuerzas armadas y la policía demandando la renuncia del presidente? Las izquierdas más radicales han optado por enfatizar la manipulación de los medios de prensa, el adoctrinamiento de las fuerzas armadas y de seguridad por los intereses oligárquicos y las antipatías del gobierno en Washington y la OEA hacia la izquierda. Todo eso es cierto, y no debe ser obviado, pero esas explicaciones no bastan para precisar por qué no pasó antes, ni para esclarecer las responsabilidades del propio MAS en crear una crisis que ha socavado su propia legitimidad.
Un análisis de esas otras dimensiones ayuda a las fuerzas comprometidas con una democracia abarcadora, concepto que incluye un sistema político comprometido en lo político, en lo económico y lo social con el paradigma de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Sin agotar la lista de lecciones, aquí van algunas que son evidentes, o de hecho eran evidentes desde el momento en que el presidente Evo Morales optó por buscar un tercer mandato a la brava en contra de la prohibición en la Constitución del Estado plurinacional y los resultados de un plebiscito en el que una mayoría de bolivianos rechazó su propuesta.
Primero, después de la experiencia de gobiernos autoritarios de derecha y totalitarios de izquierda en el continente, hay un sector grande de las clases medias, y del pueblo en general que es escéptica y suspicaz contra cualquier concentración de poder o eternización personal en el gobierno. Es bueno que así sea, pues es una garantía cultural que notifica a todas las tendencias políticas de que son necesarios avances en transparencia, gobierno abierto, y rendición de cuentas a las poblaciones que los eligen.
A pesar de una gestión exitosa, siendo Bolivia la economía que más rápido creció en América Latina durante la última década, con la recuperación soberana del uso de sus recursos naturales y otras medidas que beneficiaron el interés público, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) insistió en un modelo político de partido de vanguardia iluminada, con limitada fiscalización y participación popular. En esa oscuridad, proliferaron oportunidades de corrupción y abuso de poder, ahora aprovechada por políticos que habían sido en el pasado excluidos de esas prácticas, usadas tradicionalmente por las derechas y los sectores oligárquicos.
La opacidad en el ejercicio del poder por parte de la izquierda radical abrió también oportunidades para campañas de descrédito contra el MAS organizadas por los sectores tradicionales y las derechas latinoamericanas, apoyadas por todo el poder manipulador de los medios de prensa internacional. La corrupción y la falta de transparencia es más dañina a la izquierda que a la derecha porque predica su legitimidad para gobernar desde una preocupación por el bien común, más que de privilegio individual.
Segundo, lo institucional en una democracia importa mucho. Las constituciones no están hechas para torcerlas según los deseos de quien detente el gobierno de turno, sea de derecha o de izquierda. La separación de poderes, el gobierno limitado, el estado de derecho y los límites de mandato en sistemas presidencialistas son defensas republicanas contra la concentración de poder.
La ley, si es justa, es la mayor defensa del débil, del explotado, del discriminado contra el abuso del fuerte y explotador. Lo peor que puede hacer una fuerza a favor de la justicia social, si es verdaderamente eso, es sabotear su mandato constitucional.
El presidente Evo Morales hizo justo todo lo contrario, desestimó el mandato popular consagrado en una Constitución en la que su propio partido político jugó el papel fundamental para terminar poniendo en riesgo conquistas consagradas en leyes, mucho más importantes que su continuidad personal en el poder. Morales desoyó un mandato popular en cuya ola había llegado al Palacio de Quemado y buscó un tercer mandato contra la prohibición constitucional explícitamente discutida e imprescindible para la aprobación del texto constitucional en la Asamblea Constituyente de 2006.
Si bien es claro que el encuadre liberal no es suficiente para realizar el modelo de la declaración universal de derechos humanos, la izquierda no debe enfrentar sus insuficiencias para revivir practicas pre liberales como la adoración de caudillos. Si son necesarios choques con el orden de la democracia representativa que sean para redistribuir riqueza, crecer con equidad, establecer una mejor distribución de los medios de difusión, o rediseñar las directivas de las empresas públicas y el banco central.
No hay ventaja para los desposeídos de una preferencia gratuita por lo contencioso por lo cual conviene tanta conciliación de clases como sea posible, con lucha entre los componentes de una sociedad solo como suprema necesidad. La moderación de próceres latinoamericanos como José Martí, para quien el equilibrio era un supremo valor, debiera inspirar a un continente que necesita un horizonte mas allá del liberalismo, no contra los progresos institucionales que representó.
Tercero. Habla mal de la cultura democrática del continente y de muchos de los medios de prensa e intelectuales que cubren su acontecer, cuántos han evitado trazar la línea meridiana entre repudiar un intento de reelección a la brava y la condena inequívoca a lo que camina como un golpe de estado y suena como un golpe de estado, porque lo es.
Al margen de la inconstitucionalidad del intento reeleccionista del presidente Morales, en el paradigma republicano no hay espacio para que las fuerzas armadas pongan o quiten al presidente de Bolivia ni de ningún país.
El chequeo y balance de poderes del ejecutivo corresponde al legislativo y el poder judicial. Las fuerzas armadas tienen funciones de seguridad nacional, defensa territorial y en ocasiones extremas de orden público, pero si quitan o ponen presidentes, sus acciones pueden ser definidas como golpe de estado.
Los presidentes de la región se han dividido entre el silencio de los bien llevados con Morales ante un conteo irregular y detenido cuando las tendencias indicaban necesidad de una segunda vuelta, y aquellos que ahora andan atinados, comedidos y obedientes ante la declaración de Donald Trump de que las fuerzas armadas bolivianas hicieron un “ejercicio de democracia”.
No solo el presidente Morales, cuyo mandato formalmente termina en enero de 2020, sino todos los posibles sucesores en el hilo constitucional, el vicepresidente Álvaro García Linera y los presidentes de las cámaras legislativas Víctor Borda y Adriana Salvatierra fueron forzados a renunciar ya sea por las fuerzas armadas o por el chantaje de bandas de delincuentes que secuestraron al hermano de Borda.
¿Por qué la OEA que con razón reveló las irregularidades electorales ha sido tan renuente a abogar por una solución constitucional razonable? ¿Es tan difícil buscar nuevas elecciones, sin Evo Morales como candidato, pero abierta a todas las fuerzas políticas, incluyendo el MAS? Es entendible que aquellos que se ubican a la izquierda radical del espectro denuncien dobles estándares pues Luis Almagro de la OEA, Andrés Oppenheimer de CNN, y tantos otros invocan el derecho internacional y la democracia los martes y jueves cuando conviene a aquellos con los que simpatizan mientras ignoran esos mismos principios el resto de la semana.
Es entendible que aquellos que se ubican a la derecha denuncien a los presidentes de Cuba, Venezuela y México por no alertar sobre lo que era totalmente predecible. Si Evo Morales intentaba su reelección a la brava, el vaticinio probable era de inestabilidad política, por la sencilla razón de que ya había perdido un plebiscito y estaba muy lejos de una super-mayoría que cambiara ese veredicto popular.
La prueba de que para la izquierda no hay mejor política que el apego a la democracia como principio es lo insólito de una pérdida del gobierno en semanas a pesar de que tenía los tres políticos más populares del país, el propio Evo Morales, David Choquehuanca y Álvaro García Linera.
Choquehuanca y García Linera, con toda la legitimidad en sus espaldas, podrían haberse presentado con grandes probabilidades de triunfo contra Carlos Mesa, un político bastante moderado comparado con el reciclado neoliberal Tuto Quiroga, para no hablar del impresentable e inelegible Luis Fernando Camacho.
Había líderes de recambio para el MAS. Una cultura de apego al viejo caudillismo latinoamericano de salvadores supremos, hizo que se impusiera una apuesta a la soberbia y se perdió. Si como sugiere la versión gramsciana, la hegemonía cultural en la sociedad civil es la condición ética necesaria para el ejercicio del gobierno, la izquierda más que ninguna otra fuerza debe comprometerse a respetar la voluntad ciudadana.
Parece mentira, pero a tres décadas de las aperturas democráticas de la segunda mitad de los años 80’s gran parte de las élites políticas, formadoras de opinión e intelectuales exhiben una actitud instrumental hacia el juego democrático.
Si Evo Morales se quiere reelegir a la brava, lo apoya la izquierda con tal de no dar razón a la derecha. Si las fuerzas armadas bolivianas y un puñado de matones secuestradores se abrogan la prerrogativa de cortar el hilo de sucesión constitucional, entonces las aplaude la derecha con tal de que no gane la izquierda.
Claro que quebrar esas estructuras culturales autoritarias de doble moral llevan más que la denuncia, mucho anuncio. Un político de derecha, comprometido con que México tuviese una democracia basada en la soberanía, Manuel Gómez Morin, fundador del PAN dijo “nuestro deber no es lucha de un día, sino brega de eternidad”, en 1939. Solo cuando así lo entendió una masa crítica de mexicanos fue posible quebrar al dominio corrompido de un PRI alejado de los valores democráticos de la constitución de 1917. La coalición de la cuarta transformación de AMLO incorporó a sectores del PAN identificados con el adecentamiento de la esfera pública del país azteca. La decencia en política va más allá de los partidismos.
“Volveremos hecho millones”–ha dicho Álvaro García Linera, el vicepresidente legítimo, electo por el pueblo boliviano hasta el final del mandato en enero de 2020, evocando al líder indígena Tupac Katari. Hay razones para que así sea, pues su gobierno trajo considerable reducción de la pobreza y la desigualdad junto con un crecimiento económico responsable.
Es importante también que vuelva no a la manera que el imaginario incaico y preincaico se figuraba la redención como una inversión del mundo en el que “todo lo que está arriba va hacia abajo y todo lo que esta abajo irá hacia arriba”. Se trata de aprender soluciones modernas, democráticas y republicanas, en las que las viejas prácticas del caudillismo no renazcan incorporadas en proyectos nuevos. Qué estamos en el siglo XXI.