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Solicitud de Ley Integral contra la violencia de género en Cuba

Ilustración: Universidad Latina de América

“Asegurar una ley justa y comprensiva contra la violencia de género, es lo que ahora corresponde”. Así termina una Solicitud presentada al parlamento cubano hace dos años, el 21 de noviembre de 2019. La iniciativa llevaba cuarenta firmas.

La entrega formal del documento contribuyó a un proceso de visibilización sobre las violencias machistas, el papel de la sociedad civil, los caminos institucionales, la esfera pública, los feminismos. El tema estaba en agenda cubana desde los 1990. La Solicitud consideró ese camino y se amparó en los marcos normativos e institucionales cubanos, en la experiencia de otros países, en los debates feministas contemporáneos, en las estadísticas nacionales y en la necesidad de trabar alianzas entre las sociedades civil y política.

La solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular contempló tres puntos:

  1. Incluir en el cronograma legislativo previsto en la disposición décimo tercera de la vigente Constitución de la República, la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género.
  2. Constituir un grupo asesor cuya composición fuese de conocimiento público, integrado por personas con trabajo en el tema, que acompañase el proceso de redacción del proyecto de Ley. Solicitamos que en el grupo hubiese representación de distintas regiones del país y sectores sociales.
  3. Recibir y procesar propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Mujeres cubanas solicitan Ley Integral contra la Violencia de Género al Parlamento

Han transcurrido dos años de ese acto cívico, legal, legítimo y en varios sentidos inédito. Las violencias de género continúan siendo un problema en Cuba y el mundo. Las necesidades planteadas en el 2019 continúan presentes. A la vez, entre los noviembres de 2019 y 2021 ha pasado mucho. Probablemente el de las violencias machistas es uno de los terrenos que más polémica y conflictos ha verificado en la Cuba reciente. ¿Qué ha pasado y qué no ha pasado a dos años de la Solicitud? Aquí una lista incompleta:

Resumo aquí algo de lo que ha pasado durante los últimos dos años. Los hitos listados no tienen la misma entidad. En algunos casos son anuncios y aún no es pública la información, lo cual limita la evaluación del alcance de los pasos y la posibilidad de calibrarlos. Otros son procesos en curso. No obstante, el conjunto muestra un campo en disputa donde continúan verificándose acciones de distinto alcance, a veces complementarias, a veces paralelas y a veces en contraposición, para tramitar políticamente el problema.

Llegado este punto, durante el 2022 es necesario y exigible que:

  1. Efectivamente empiece a funcionar el observatorio de feminicidios de la FMC, que hasta el momento es un anuncio, y se den datos oficiales de los casos y las tasas. Al término del 2021 continúa trabajándose con una tasa de feminicidios íntimos del 2016, desactualizada e incompleta.
  2. Se haga pública la Estrategia Integral aprobada así como sus vías de ejecución, y plazos de rendiciones de cuentas respecto a sus resultados. Lo mismo en relación las acciones que se realicen dentro del PAM.
  3. Se revisen con urgencia los procedimientos de atención de la fiscalía, pues los datos públicos (fragmentados y difíciles de rastrear) informan problemas de gravedad. Por ejemplo, durante la mencionada Mesa Redonda de junio pasado se dio a conocer que hasta el cierre de abril de este año poco más de 200 denuncias sobre mujeres por violencia habían llegado a la Fiscalía y que solo el 36% de los casos se habían resuelto. Presumiblemente el 64% de los casos no habían tenido solución o su solución no había sido favorable para las mujeres. Esos datos no coinciden con las tendencias globales que informan que los por cientos de denuncias falsas son mínimos y que muchas veces se llega a la denuncia después de largos o agudos procesos de violencia.
  4. Se incorpore a las estrategias y acciones institucionales la obligatoriedad de crear refugios (estatales o en alianzas público – comunitarias – sociedad civil) para mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas.
  5. Se incluyan a las mujeres en situación de violencia machista como grupo prioritario en los programas de vivienda y dentro del programa de revitalización de los barrios, de reciente creación.
  6. Se incluya en la Estrategia Integral y en el resto de los programas para el abordaje del problema, los cruces entre violencia política y de género.
  7. Desde la sociedad civil se impida la instrumentalización de las causas de las mujeres y poblaciones LGTBIQ+ por parte de las agencias federales estadounidenses, dentro del ensamblaje del diferendo Estados Unidos – Cuba.
  8. Se interrumpa la narrativa criminalizadora de los activismos feministas no institucionales, que sin pruebas ni sentido son clasificados en bloque como emisarios de la política estadounidense. Lo anterior no solo desenfoca la importancia de las víctimas sino que se alía a la política arbitrariamente polarizadora que tanto está afectando a Cuba. Además, lo mismo instrumentaliza las luchas feministas para perjuicio de la sociedad entera.
  9. Se priorice la programada nueva Ley de Asociaciones, que permita formalizar espacios, proyectos y colectivos de la sociedad civil que en este momento tienen que funcionar en la ilegalidad o la alegalidad. Ello permitiría, además, producir alianzas con las instituciones y otros ámbitos de la vida social.  
  10. Se avance con prisa y sin pausa en el camino de una Ley Integral contra la Violencia de Género.

La justicia es, también, reconocimiento, y lo que se ha avanzado hoy en Cuba en el campo de las violencias de género es resultado de un trabajo a muchas manos, se asuma o no, se visibilice o no. Los feminismos, por su parte, han sido históricamente espacios incómodos para la política rígida, conveniente, para cualquier letanía obtusa, venga de donde venga; que lo sigan siendo es, cuando menos, deseable. Los feminismos están, estamos aquí, para volver lo que parece políticamente imposible en políticamente inevitable. La Ley Integral contra la Violencia de género es y debe ser eso.

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Nota:

1 Al momento en que se escribe este texto la aplicación no aparece disponible online.