España parece inclinada a sellar de forma duradera la relación con Cuba. Sin embargo, parece empeñada también en que el foco no se coloque en los encuentros entre los mandatarios españoles y los cubanos. El entendimiento Cuba España siempre ha tenido numerosos detractores en las riberas del Potomac y el Manzanares. Así pues, prudencia obliga: buena relación con Cuba, pero, ante todo, discreción.
La diplomacia española está actuando en Cuba con una agenda propia y esto, indudablemente, como ha sucedido en otras ocasiones, tensiona las relaciones entre Washington y Madrid y da munición extra a los sectores que apuestan por establecer un cerco sobre Díaz-Canel que le mantenga aislado del acercamiento de las cancillerías europeas.
Dadas las circunstancias, discreción e independencia se presentan como la mejor receta para acercarse a Cuba y así lo ha considerado el ejecutivo socialista en el último año: el despliegue de una vía autónoma en Cuba no contradice la necesidad de obrar con la mayor de las prudencias.
El entonces ministro de Exteriores en funciones Josep Borrell visitó Cuba a mediados de octubre, lo hizo en el marco de las relaciones periódicas de alto nivel que fijaron Díaz-Canel y el presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante la visita que realizó a Cuba el año pasado. Sin embargo, esta visita de Borrell se produjo cuando la opinión pública española contemplaba embelesada las llamas de las barricadas de Barcelona, lo que indudablemente restó visibilidad a su presencia en La Habana.
De forma similar, los reyes llegarán a Cuba este lunes 11 de noviembre, acompañados de Borrell. Lo harán con ocasión del quinto centenario de La Habana, pero también cuando los rescoldos del fuego electoral todavía no se habrán apagado. Mañana, al amanecer, las portadas de los diarios españoles estarán pendientes del resultado de las elecciones generales, las segundas de esta naturaleza en lo que va de año. Unas elecciones en las que Pedro Sánchez ha apostado fuerte al todo o nada.
En estos nuevos y reiterados comicios, una suerte de segunda vuelta, las dudas sobre el resultado que ofrezcan las urnas están por encima de las certezas, como lo están también la gestión de estos resultados y las posibilidades de establecer un gobierno viable. Así pues, todo lo que deparen estas elecciones, repetición de las de abril al no llegar a un acuerdo de investidura, copará los medios de comunicación españoles y, como sucedió con el reciente viaje de Borrell a Cuba, eclipsado por las protestas en Cataluña, la trascendental visita de los reyes pasará a un segundo plano ante las especulaciones que se abran a raíz de los resultados de los comicios. La prioridad informativa en España el día 11 no estará en La Habana.
A partir del día 12 será más complicado eludir los focos. La diplomacia española es consciente de ello y tendrá que cubrir otros frentes que puedan llevar la polémica a la presencia de los reyes en la mayor de las Antillas.
La llegada a Cuba el día 11 y el regreso el día 14 a Madrid, previa visita a Santiago, busca al parecer que la presencia de los reyes no comparta protagonismo con otras dignidades internacionales y de esta guisa se han extremado las precauciones para que el monarca no se encuentre con Vladimir Putin, Daniel Ortega o Nicolás Maduro, que estarán en La Habana el día central de las celebraciones del quinto centenario, el 16 de noviembre.
La fotografía de Felipe VI con Maduro, Putin, o Daniel Ortega soliviantaría a los partidos situados a la derecha del PSOE en el arco parlamentario y propiciaría la primera refriega postelectoral. Un enfrentamiento que no podría ser frenado por las noticias de la resaca de las generales.
Vox, el partido de la extrema derecha española, ya se ha adelantado a las derivaciones que pueda traer el viaje de los reyes a Cuba, y, en plena campaña electoral, condenó lo que ellos consideran una instrumentalización de la corona por parte del gobierno. Esta protesta del partido de Abascal no se quedó en el plano declarativo, sino que fue más allá a través de una solicitud formal a la Diputación Permanente del Congreso de los diputados para que se suprimiera el viaje de los monarcas, aduciendo para ello que la presencia de los reyes atentaba contra la dignidad y el prestigio de España.
Ahora bien, más allá de las dificultades, de las objeciones y repulsas al viaje de los reyes, explicitadas por algunos sectores en Cuba, en Estados Unidos y España, y más allá también de las maniobras de la diplomacia española para que la presencia de las autoridades españolas en Cuba no se convierta en la noticia principal en los medios, lo que enervaría, más si cabe, la vorágine en la que está inmersa la política española, lo cierto es que España está apostando por lo que promovió hace un año el ahora presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez.
Los reyes partirán rumbo a Cuba cuando se cierren los colegios electorales en España y con la duda de saber si este viaje será el segundo acto, después de la visita del presidente del gobierno español, de una relación con Cuba cada vez más fuerte. Una relación que el empresariado español radicado en la isla ha solicitado con contumacia en los últimos años.
La duda está en saber si Sánchez podrá alcanzar algún pacto para la investidura y la posterior gobernabilidad del país a medio plazo, pues de esto depende en gran medida que la agenda cubana progrese sin contratiempos. Si lo consigue, los temas cubanos avanzarán. Lo harán además con el apoyo de Borrell, que para entonces estará ya a la cabeza de la diplomacia europea.
Desde Bruselas, como antes lo hizo desde Madrid, Borrell no desatenderá los asuntos cubanos, algo que tendrá que acompasar con las cancillerías europeas y con quien vaya a sustituirle al frente del ministerio de Exteriores español, un cargo sobre el que todavía no tenemos pistas.
Si Sánchez, finalmente, es investido presidente en los próximos meses y si lo hace de la mano de Podemos, Cuba saldrá sin duda beneficiada, lo hará desde el plano comercial, base de la actual apuesta española por Cuba, pero lo hará también desde el punto de vista simbólico. Un gobierno español en manos del PSOE y sus posibles aliados, Podemos, sus confluencias y también escisiones, léase Mas País, de Íñigo Errejón, y los partidos nacionalistas y soberanistas de Cataluña y el País Vasco, abrirá la carpeta de la memoria histórica, en la que la mediática salida del dictador Francisco Franco Bahamonde del mausoleo de Cuelgamuros, hace escasos días, parece ser el pistoletazo de salida. Este impulso de la memoria histórica tendrá implicaciones para Cuba, pero será todavía más importante la posibilidad de sacar adelante la ley de descendientes, presentada en el senado como proyecto de ley hace más de un año y todavía pendiente de aprobación.
La exhumación del general Franco, cuarenta y cuatro años después de su muerte, y la mediática salida de sus restos del Valle de los Caídos, es una muestra evidente de que la arrinconada ley de memoria histórica de Rodríguez Zapatero volverá a estar entre las prioridades de un posible ejecutivo socialista.
Aquellos aspectos que quedaron desatendidos en la apuesta de Zapatero por resolver el gran tema pendiente de la España postfranquista, podrán ser subsanados por un nuevo gobierno socialista; en estas lides, el probable futuro presidente Pedro Sánchez, encontrará aliados, muchos ocasionales, pero en este campo es de suponer que apoyarán al posible futuro gobierno para tratar de vencer los más que probables obstáculos.
La salida de Franco del Valle de los Caídos ha copado la prensa internacional, la coreografía orquestada para acometerla ayudó mucho; para unos fue el arranque de la campaña electoral y un ejercicio oportunista para ganar voluntades; para otros, por el contrario, constituye el inicio de un proceso de recuperación de la memoria y reparación de las víctimas del franquismo.
Sin embargo, la ley de descendientes, menos mediática desde el punto de vista español, tendrá mayor implicación para Cuba, pues a ella podrían acogerse miles de cubanos. Esta ley permitiría adquirir la nacionalidad a los descendientes de españoles, independientemente de que sus ancestros la hubieran perdido por matrimonio o incompatibilidad. Esta proposición de ley de junio de 2018 por medio de la cual los descendientes de progenitores españoles obtendrían la nacionalidad española, conocida en Cuba como la “nueva ley de nietos”, estaba en proceso de tramitación, pero como todos los proyectos legislativos en trámite, decayó con la reciente disolución de las cortes generales tras la nueva llamada las urnas.
De este modo, los reyes no se podrán presentar en La Habana con la nueva ley de nietos, lo que sin duda hubiera sido una baza capital de la diplomacia española para avanzar en otros campos. Sin embargo, el gran tema en este momento es la salvaguarda de los intereses económicos españoles en la isla, perjudicados por el obrar de la actual administración norteamericana y la activación de los artículos más gravosos de la Ley Helms-Burton, un castigo sin precedentes a la inversión española en Cuba.
Por lo demás, la perspicaz diplomacia cubana es consciente de la decidida posición de España en los temas cubanos. Una posición que se ejecuta en un momento en el que el solar español está agitado y en el que los asuntos de Cuba suelen ser material incendiario y arma arrojadiza en las disputas partidistas.
El breve gobierno de Sánchez ha tenido a Cuba como elemento primordial de su política exterior. Una política que podría perder peso si el futuro gobierno de España se estableciera al abrigo de otras formaciones políticas. El PP está en manos de Casado, que representa una línea en los temas cubanos muy distante a la que ostenta Núñez Feijóo en Galicia y más próxima a la vertiente Aznar-Esperanza Aguirre; el partido de Rivera, Ciudadanos, insertado en los maximalismos ideológicos, apuesta también por la línea dura en los temas cubanos, y Vox, en manos de la derecha más intransigente y donde algunos de sus dirigentes, léase la hispano-cubana Rocío Monasterio, no conceden un respiro a Cuba, representan una amenaza indudable para la buena marcha de las relaciones Madrid La Habana.
La dirigencia cubana debe tener esto presente y facilitar la apuesta de los socialistas a través de las reformas que habiliten los adeudos pendientes y ofrezcan un respiro a los intereses económicos de España en Cuba, que son los que verdaderamente están recibiendo el castigo más duro de la política hacia Cuba instaurada en la Casa Blanca. De la actitud cubana para resolver estos pequeños diferendos en las relaciones bilaterales entre Madrid y La Habana depende que los vínculos entre los pueblos de España y Cuba puedan romper el marco actual e instalarse en un plano más acorde con la profunda relación histórica. España está dando pasos que entrañan ciertos riesgos; a Cuba tocará corresponder.