The Associated Press
Nicaragua está a la expectativa del inicio de un nuevo diálogo entre el gobierno y la oposición, que genera esperanza entre quienes creen que ayudará a resolver la crisis que estalló en abril pasado y el recelo de los que temen que las conversaciones den “oxígeno” al presidente Daniel Ortega para seguir en el poder hasta 2021.
A sólo horas del comienzo formal de las conversaciones este miércoles, en las que la Conferencia Episcopal nicaragüense participará en calidad de testigo, el gobierno no ha informado si Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, asistirán a la instalación de la mesa negociadora como hicieron el primer día del fallido diálogo nacional lanzado el 16 de mayo y que estuvo vivo menos dos meses.
Tampoco se sabe a qué hora iniciarán las pláticas ni en qué lugar, aunque se especula que será en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, situado 15 kilómetros al sur de Managua, una escuela que capacita a jóvenes centroamericanos para el mundo de los negocios y que tras las protestas de 2018 sirvió de refugio para los líderes estudiantiles perseguidos por la policía.
“Vamos a encontrarnos y reunirnos todos en la reconciliación y el cariño”, declaró Murillo el lunes en una de sus habituales charlas en la televisión oficial. En aparente alusión a las pláticas, dijo que serán “encuentros por el entendimiento y desde el entendimiento”, mientras el portal oficial “El 19” señaló que la negociación será “entre el gobierno y la empresa privada”.
Ortega, un ex guerrillero de 73 años, anunció el pasado jueves el inicio de una “negociación para consolidar la paz” y aunque no identificó a sus interlocutores, la opositora Alianza Cívica presentó minutos después en un comunicado a su equipo negociador formado por seis empresarios, dos estudiantes, dos catedráticos, un político y una abogada feminista.
El anuncio generó una ola de críticas en las filas opositoras. Por un lado, porque no se incluyó a ningún representante del movimiento campesino cuyos dirigentes están presos o en el exilio. Por otro lado, algunos exigían mayor presencia de universitarios y mujeres ya que solo se designó a dos, la abogada y una estudiante, y ambas son suplentes.
Mientras, los miembros del Comité de Presos Políticos demandaron ser incluidos en el equipo negociador.
La coalición opositora, fundada a raíz del primer diálogo, anunció sus exigencias: la liberación de los presos políticos (unos 770, según sus cifras), irrestricta libertad de prensa y movilización, una reforma electoral y el adelanto de las elecciones de 2021 y un plan de justicia transicional para las víctimas de la represión estatal, que suman unos 325 muertos y más de 2,000 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno de Managua reconoce 198 fallecidos, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan la cifra a 545.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, uno de los colectivos sociales más respetados dentro y fuera de Nicaragua, sintetizó la mezcla de sensaciones que produce el nuevo ciclo de diálogos.
“Hay que darle una oportunidad al diálogo, pero tenemos nuestras reservas”, dijo a The Associated Press Vilma Núñez, su presidenta. “Pienso que la Alianza se apresuró aceptando una negociación y eso generó suspicacias”.
La abogada, quien fue presidenta del Poder Judicial durante el primer gobierno sandinista (1979-1990), no cree que Ortega tenga buena voluntad y teme que buscará a toda costa utilizar la negociación para ganar tiempo y “perpetuarse en el poder”.
De hecho, Ortega parece haber puesto sus reglas también sobre la mediación ya que, a diferencia del primer diálogo, los obispos católicos sólo serán tres y tendrán calidad de testigos. Tampoco estará entre ellos monseñor Silvio Báez, el obispo más crítico en la Conferencia Episcopal, quien recientemente viajó a España.
“Jamás voy a creer que Daniel Ortega actúa de buena fe”, afirmó Núñez quien, además, lamentó que la liberación de los detenidos en las protestas de 2018 se haya incluido como punto de negociación. “Las libertades públicas y los derechos humanos son innegociables, el gobierno debe respetarlos porque son principios establecidos en la constitución”, subrayó.
“Vamos a acompañarlos paso a paso, pero también vamos a pedir cuentas y a demandar que ustedes respondan a la confianza que les estamos depositando”, escribió a su vez el excomandante sandinista Luis Carrión, disidente del partido de Ortega, en una carta pública a la Alianza Cívica.
Los disturbios en Nicaragua comenzaron el 18 de abril de 2018 con protestas contra una reforma a la seguridad social que habría reducido las prestaciones y aumentado los impuestos a los trabajadores y empleadores. El conflicto político se multiplicó en alcance y creció tras la represión por parte de las autoridades.
El gobierno acusa a los opositores de haber promovido un “fallido golpe de Estado” para derrocar a Ortega, que gobernó Nicaragua de 1985 a 1990 y retornó al poder en 2007, tras lo cual se reeligió en dos ocasiones –en 2011 y 2016–, en comicios que la oposición calificó de “fraudulentos”.
Los líderes de la Alianza aseguran que Ortega llega a la negociación “en su peor momento” y tratará de cambiar su imagen para evadir la eventual aplicación de la Carta Interamericana por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en momentos en que su aliado venezolano Nicolás Maduro también enfrenta serias presiones en el hemisferio.
Ortega y sus allegados también están amenazados con duras sanciones financieras de Estados Unidos y de la Unión Europea, cuyos países lo han conminado a dialogar con la oposición.
