El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba entregó este sábado a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales, de acuerdo con medios oficiales.
La legislación “amplía la posibilidad de los ciudadanos de reclamar sus derechos ante la justicia”, asegura un despacho de la agencia Prensa Latina (PL), que no brinda más detalles al respecto.
El reporte cita a Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, según el cual “se trata de una disposición jurídica de gran trascendencia, resultado de múltiples valoraciones especializadas, y que trae al conocimiento de los tribunales asuntos que hoy no tenían ese tratamiento”.
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Mientras, el titular del parlamento cubano, Esteban Lazo, afirmó que la norma tiene como propósito “beneficiar al pueblo”, y que la misma “demandará el análisis de los diputados y de las personas en general”, con vistas a “consolidar” a Cuba como “Estado socialista de derecho y justicia social”.
Denominada inicialmente Ley de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales, esta legislación tenía prevista su aprobación el pasado 2021, pero, debido a los cambios en el cronograma legislativo por causa de la pandemia y otros factores, la misma fue pasada para este año ya con su denominación actual.
La misma ha generado una alta expectativa por las posibilidades que presuntamente abrirá para la reclamación de los derechos amparados por la Carta Magna de la Isla, ante su posible violación por parte de personas naturales y jurídicas, incluidas las entidades estatales.
Por demás, su entrega al parlamento cubano tiene lugar en momentos en que se desarrollan procesos penales y se dictan sentencias contra personas involucradas en las protestas antiguberamentales de julio de 2021, en algunos de los cuales, según han denunciado activistas –y han negado las autoridades– no se han cumplido con todas las garantías previstas y los derechos contemplados en la Constitución.
