Redacción OnCubaLa Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) informó este lunes que hasta el momento han sido sancionadas 381 personas por las protestas antigubernamentales de julio de 2021, 16 de ellas con edades comprendidas entre los 16 y 18 años.
En una nota publicada en su sitio web y compartida en sus perfiles de las redes sociales, la FGR aseguró que “transcurrido el término para que los acusados o el Fiscal establecieran los recursos contra las sentencias dictadas, en ejercicio del derecho que les asiste legalmente, o por haber sido resueltos estos”, los tribunales notificaron sobre 76 sentencias que han adquirido firmeza.
“Resultaron sancionadas 381 personas, incluyendo 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentado; desacato y desórdenes públicos“, confirma el comunicado, según el cual “a 297 acusados se les impuso sanciones de privación de libertad, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que ocurrieron los hechos y a la conducta personal“.
“Por el delito de sedición los sancionados fueron 36, a los que se les impuso penas entre 5 y 25 años de privación de libertad“, añade la nota.
Según la fiscalía “a 84 acusados se les subsidió la sanción de privación de libertad, por otras penas alternativas que no implican —en principio, bajo condición de buena conducta—, su ingreso a prisión“. Entre estas penas alternativas se cuentan las de trabajo correccional con y sin internamiento, y limitación de libertad. “En esta decisión se encuentran incluidos 15 de los jóvenes con edades entre 16 y 18 años“, refiere la FGR.
En Cuba, la edad mínima penal es de 16 años.
INFORMACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SOBRE LOS PROCESOS PENALES DERIVADOS DE LOS DISTURBIOS PROVOCADOS EL 11 DE JULIO DE 2021https://t.co/P3qvFuhOlO
— Fiscalía de Cuba (@FGR_Cuba) June 13, 2022
En su comunicación, la FGR recuerda que “el quebrantamiento de las obligaciones impuestas por el Tribunal en sus sentencias o la comisión de un nuevo hecho delictivo, trae como consecuencia la revocación de la sanción subsidiaria y el cumplimiento del resto de la pena originalmente fijada, en privación de libertad“.
Además, afirma que “en las sentencias dictadas los Tribunales Populares se pronunciaron en cada caso por la responsabilidad civil de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas, como consecuencia de los hechos cometidos, y la reparación de los daños ocasionados a las entidades“.
Y finalmente señala que “en estos momentos corresponde el inicio del proceso de ejecución de las sanciones firmes impuestas, y durante su cumplimiento velar porque se alcancen los fines educativos, coercitivos y preventivos de estas, el reforzamiento de los valores, la rectificación de la conducta de los sancionados y su reinserción social“.
Por su parte, la fiscal jefa de la dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República, Lisnay María Mederos, comentó al sitio oficial Cubadebate que “durante la tramitación de estos procesos, se verificó el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso y se controló las investigaciones practicadas por los órganos del Ministerio del Interior“.
“Los abogados mantuvieron comunicación con sus representados, accedieron a las actuaciones y aportaron las pruebas que consideraron oportunas”, añadió Mederos, quien dijo que la actuación de la fiscalía “se sustentó en un conjunto de pruebas documentales, testificales y periciales, que permitieron establecer y determinar la participación de los acusados en hechos que tipifican como delito en el Código Penal vigente”.
Lo anterior contrasta con testimonios de activistas y familiares de condenados, que han alegado falta de garantías, fabricación de pruebas y otras irregularidades en los procesos, al tiempo que han criticado lo elevado de las penas impuestas, si bien recientemente se informó que el Tribunal Supremo de la Isla había reducido la condena de algunos manifestantes.
Tribunal Supremo de Cuba reduce penas a 15 manifestantes del 11J
Según la agencia EFE, los números dados a conocer este lunes no coinciden con los que han publicado distintas ONG desde que se comenzaron a suceder los juicios por el 11J a finales de 2021. Prisoners Defenders, por ejemplo, apuntó el pasado ocho de junio que un total de 168 manifestantes habían sido procesados solamente por el delito de sedición y que 246 contaban con penas firmes de prisión de 10 años o más.
Esta propia organización con sede en Madrid ha señalado que al menos 1.046 personas se encontraban hasta mayo en prisión en la Isla por motivos políticos, en su mayoría por las protestas de julio de 2021. Ni las autoridades ni los medios oficiales de Cuba reconocen la existencia de presos políticos en el país y atribuyen a estas personas delitos como los que motivaron los procesos contra los manifestantes.
A finales de mayo, la organización Justicia 11J informó que 519 de 564 personas que habían sido juzgadas en Cuba por las manifestaciones —un 92 %— fueron condenadas y 40 aún esperaban su sentencia, apunta el medio español.
Por su parte, la propia FGR aseguró en enero que se había procesado a 790 personas por “actos vandálicos” y “graves alteraciones del orden”, de las cuales 55 tenían entre 16 y 17 años.
La fiscalía aseguró entonces que en estos casos ha verificado “el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso”, pese a las “manipulaciones y matrices de opinión, que pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos”.
Según el comunicado emitido en esa ocasión, después de concluida la investigación la FGR recibió 117 expedientes de fase preparatoria sobre los hechos “de mayor connotación”, estos expedientes implicaban a 790 personas instruidas “por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden”. Según la notificación, el 21% tenía antecedentes penales.
De ese total se habían presentado en ese momento a los tribunales 110 expedientes, con 710 acusados para su juzgamiento. De ellos, el 69 % quedaron en prisión provisional como medida cautelar a la espera de juicio.
EFE / OnCuba
