Las autoridades de Caimanera confirmaron que los manifestantes detenidos tras la protesta del pasado sábado en esa localidad de Guantánamo serán llevados a juicio.
“Hechos de esta índole que atentan contra la paz social no quedarán impunes y los infractores serán presentados ante los órganos judiciales”, sostiene una nota del gobierno local, firmada por Saimara Llamaré Galano, presidenta de la Asamblea del Poder Popular de ese municipio.
La comunicación no precisa el número de manifestantes que se encuentran en esta situación y asegura que los detenidos serán enjuiciados “con todas las garantías constitucionales y respeto de sus derechos”.
El pasado sábado, pobladores de Caimanera, municipio cubano más cercano a la base naval de Guantánamo, se manifestaron públicamente por las calles de esa localidad y frente a las sedes gubernamentales.
La protesta, según dijeron entonces autoridades y medios oficiales, se debió a “insatisfacciones y necesidades poblacionales que no han sido atendidas con sistematicidad y otras que requieren ser atendidas”.
El hecho se volvió rápidamente viral en las redes y fue divulgado y compartido por medios extranjeros y alternativos.
Durante la protesta se produjo un corte de Internet en Cuba que se extendió por varias horas, según reportes de numerosos usuarios.
En los videos publicados en redes se pueden ver a numerosas personas caminando y manifestándose públicamente, mientras muchos filmaban lo que sucedía. Videos posteriores muestran detenciones y acciones represivas contra los manifestantes.
Sobre los hechos, la presidenta de la Asamblea Municipal de Caimanera reitera la versión oficial, según la cual “varias personas en estado de embriaguez (…) pretendieron perturbar la tranquilidad ciudadana”.
Llamaré Galano afirma que “al llamado de la población, acudieron al lugar autoridades del territorio con el objetivo de atender la situación”.
“Las referidas personas eludieron el diálogo civilizado para exponer sus reclamos y actuaron con la manifiesta intención de alterar el orden público, por lo que se requirió la correspondiente acción policial”, añade, sin brindar más detalles sobre lo ocurrido.
La funcionaria comentó que “las autoridades del municipio, como servidores públicos, tenemos la responsabilidad de mantener un permanente diálogo con la población” y denunció “la campaña orquestada desde el exterior” a raíz de la protesta.
Cuba vivió hace casi dos años, en julio de 2021, las mayores protestas antigubernamentales en décadas, en medio de una crisis económica recrudecida por la pandemia.
Cientos de manifestantes fueron detenidos y condenados a fuertes penas por los hechos, considerados por el Gobierno como actos de “vandalismo” y “sedición” , y parte de una “operación de cambio de régimen” alentada desde Estados Unidos.
Los juicios contra los manifestantes del 11J en Cuba se han llevado a cabo desde finales de 2021 y su realización no ha estado exenta de polémicas.
Familiares de los condenados, activistas opositores y ONGs han criticado estos procesos, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas.
Mientras, el Tribunal Supremo cubano y otras autoridades de la Isla aseguran que se ha observado el debido proceso y se han respetado las garantías judiciales en todas las causas abiertas por estas manifestaciones.
