Intercambio de embajadas: Una victoria de la diplomacia y la democracia

Los gobiernos de Estados Unidos y Cuba están abriendo embajadas esta semana en La Habana y Washington, un hecho que constituye un parteaguas trascendental en la ruta hacia la normalización plena de relaciones entre ambos estados y sociedades.

Este suceso representa también una enorme victoria para la democracia porque los dos gobiernos han obrado siguiendo el sentir de la gran mayoría de sus pueblos. Los pasos dados por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro son la expresión de fuertes tendencias que en ambas sociedades favorecen el establecimiento de relaciones pacíficas y constructivas entre Cuba y EE.UU.

Dejemos clara la historia que ha conducido a este momento. La apertura bilateral del 17 de diciembre no es el resultado del accionar de unos cuantos empresarios y miembros de grupos de presión gubernamental aparecidos a última hora, sino el triunfo de la resistencia nacionalista del pueblo cubano contra cinco décadas de embargo –una política que todavía es contraproducente, inmoral e ilegal según las disposiciones del derecho internacional.

Desde la época de Kennedy, y en especial a partir del último año del gobierno de Johnson, cada una de las mentes brillantes que pasaron por el Departamento de Estado vio en el embargo una carga lesiva para los valores e intereses de EE.UU. en el mundo. En 1996, los abogados del Departamento de Estado le advirtieron al Secretario Warren Christopher que aprobar la Ley Helms-Burton dañaría las relaciones de EE.UU. con sus aliados, su estatus en derecho internacional y la promoción de la democracia en Cuba.

De conjunto con los nacionalistas cubanos, numerosas circunscripciones en Estados Unidos ganaron a nivel de base la batalla por un cambio de política desde el final de la década de los noventa. Especial mención merecen los grupos religiosos del Consejo Nacional de Iglesias, la izquierda norteamericana y los cubanoamericanos moderados y progresistas que llevaron su causa al corazón de circunscripciones mal informadas y dogmatizadas con respecto a Cuba. Hubo cubanoamericanos, como Carlos Muñiz y Luciano Nieves, que pagaron con sus vidas su devoción a la causa de las buenas relaciones entre los dos países. Hacia el final del gobierno de Clinton, la posición de apoyo al embargo perdió más y más terreno entre los libertarios, los agricultores y los grupos empresariales en general. Era cuestión de despertar los apetitos de la comunidad empresarial norteamericana de relacionarse con Cuba, algo que comenzó a pasar a partir de los procesos de reformas económicas y de liberalización política promovidos por el gobierno de Raúl Castro desde 2009.

La normalidad es una meta, pero la normalización es un proceso. Después de restablecer relaciones diplomáticas, Cuba y Estados Unidos necesitan ocuparse de los daños causados por el embargo/bloqueo y la nacionalización de las propiedades norteamericanas que no fueron compensadas por el gobierno de Fidel Castro a inicios de los años sesenta. No obstante, los dos países tampoco deberían dejar que esos temas paralicen la agenda de la normalización. Los actos de izamiento de banderas y las nuevas misiones diplomáticas son más que simbólicos porque abren las puertas a relaciones significativas entre las dos naciones.

Ahora se necesita un incremento decisivo del personal diplomático en Washington D.C. para responder al interés creciente que hay en EE.UU. por los viajes a Cuba y por conocer más del país. A todo lo largo de EE.UU. hay grupos empresariales, clubes sociales, universidades, iglesias, y otras comunidades que tienen sed de información sobre Cuba, y que desean encontrar la manera ideal de interactuar con la isla.

La coalición anti-embargo no debería perder esta oportunidad. Hay diferencias lógicas en las narrativas y visiones de los grupos empresariales, religiosos y entidades humanitarias, pero debería haber espacio para todo el que respete la soberanía de los dos países. Para diferenciarse de aquellos que tienen un plan para subvertir el régimen cubano, las organizaciones norteamericanas que establezcan vínculos con Cuba deberían elaborar una declaración común de principios que denuncie el embargo que sustenta la Ley Helms Burton como una violación de los derechos humanos de los ciudadanos de ambos países.

Es urgente abrir una misión de exteriores del Departamento de Agricultura de EE.UU. en la nueva embajada en La Habana. En el camino hacia las elecciones presidenciales y congresionales de 2016, los estados agrícolas del oeste y centro-oeste del país van a ser campos de batalla fundamentales. Es hora de que las relaciones comerciales y académicas de estos estados con Cuba den frutos políticos, y de que los políticos de Iowa, Missouri, Colorado y Ohio que están a favor del embargo paguen caro su posición. El presidente Obama debería usar toda su autoridad presidencial para desmantelar el embargo tanto como sea posible. Debe explorarse toda legalización posible del comercio con los sectores estatales y no estatales en Cuba, el intercambio académico y la cooperación entre los dos gobiernos.

En septiembre próximo, Obama puede sencillamente dejar de renovar su potestad presidencial de sancionar a Cuba según lo establecido por la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917. Solo haciendo eso, el presidente puede abrir las puertas de los tribunales norteamericanos a demandas contra la autoridad del Congreso de limitar los viajes de los ciudadanos de EE.UU. por razones ajenas a la seguridad nacional, según lo establecido por la rama ejecutiva en el Artículo II de la Constitución de EE.UU.

La Corte Suprema, en su veredicto en el caso Regan versus Wald de 1984, favoreció, por mayoría de 5 a 4, la potestad presidencial de controlar los viajes y las transacciones con países considerados enemigos. Ninguna decisión anterior de ese máximo órgano de justicia había respaldado la autoridad del Congreso de interferir con el derecho constitucional de los norteamericanos a viajar para promover la democracia en otros países, mejorar las condiciones medioambientales, o dar curso a cualquier otra motivación.

Ambos países deberían además nombrar embajadores. Obama debería nominar a otra persona que no sea Jeffrey DeLaurentis, el actual jefe de la Sección de Intereses. DeLaurentis es un diplomático profesional muy conocido con una larga experiencia en Cuba, que en los próximos meses tendrá que concentrarse en la implementación de toda la agenda de los cambios que ya se han adoptado. Ya que Marco Rubio y Ted Cruz anunciaron sus intenciones de bloquear la nominación de cualquier embajador para el puesto en Cuba, el presidente debería hacer lo posible para denunciar que esa posición daña los intereses nacionales de Estados Unidos. Obama debería designar una figura política de centro, como Christopher Dodd o Dick Lugar. En el peor de los casos podría hacer el nombramiento durante el receso del Senado al final del mandato para poner a Cruz y a Rubio en sus lugares respectivos.

El presidente Raúl Castro debería seguir el ejemplo de su hermano Fidel y echar a andar una gran iniciativa para acelerar el proceso de reconciliación con la comunidad cubanoamericana. El gobierno de Cuba debería atender las demandas legítimas de la comunidad nacionalista de emigrados que desea participar en el proceso de reformas que está teniendo lugar. Algunos de esos cambios corrigen algunas de las querellas de base que causaron la desavenencia inicial con el gobierno. El gobierno de La Habana debería eliminar todas las barreras oficiales y las actitudes negativas hacia las inversiones de los emigrados en Cuba y eliminar todos los obstáculos que impiden el acceso de los cubanos a internet y su entrada a su país de origen por vía marítima.

Ahora es el momento de desmantelar esas murallas. Como la gran potencia que es en esta relación desigual, Estados Unidos tiene la oportunidad de desmantelar unilateralmente las estructuras que sustentan la hostilidad sin correr ningún riesgo. La reciprocidad es un concepto legal útil para la diplomacia, pero es políticamente perjudicial en relaciones desiguales. Cuba no puede sacar a Estados Unidos de ninguna lista negativa ni devolver una base naval situada en territorio norteamericano. Del mismo modo, Cuba no puede esperar las deferencias que se le dispensan a una gran potencia mundial porque no está en esa categoría. Tanto Cuba como Estados Unidos hacen gala de un gran orgullo nacionalista. El actual proceso de normalización puede reforzar ese orgullo con el logro de un resultado en el que ganen todos.

*Arturo Lopez-Levy es profesor visitante en Mills College, California, y doctorante en la Facultad Josef Korbel de Estudios Internacionales de la Universidad de Denver.