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Diversas señales presagiaban el último despropósito ministerial, que solo representa una expresión estridente —un tanto inesperada por su portavoz— de la forma habitual en que el discurso oficial construye y transmite la narrativa sobre la realidad cubana. No es algo nuevo: tiene antecedentes en la negativa habitual de las autoridades a usar la palabra pobreza, así como en la denominación “Período especial en tiempo de paz” para designar la crisis de los 90, y en la etapa post COVID-19 se introducen otras variantes.
Es una narrativa que evade los términos de mayor fuerza explicativa para referirse a la crisis —la policrisis— que vivimos, y prefiere nombrarla como “la compleja situación”: económica, energética, de abastecimientos, meteorológica, sanitaria, epidemiológica, de la producción de alimentos, y etcétera.
Esta forma de nombrar las cosas dibuja un mapa sectorizado que subvalora las articulaciones, sincronizaciones y el reforzamiento mutuo de las “complejas situaciones” particulares, lo que impide a la política captar el impacto exponencial de su concatenación y atenúa su carácter general, estructural y sistémico.
Es inadmisible que al analizar las causas de la “compleja situación” se coloque en primer plano el bloqueo estadounidense, y después se mencionen “nuestros propios errores”, sin decir exactamente cuáles son, ni rendir cuentas sobre ellos, ni asumir responsabilidades al nivel que corresponda.
También lo es que se defina el programa de gobierno para gestionar “la compleja situación” como corrección de distorsiones y profundas desviaciones estructurales y reactivación de la economía, sin identificar concretamente tales distorsiones ni mostrar la estrategia integral de cambio estructural y de modelo que una policrisis exige.
Que, al hacer frente a críticas, demandas y protestas nacidas de la precarización de la vida cotidiana que la “compleja situación” ha generado para toda la población —especialmente para, al menos, un 45 % en situación de pobreza (según mis propios cálculos)—, se opte por enmarcarlas, en su mayoría, como ilegítimas, mercenarias o violentas; por desmoralizar o reprimir tales actitudes, sin abrir la opción para el diálogo entre diversidades y saberes ciudadanos que quieran contribuir a la cimentación pacífica y colaborativa de un país mejor.
Esta manera de construir realidad con palabras y datos que disminuyen los problemas tiene su correlato en el ámbito de la problemática social. La Calle ya se ha referido al tema, con preocupación, señalando, por ejemplo, que la preferencia por la pobreza multidimensional como enfoque para medir avances en los objetivos de la Agenda 2030 —y considerar que los ingresos personales y familiares no son definitorios para la satisfacción de las necesidades esenciales— subvalora de forma dramática la proporción real de los grupos carenciados y la magnitud de su drama cotidiano.
Así también, a propósito de un texto del periódico Granma del pasado marzo, esta columna mostró que, tras la justa y necesaria declaración de que la mendicidad es un fenómeno social ligado a la desigualdad y la pobreza, el artículo se concentra en mostrar sus vínculos con prácticas violatorias de la legalidad, constitutivas de delito y, en consecuencia, sancionables.
Añade la magistrada articulista que la familia está obligada por ley a satisfacer las necesidades de sustento, habitación, conservación de la salud, recreación, cuidado personal y afectivo, y que, cuando ello no sea posible, el Estado —a través del régimen de Asistencia Social— se encarga de su protección.
Nuevos episodios de viejos lastres
La Dirección de Trabajo y Seguridad Social provincial en Santiago de Cuba dijo al periódico Sierra Maestra que el incumplimiento familiar de lo establecido en el nuevo Código de las Familias —que define con claridad las responsabilidades para con sus miembros vulnerables— es una de las principales causas detectadas del aumento de los deambulantes en la ciudad.
En abril de este año, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social anunció la aprobación de nuevas normas de atención a deambulantes. El propósito es modernizar servicios sociales comunitarios que contribuyan a la rehabilitación y reinserción social de estas personas, a través de los centros de protección social y de equipos multidisciplinarios presididos por el intendente e integrados por trabajadores sociales, representantes de salud y la Policía Nacional Revolucionaria. En casos con menores, se incluyen el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior.
Los equipos evalúan cada caso, buscando soluciones personalizadas y sostenibles, como reinserción familiar, traslado a provincias de origen, ingreso a instituciones o acceso a subsidios y viviendas temporales. Se incluye también atención médica y acompañamiento social y psicológico para restauración del sentido de pertenencia y autoestima.
Visibilizar y atender la mendicidad como situación de carencia extrema, y establecer servicios para su protección, es un avance en términos de reconocimiento de la situación social crítica en el país y de políticas de derecho e inclusión social.
Sin embargo, la norma introduce una definición de las personas que viven en la calle muy parcial: “la conducta deambulante es un trastorno del comportamiento humano multicausal que constituye un modo de vida caracterizado por la inestabilidad y la inseguridad en el hogar, carencia de autocuidado y autonomía económica, de atención o amparo familiar, así como de un proyecto de vida favorable, o una combinación de dichos factores. Habitualmente, se evidencia mediante la transgresión de las normas de convivencia y disciplina social”.
La definición omite la referencia a la pobreza de quienes padecen esta condición y sus causas estructurales, enfatiza los factores conductuales individuales y abre paso, con ello, a fórmulas revictimizadoras y de control.
Una directiva del MTSS explicó a Granma que la norma dispone actuar con aquellos que, sin tener asociada una discapacidad intelectual o mental, se niegan al trabajo profiláctico, y establece el protocolo de actuación para la detección, información y traslado de las personas con conducta deambulante, donde se incorpora el componente preventivo y la participación y control popular.
Trastornos del comportamiento humano, familias que no cumplen sus obligaciones, personas inescrupulosas que se aprovechan de las carencias de otras para lucrar, y mendigos que no tendrían que serlo forman el set de causas/culpables de la mendicidad.
Estos ejemplos bastan para mostrar cómo el discurso político que no da cuenta de la realidad ni de las causas sociales de las situaciones críticas está extendido e incrustado en las más diversas zonas de la dirección del país, y termina inspirando políticas públicas muy por debajo de la gravedad de los problemas, desplazando una parte importante de la responsabilidad de las soluciones posibles hacia familias e individuos que, generalmente, no están en condiciones de hacerse cargo de ellas. Con ello, su potencial de cambio queda debilitado, mientras se expande su efecto revictimizador y de reproducción de los problemas que pretende superar. Una evidencia más de la ruptura del pacto social basado en la equidad y la inclusión.
Lo asombroso, para mí, es que haya sido precisamente la ministra de Trabajo y Seguridad Social la que diera una vuelta de tuerca a esa narrativa para llegar a extremos típicamente neoliberales: negando la existencia de pobreza, tildando a los mendigos de falsos y llamando a no ejercitar la solidaridad individual hacia ellos.
Me asombra porque ese ministerio ha convocado un equipo técnico asesor formado por académicos y académicas de mucha experiencia en la investigación de desigualdades, pobreza, exclusión y problemas laborales, que han transmitido su visión crítica a la institución.
Me asombra porque el MTSS cuenta con directivos y especialistas —muchos provenientes del trabajo social— conocedores de las realidades crudas, con sensibilidad hacia ellas y capacidad de trabajo colaborativo con la academia en la formulación de sus políticas sociales.
El MTSS creó su Observatorio Social y Laboral, y con él produce y estudia información proveniente de la base. Este sería un buen caso de estudio sobre mentalidades de los directivos y su influencia en políticas públicas.
Me gustaría extraer algunas lecciones de este affaire.
La primera es que la expresión de la ministra de Trabajo es solo un emergente, salido del marco de interpretaciones tendenciosas de la realidad incrustadas en la esfera política y de gobierno. Su renuncia, destitución o “liberación” no resuelve el problema.
El asunto, más allá de ella misma, es mucho más grave que lo que consideran su error: “abordar con superficialidad temas que centran la gestión política y gubernamental”. Rebasa toda medida de superficialidad.
Esas expresiones formaron parte de su intervención en las Comisiones de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos de la Mujer de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y los miembros de las comisiones las escucharon y aplaudieron sin expresar un criterio contrario, sin discutir un enfoque tan lejano a lo que debería ser la misión de la Asamblea, sin abandonar la sala en señal de protesta.
Pero la gente en la calle y en las redes estaba atenta y no lo dejó pasar. La negación de la realidad funcionó como un impulso. Los juicios críticos más ácidos se expresaron sin esperar y se exigió la destitución, demanda claramente construida desde adentro, sin necesidad de impulsos foráneos y a la que se adhirieron, vía redes, las más diversas posturas ideológicas. A esas demandas puede atribuirse una fuerza no despreciable para que la presidencia se desmarcara del punto de vista de la ministra, diversos directivos reiteraran la vocación humanista de la institucionalidad y sus políticas, y el “no dejar a nadie desamparado”.
A la par, el primer ministro anunció que, a partir de septiembre, se implementará un incremento de pensiones para los jubilados que actualmente reciben hasta 4 mil pesos mensuales, con la finalidad de aliviar la “compleja situación” económica de este sector, seguramente tomada desde antes, lleva en ella también presiones ciudadanas que han mostrado una preocupación especial por la dignidad de la tercera edad. Alerta: ese incremento es una mejoría leve, pero 4 mil CUP es un monto por debajo de la cobertura de necesidades básicas.
Desautorización, destitución, ratificación discursiva del compromiso con los más vulnerables, y aumento de pensiones no es suficiente. Mostrar un verdadero desmarque de esas posiciones exige, de momento, transitar dos caminos: discutir el silencio de los diputados, la composición de la Asamblea y sus reales posibilidades de ejercicio crítico y de hacer contrapeso a altos cargos e instituciones poderosas. Y no es que no supiéramos desde hace tiempo que la asamblea no funciona, sino que este incidente lo gritó en un escenario saturado de tensiones y en el límite de lo cotidianamente sobrellevable para la mayoría.
El segundo camino es someter a análisis las políticas de inclusión en curso, desde la óptica de su real capacidad para articularse con cambios estructurales y sistémicos y para interrumpir y revertir la reproducción de los problemas que atienden (pobreza, vulnerabilidades, violencia, brechas de equidad racializadas y de género, entre otras), los respectivos encadenamientos económicos que las doten de los recursos necesarios y sostenibilidad, y los mecanismos concretos de implementación, participación y transparencia.
Esto no será posible sin una ciudadanía activa y solidaria, capaz de asumir “la realidad real” (sí, con redundancia intencional) sin miedo, especialmente frente a las políticas sociales. Una ciudadanía que no se conforme con consultas verticales cuyo destino desconocemos, pero que sí fomente y valore todas las formas de solidaridad y caridad que deseen contribuir. Esa puerta acaba de abrirse, y lo más importante es el mensaje que deja tanto a la dirección del país como a nosotros mismos: la justicia social convoca, y es un punto de encuentro entre quienes piensan diferente.
