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Nadie podría negar que la economía cubana ha tenido importantes cambios durante los últimos 10 años. Hoy está caracterizada por una mayor diversidad en sus formas de propiedad y de gestión, tiene mayores niveles de descentralización, más apertura a la inversión extranjera, mayores espacios de mercado, etc. Sin embargo, los problemas más profundos que causan la actual crisis, más allá del duro e innegable impacto de la política de agresión, están aún lejos de haberse transformado en la medida y con la integralidad posible y necesaria.
Recientemente se ha establecido un nuevo intento de mercado monetario, con el propósito de poner bajo control y regulación del Banco Central las transacciones de monedas en el territorio nacional. Algunos de sus objetivos son desplazar la dinámica de los mercados paralelos, actuar sobre la inflación y captar una mayor cantidad de las divisas que por diferentes vías entran al país y que hasta el momento circulan básicamente por circuitos paralelos a una tasa de cambio reportada desde el exterior.
Esta última decisión ha dado lugar a la coexistencia de varias tasas de cambio oficiales, y al establecimiento de espacios de concurrencia diferenciados para los distintos actores económicos, incluyendo a los ciudadanos como individuos.
En realidad, lo nuevo respecto a la situación anterior es la incorporación de una tercera tasa oficial, su carácter flotante y la determinación de los actores que concurren a ella. El diferencial entre las actuales tasas oficiales es enorme: 24, 120 y 410 (esta última se supone bajo flotación permanente, respondiendo al movimiento de la oferta y la demanda y la regulación del Banco Central).
Su funcionamiento como lugar de transacciones tanto de venta como de compra de divisas está sin demostrarse en la práctica; esto último es fundamental porque, mientras así no suceda, los espacios a un mercado paralelo que paga mejor la divisa no se habrán cerrado.
En nuestra opinión, la gradualidad en el avance de estos procesos, hasta su necesaria convergencia en una tasa única económicamente fundamentada, es una necesidad, porque de lo contrario se generarían impactos muy fuertes y abruptos sobre amplios sectores de una población fatigada que recibiría aún mayores golpes inflacionarios.
Sin embargo, esa gradualidad no debe ser sinónimo ni de lentitud y mucho menos de parálisis, debería ser parte de una ruta clara y transparente en el manejo articulado de la política económica del país, incluida la política tributaria, la política social, etc.
Efectivamente, esta diversidad de tasas de cambio permite sostener un subsidio a las empresas del Estado y evita mayores impactos inflacionarios; una devaluación fuerte y abrupta del tipo de cambio empresarial volvería, como sucedió con el ordenamiento, a un nuevo incremento y mayor subida de los precios relativos.
Sin embargo, a pesar o quizás también como consecuencia, la gran mayoría de las empresas estatales continúan entre la irrentabilidad o niveles muy bajos de rentabilidad, lo cual, entre otras cosas, impide su mayor aporte a los ingresos y presupuestos del gobierno central y acentúa el actual déficit de oferta de bienes y servicios y con esto profundiza la recesión.
Esta alternativa para sostener los subsidios temporales y puntuales que requiere el sector empresarial a través de la aplicación de tasas de cambios diferenciadas, con un cambio sobrevaluado para estas, no es la única forma de hacerlo, tampoco necesariamente la más conveniente. Es algo que se debería discutir con mayor profundidad, pero los serios problemas del sector empresarial van más allá de los subsidios de que son objeto a través de la política cambiaria o de cualquier otra forma que se pudiera establecer.
El problema de la baja productividad y eficiencia de las empresas no es la consecuencia de un único factor económico; es el funcionamiento general del sistema empresarial el que es obsoleto y debe ser objeto de cambios profundos, incluidos los efectos de la actual planificación burocrática, la insuficiencia de los mercados, la real y efectiva autonomía empresarial, etc.
El establecimiento de un mercado monetario bajo control y respaldo del Estado es un factor necesario de la reforma económica que debe ser. Así lo han (hemos) venido reclamando una buena parte de los economistas más destacados del país. Sin embargo, esto no es efectivo de cualquier forma.
Las evidencias han demostrado hasta la saciedad cómo medidas fundamentales quedan anuladas o tienen efectos contrarios a sus objetivos preestablecidos cuando se violan factores como la integralidad de las transformaciones y la secuencia que estas deben llevar. Como hemos señalado, el ejemplo más notorio de estos errores, aunque no el único, ha sido el “ordenamiento” monetario largamente estudiado por el equipo de Gobierno al que se le asignó esa tarea y su implementación de golpe a principios del año 2021. Sus negativos resultados han estado y están presentes hasta hoy.
La diversidad de tasas de cambio ha sido empleada en diferentes países en condiciones que se han requerido, pero, dadas las distorsiones que esto crea, es imprescindible una gran capacidad por parte del Estado para conducir y controlar la complejidad de este proceso y un explícito plan de salida hacia una tasa única.
Otra medida importante y positiva, según fue declarado muy recientemente por el Gobierno en la última Feria de La Habana, ha sido el establecimiento de mayores incentivos y espacios a la inversión extranjera.
Un mayor flujo de recursos es vital para la recuperación de la economía. Sin embargo, están presentes y casi petrificados otros factores en el funcionamiento general de la economía interna que con frecuencia anulan los posibles efectos de los mayores incentivos a la inversión foránea. Claro que la falta de capacidad de pago del país es uno de ellos, pero no es el único ni el único importante.
En el caso de Cuba, medidas relevantes como las aquí tratadas —el establecimiento de un mercado monetario bajo control y respaldo del banco central y los mayores incentivos a la inversión extranjera— difícilmente tengan el impacto positivo y prolongado que se pretende si no están conectadas con un programa integral de reestructuración del modelo económico y también de la estrategia de desarrollo del país. Al día de hoy nada de eso está claro.
Sin el avance de estas transformaciones internas, tampoco sería posible aprovechar los nuevos espacios que se abren a nivel internacional como resultado de la clara emergencia de un mundo multipolar.
Las recientes medidas que aquí hemos comentado derivan del también recién presentado y discutido programa de gobierno para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”. Sin embargo, como hemos expresado y argumentado en otros textos, este está aún lejos de ser el programa necesario para la conducción certera y sistemática de las profundas transformaciones que con urgencia requiere la economía nacional.
Nada de esto está reñido con la necesidad de atender las prioridades, como es, por ejemplo, la gran crisis energética que sufre el país y que se ha acentuado notablemente. Es obvio que sin energía casi nada funciona y la economía no puede crecer. Hay también otras prioridades a las cuales nos hemos referido en otros textos, pero esto no puede ser un argumento para perder lo que debe ser la perspectiva estratégica de la transformación, sin eso no habrá nada perdurable ni salida posible de le crisis. A pesar de la gravedad de la situación, no se debe mantener una mentalidad de simple supervivencia.
No hay dudas de que la economía cubana está en condiciones muy recias, sometida a una política de agresión que se plantea abiertamente derrotar al actual gobierno y cambiar el sistema político al cual dio lugar un proceso revolucionario que se acerca a cumplir siete décadas de difícil existencia.
Pero su posible recuperación no depende únicamente del cese de esa política de hostilidad, cuya dinámica está fuera del alcance del Gobierno cubano. Depende también y en gran medida, como hemos argumentado en extenso en diferentes textos y espacios, de la rápida, bien diseñada, profunda e integral reestructuración de la economía nacional.
El tiempo apremia y aprieta. La economía continúa en caída libre. La contracción en este año 2025 que termina lleva el producto a un nivel muy por debajo del alcanzado hace ya 6 años. ¿Hay soluciones fáciles? Obviamente no, pero la inercia, la insistencia en una ruta claramente agotada, las medidas parciales e inconexas no deben ser una opción; las partes deben integrar de manera articulada y coherente el todo. Es la economía y es la política y es también la economía política. Sin esa perspectiva integral no hay avance posible.
*Este texto fue publicado originalmente en el perfil de Facebook de su autor. Se reproduce con su expreso consentimiento.
