La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad este jueves una ley de amnistía general, impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez.
La medida abarca los 27 años de chavismo, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 hasta la caída de Nicolás Maduro el pasado enero, reportaron agencias internacionales de prensa.
La misma promete la liberación masiva de presos políticos y marca un giro histórico en la vida política del país, aunque bajo la constante sombra de EE.UU, que mantiene un flujo constante de enviados de alto nivel hacia Caracas para supervisar los intereses operativos de Washington.
Un acto de “grandeza” y reconciliación
Rodríguez promulgó la ley en el Palacio de Miraflores, y la calificó como “un acto de grandeza”. “Hay que saber pedir perdón y hay que saber también recibir perdón”, dijo.
La presidenta encargada, que asumió tras la captura de Maduro en una incursión militar estadounidense el 3 de enero, destacó que la ley abre “nuevas alamedas para la política en Venezuela” y busca superar décadas de polarización.
Su hermano y líder de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, coincidió en que el país atraviesa un proceso de aprendizaje tras “dolores” que deben convertirse en persistencia democrática.
El poder legislativo aprobó artículo por artículo la normativa, que incluye 16 disposiciones y fue resultado de intensas negociaciones con juristas, familiares de presos y sectores opositores.
La aprobación fue seguida con emoción por familiares de detenidos que acampan desde hace semanas frente a cárceles y calabozos policiales. Afuera de la temida cárcel del Helicoide mujeres rezaban y contenían lágrimas mientras se transmitía el debate parlamentario por celulares.
Según la ONG Foro Penal, desde el inicio del proceso de liberaciones el 8 de enero, 448 opositores han quedado en libertad condicional, mientras 644 permanecen tras las rejas. La expectativa es que la nueva ley acelere excarcelaciones y permita el retorno de exiliados.
Artículos polémicos
El artículo 7, considerado la “manzana de la discordia”, finalmente se aprobó con modificaciones. El mismo establece que la amnistía cubre “a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos” en los 27 años del chavismo, siempre que “esté a derecho o se ponga a derecho”. Esto involucra a tribunales cuestionados por servir al oficialismo, aunque se habilita la representación de exiliados mediante apoderados.
El artículo 8 enumera 13 momentos clave, desde el golpe de Estado contra Chávez en 2002 hasta las protestas contra la reelección de Maduro en 2024. Críticos del Gobierno como Gonzalo Himiob, director de Foro Penal, consideran que esa delimitación es “excluyente” porque desconoce la persecución continua durante todo el período chavista.
El artículo 9 excluye a quienes hayan promovido o participado en acciones armadas con apoyo extranjero, así como a señalados de corrupción. Esto deja fuera a figuras como la opositora María Corina Machado, inhabilitada en varias ocasiones y acusada de llamar a invasiones, aunque nunca imputada formalmente.
La presidenta interina pidió al Parlamento y otras entidades vinculadas con el tema la evalucación de casos que no están contemplados en la nueva legislación para, dijo, “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y la justicia.
La mandataria venezolana, que se mostró “muy complacida” por la aprobación de la ley de amnistía, dijo que evaluar los casos no contemplados permitirá “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y la justicia.https://t.co/NaANskqj6B pic.twitter.com/PiVfPZ6BG6
— EFE Noticias (@EFEnoticias) February 20, 2026
Reacciones encontradas
Mientras, ex presos políticos expresaron reservas. “Rechazamos que esta medida sea interpretada como un perdón otorgado por el Estado”, dijo Nicmer Evans en un comunicado.
Los excarcelados reclaman reconocimiento de que la justicia fue instrumentalizada, reparación integral y la creación de una comisión de la verdad con participación internacional.
Organizaciones como Acceso a la Justicia advierten “graves deficiencias estructurales” en la ley y piden claridad jurídica sobre los cargos fabricados. También exigen que los expedientes no sean borrados, para que las víctimas puedan demostrar la falsedad de las acusaciones.
Uno de los casos más sonados es el de Juan Pablo Guanipa, exdiputado y aliado de Corina Machado, quien luego de ser uno de los excarcelados, tras nueve meses detenido bajo acusaciones de conspiración, fue recapturado y puesto bajo arresto domiciliario.
No obstante, tras la aprobación de la ley Guanipa dijo en sus redes que había sido liberado y se encontraba “en libertad plena”, aunque a la par criticó la ley, de la que dijo “no es ninguna amnistía” sino un documento que pretende “chantajear a muchos venezolanos inocentes”.
Por otra parte, la aprobación de la ley puso fin a una huelga de hambre iniciada el 14 de febrero por familiares de presos políticos frente a los calabozos de la Policía Nacional en Caracas. De las diez mujeres que comenzaron la protesta, solo una permanecía en ayuno el día de la votación. Tras seis días de presión, levantaron la medida al conocerse la sanción parlamentaria.
El gesto refleja el desgaste de quienes han acompañado durante años a detenidos y exiliados, y la esperanza de que la amnistía abra un camino hacia la reconciliación.
EEUU y la agenda petrolera
La amnistía se inscribe en una agenda más amplia que incluye la apertura petrolera y un vuelco en las relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019. Washington ha declarado estar “a cargo de la Venezuela pos-Maduro” y mantiene enviados de alto nivel en Caracas, lo que subraya la influencia estadounidense en el proceso político.
La captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero fue calificada por Delcy Rodríguez como “una agresión militar inédita por parte de una potencia nuclear”. Sin embargo, la mandataria interina insiste en que el país debe desprenderse del odio y la intolerancia para reencontrarse en paz.
Entretanto, la Asamblea Nacional designó una comisión especial para el seguimiento de la ley y pidió máxima aceleración en la revisión de casos.
Aunque la ley abre una puerta extraordinaria para la reconciliación, persisten dudas sobre su alcance real y sobre la exclusión de opositores clave. En opinión de medios y analistas, la amnistía es apenas el inicio de un proceso que deberá enfrentar la memoria, la verdad y la reparación de víctimas, tanto del lado del oficialismo como de la oposición.
