El excongresista federal David Rivera, quien fue arrestado el lunes en Atlanta y ha sido acusado de lavar dinero, perjudicar a Estados Unidos y abogar por el gobierno de Nicolás Maduro sin registrarse como agente extranjero, intentó al menos recabar la ayuda de su amigo el senador Marco Rubio, de acuerdo con trascendidos.
El nombre de Rubio no aparece mencionado en el acta de acusación contra Rivera. Hay apenas la referencia a un cierto “Senador 1”, definido como “senador de Estados Unidos por Florida”. El estado tiene dos senadores federales, ambos republicanos: el exgobernador Rick Scott y Rubio, un gran amigo de Rivera.
Rubio es, además, conocido por su enfrentamiento directo con el gobierno de Maduro y por ser un fuerte crítico del proceso venezolano con el apoyo de un sector de la comunidad venezolana en Estados Unidos.
El senador no está directamente acusado de nada y durante años, más recientemente en agosto pasado, ha negado su participación en los hechos o estar involucrado en algo parecido. “No tengo nada que ver con eso”, dijo a la cadena CBS en ese entonces.
Rivera y Esther Nuhfer, quien solía trabajar para Rubio, están acusados de usar su acceso al senador floridano y otros funcionarios electos para mejorar la posición de Venezuela ante Estados Unidos, que había impuesto estrictas sanciones contra el gobierno de Maduro.
Rivera firmó un contrato secreto de consultoría con la empresa petrolera estatal venezolana PDEVSA. El contrato era por 50 millones de dólares. La acusación federal sostiene que Rivera recibió más de 23 millones.
Según la acusación, Rivera y Nuhfer organizaron dos reuniones con Rubio para hablar sobre Venezuela. La primera tuvo lugar el 9 de julio de 2017 en una residencia privada en Washington DC. En ella Rivera le dijo a Rubio que estaba en contacto con un individuo identificado en la acusación como “Individuo extranjero 1″, quien, según esa misma fuente, “había persuadido al presidente Maduro para que aceptara un acuerdo mediante el cual celebraría elecciones libres”.
La acusación también revela un mensaje de texto que Rivera envió a Nuhfer y a otras dos personas no identificadas el 10 de julio de 2017, señalando que Rubio se reuniría con el presidente Trump al día siguiente “para decirle que tiene la posibilidad en sus manos de resolver la crisis en V [Venezuela]”
El 11 de julio, Rivera envió una serie de textos a Rubio: “Recuerden, Estados Unidos debe facilitar, no solo apoyar, una solución negociada”.
Es más, “sin venganza, reconciliación“.
El 12 de julio de 2017 Rubio se reunió de nuevo en un hotel de Washington con Rivera, Nuhfer y otras tres personas, incluido un “político venezolano“ que estaba hablando por teléfono. Según la acusación, el político venezolano era miembro de la Asamblea Nacional venezolana.
En última instancia, las discusiones no llegaron a ninguna parte. Sin embargo, en la acusación federal queda claro que Rivera y Nuhfer usaron sus vínculos con Rubio para solicitar millones de dólares al gobierno venezolano.
Rubio no ha hablado públicamente sobre la acusación, pero el martes su oficina envió al canal local de CBS en Miami una declaración en la que introduce un dato nuevo: la reunión de julio de 2017 con un político venezolano cercano a Maduro, Raúl Gorrín, que tuvo como objetivo pedir al senador hacerle llegar una carta al entonces presidente Trump de parte del mandatario venezolano.
“Durante una reunión de julio de 2017, el Sr. Rivera le dijo al Senador Rubio que el asociado cercano de Maduro, Raúl Gorrín, quería entregar personalmente una carta del dictador al presidente en la que se esbozaba un acuerdo para celebrar elecciones libres y justas y dejar el poder. Unos días después llegó Gorrín a una breve reunión en Washington, pero no produjo tal carta y ni siquiera mencionó la posibilidad de tal acuerdo”, dijo la declaración.
Y sigue: “Como indica explícitamente la acusación formal, el Sr. Rivera y sus asociados ‘nunca revelaron a ninguno de los funcionarios de los Estados Unidos con quienes se reunieron que estaban haciendo cabildeo en nombre del Gobierno de Venezuela’. Rubio comunicó directamente lo que ha dicho públicamente durante más de cinco años, que la única forma en que se deben levantar las sanciones es si el régimen acepta elecciones libres y justas. Si, como se alega, esto fue un esfuerzo por suavizar su postura sobre las sanciones, fracasó miserablemente”.
