En el Departamento de Estado, el corresponsal Matthew Lee siempre hace una pregunta sobre la votación en Naciones Unidas acerca del bloqueo a Cuba. En años anteriores, el portavoz de turno escuchaba y respondía “nuestra política sigue en pie” o cualquiera otra frase cortante.
En 2012, la situación se alteró un poco. Lee, un tan apasionado, quiso saber cuándo iban a comprender que el resto del mundo veía esa política es “un bodrio.” El incidente queda registrado para la posteridad en YouTube.
Este año, se ahorraron la reprimenda y le adelantaron la respuesta. Matthew Lee es uno de los dos periodistas de Associated Press a quienes un funcionario estadounidense confirmó en anonimato por qué su gobierno votará mañana contra la resolución presentada por Cuba a la Asamblea General de la ONU sobre la necesidad de levantar las sanciones y restricciones a su economía que Estados Unidos mantiene en vigor.
“El proyecto [se refiere al proyecto de Resolución presentado por Cuba] en su forma actual no refleja completamente el nuevo espíritu del compromiso entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría” explica la nota publicada por AP. El oficial gubernamental citado sugiere que están abiertos a una negociación en el tema y que la primera opción considerada era la abstención.
La gran novedad contenida en el documento preparado por los diplomáticos de La Habana es el análisis crítico de las medidas adoptadas desde Washington respecto al bloqueo durante el 2015 y una lista con trece prerrogativas que el presidente de Estados Unidos puede tomar por su cuenta para modificar esa política sin recurrir al Congreso.
¿Por qué otra vez la ONU?
Josefina Vidal, la funcionaria que encabeza por Cuba la comisión bilateral, lo advirtió al principio de las negociaciones: mientras haya bloqueo, emitirán una resolución anual y la enviarán a Nueva York. Desde el punto de vista de la Directora General de EE.UU. de la cancillería cubana, el muro de sanciones y restricciones económicos contra su país permanece casi intacto: a lo largo de 2015, el presidente Barack Obama y las agencias federales de su administración solo decretaron ligeras modificaciones que no alteran la esencia de la guerra económica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros libra desde las oficinas del Departamento del Tesoro.
Quien no se lo crea, puede consultar las 183 páginas del informe trilingüe que el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (MINREX) entregado al despacho del Secretario General de las Naciones Unidas, como es costumbre desde hace casi un cuarto de siglo.
Por primera vez, la política internacional de Cuba y Estados Unidos coinciden, ¿por qué los diplomáticos estadounidenses no votarán a favor de una resolución que, en apariencia, repite las mismas directrices que ha enviado de su Presidente? Un estudio de la versión 2015 del documento enviado a la ONU explicaría en parte la resistencia de Washington y su cambio de opinión (originalmente, planeaban abstenerse, repito).
El problema no sería votar contra el bloqueo mismo, sino a favor de una resolución que considera insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora y pide a la Administración Obama el uso de acción ejecutiva para levantar parcialmente la mayor parte de las sanciones y restricciones contra el país caribeño. Una solicitud que coincide con las propias palabras del inquilino de la Casa Blanca.
“Por ahora, hemos dicho que iremos paso por paso en busca de áreas y oportunidades dentro de nuestra autoridad”, admitió el Presidente estadounidense acerca de sus prerrogativas para modificar la mayor parte de los aspectos del bloqueo durante una ronda empresarial en septiembre pasado. “Mientras el Congreso mantenga el embargo, hay ciertas cosas que no podemos hacer. Pero hay algunas que sí, por ejemplo, en las telecomunicaciones y vamos a buscar oportunidades allí.”
Tanto Obama como Raúl Castro aclararon desde el principio que la normalización estaría cargada de diferencias. Las contradicciones están a la orden del día, y mantienen algunos de los hábitos anteriores a la reconciliación. Con su voto negativo, el gobierno de Estados Unidos expresaría al mundo su criterio acerca de las demandas inmediatas por parte de las autoridades de Cuba, interesadas en saltarse el Congreso y obtener los primeros capítulos del posbloqueo por decreto.