Esta semana la Comisión Europa ha reafirmado su vieja postura de que las empresas estadounidenses que cuestionen en los tribunales las relaciones económicas de los países miembros con Cuba, corren el riesgo de que sus bienes europeos sean confiscados.
Todo esto resurge después que en abril Washington haya decidido permitir la presentación de querellas por parte de ciudadanos estadounidenses contra empresas extranjeras que utilicen instalaciones o propiedades nacionalizadas en los albores de la Revolución Cubana, en el marco de la ley Helms-Burton.
En una carta dirigida a la Cámara de Comercio de Estados Unidos, citada por la agencia Bloomberg, la Comisión recuerda que las leyes europeas no reconocen la extraterritorialidad y autorizan la apertura de otras demandas como respuesta en el país de origen de la empresa afectada, donde se contemple la compensación por el mismo valor fijado por los juzgados estadounidenses.
O sea, por ejemplo, si un tribunal en Miami falla contra una empresa española que opera en Cuba por una cierta cantidad de dinero, esa empresa española puede acudir a un tribunal en Madrid a pedir un resarcimiento sobre esa cifra sacado de un bien en suelo europeo de la firma estadounidense que inició la demanda.
“Lo más probable es que el comienzo de una causa judicial en Estados Unidos desencadene un caso en que esas empresas puedan obtener una compensación por parte de los tribunales estadounidenses, pero para ver apenas la misma cantidad confiscada de sus operaciones europeas”, afirma la carta enviada por la Comisión Europea al vicepresidente de la Cámara de Comercio de EEUU, John G. Murphy.
La misiva recuerda que la legislación europea “permite a las empresas demandadas en Estados Unidos recuperar todo prejuicio a través de procedimientos legales contras los reclamantes estadounidenses” y “esos perjuicios pueden ser recuperados con la confiscación de propiedades europeas de los demandantes estadounidenses, personas que las representen o intermediarios, incluyendo las acciones que puedan tener en compañías europeas.
Hasta este viernes solo han dado entrada en los tribunales estadounidenses cuatro demandas al amparo de la Ley Helms-Burton, tres en Miami y una en Washington. Las radicadas en Florida conciernen apenas las instalaciones portuarias que fueron propiedad de dos empresas estadounidenses en Cuba que ya no existen y las demandas fueron presentadas por los herederos de las familias propietarias. La tercera es, hasta ahora, contra un conglomerado cubano por la explotación de un hotel en Camagüey. En el futuro pudiera incluir la hotelera española Meliá.
Pero la cuarta ha sido presentada por el gigante petrolero Exxon Mobil, cuyas refinerías y instalaciones de expendio de gasolina fueron nacionalizadas en 1960. Y Exxon Mobil tiene una vasta operación de extracción de petróleo y gas natural que abarca varios países europeos –Alemania, Italia, Holanda, Noruega, Reino Unido y Rumania– que representa el 14% de las operaciones mundiales de la entidad. De ganar la demanda, Exxon Mobil es conglomerado con mayor número de propiedades en Europa.
La advertencia europea a la Cámara de Comercio de Estados Unidos no es nueva. De hecho fue una de las razones de peso que llevó a los europeos a convencer a la Casa Blanca a suspender durante más de 20 años la aplicación del Titulo III de la Helms-Burton, tras la promulgación de la ley por el presidente Bill Clinton en el año 1996.
“Los europeos siempre fueron muy claros sobre su disgusto con la ley. Lo ven como una intervención en su soberanía por su carácter extraterritorial. No solo disponen de una ley a nivel europeo que protege sus inversiones en otros países, como todos los principales países de la Unión tienen sus leyes que protegen sus empresarios”, dijo a OnCuba el abogado Robert Muse, una inminencia en los aspectos legales del comercio transatlántico.
Tras la derogación de la veda a las demandas por las nacionalizaciones, varios abogados cubano-americanos se han referido a demandas contra varias empresas, como la española Meliá, pero nada ha sido presentado todavía en los tribunales estadounidenses.
Meliá, que tiene dos instalaciones hoteleras en Estados Unidos, es considerada una pionera en las inversiones extranjeras en Cuba. La demanda por parte de los herederos de los propietarios del hotel San Carlos, en Cienfuegos, que es administrado por Meliá, de momento ha dejado a la empresa española de fuera. “Todavía no los hemos demandado. Les hemos dado 30 días para que respondan a nuestras aspiraciones”, explicó a OnCuba, el abogado Andrés Rivero.