A finales de septiembre pasado, el periodista Manolo Rodríguez visitó una de las ferias agropecuarias que “cada fin de semana se organizan en La Habana”. Entre sus objetivos estaba resaltar la aceptación popular de los “canales de pago digitales” para ese tipo de compras. Pero encontró una realidad que en poco se parecía a la que había ido a buscar. La mayoría de los clientes sigue prefiriendo el dinero efectivo a los “canales digitales de pago”, por motivos que van desde la rapidez en las operaciones hasta la practicidad para ellos.
“Súper complicado. Si fuera con la tarjeta, esto, lo otro… esta cola no se terminaba nunca”, le dijo una señora de alrededor de 60 años. “No todo el mundo tiene celular. Yo misma soy jubilada y no tengo celular porque el dinero no me alcanza”, terció otra.
Las ferias agropecuarias son organizadas los sábados en al menos un punto de cada municipio de La Habana. Según el periodista, “cuentan con alta concurrencia debido a que los precios son controlados por los Gobiernos locales”. Aunque a ellas pueden asistir vendedores privados y estatales, prevalecen cooperativas y empresas agropecuarias de la capital y de Artemisa y Mayabeque.
Postergados
Desde su diseño, la política de bancarización ha puesto a los adultos mayores en desventaja. Sus dinámicas comerciales demandan un nivel de conocimiento y acceso a la tecnología inalcanzable para muchos de ellos. Además de un poder adquisitivo inferior, existe una brecha de alfabetización y acceso digital que hace que este grupo etario quede al margen de procesos de comercio y socialización electrónicos.
En marzo de 2022, el exministro de Economía y Planificación, José Luis Rodríguez, estimaba que unos 800 mil jubilados —la mitad de los existentes en el país— recibía la pensión mínima, de 1 528 pesos mensuales. Aplicando la tasa de cambio informal de entonces, el monto equivalía a cerca de 15 dólares. Un año y medio más tarde, el valor de la moneda nacional es dos veces y media menor.
La devaluación del peso, que impacta todos los ámbitos de la sociedad cubana, condiciona con particular crudeza los precios de los artículos importados. Entre ellos, los de los teléfonos inteligentes, que en la actualidad resulta imposible encontrar a precios por debajo de los 10 mil pesos en el mercado informal.
El teléfono inteligente es un dispositivo imprescindible para el comercio electrónico; incluso para acceder a servicios como el de caja extra, que el discurso oficial promociona como “alternativa” ante los insuficientes cajeros automáticos.
“Si uno no tiene teléfono para ‘leer’ el dichoso QR, ¿cómo se supone que lo manden a cobrar a la bodega?”, criticó Rogelio, un pensionado que vive en Guáimaro, uno de los cien municipios que en Cuba no cuentan con cajeros automáticos. Para contar con dinero en efectivo, sus 36 mil habitantes dependen de un puñado de cajas extra que prestan servicio fundamentalmente en la localidad cabecera, de cuatro pequeñas agencias bancarias, o de trasladarse a las ciudades más cercanas que disponen de cajeros: Las Tunas (45 kilómetros) y Nuevitas (60).
La primera de las opciones requiere que las unidades comerciales dispongan de suficiente efectivo; la segunda supone hacer largas colas y que haya fondos en caja; y la última resulta impensable dada la crisis del transporte. Para un anciano que vive en una comunidad apartada, las dificultades se multiplican.
Aun así, la intención del Gobierno es seguir reduciendo los pagos por nómina y que cada vez más ancianos cobren sus pensiones mediante tarjetas magnéticas, dijo en agosto la directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass), Virginia García. Unos 623 mil pensionados en Cuba (38 % del total) todavía reciben sus ingresos por vías tradicionales. Y antes de que termine 2023, al menos todos los residentes en La Habana serán pasados a las transferencias por tarjeta.
No obstante, García aceptó que “resulta difícil que todos los pensionados se inserten en la vía de los canales de pago electrónico, pues además de que no todos cuentan con las herramientas, el conocimiento y la costumbre, más del 70 % cobra pensión mínima, y cuando van a efectuar el cobro, sacan el efectivo completo”.
La bancarización seguirá su hoja de ruta con independencia de la realidad, y desde comienzos de 2022 creció el porcentaje de jubilados que reciben pensión mínima, con todo lo que ello implica en términos de vulnerabilidad social.
Caridad, camagüeyana de 69 años, a pesar de que no se cuenta entre quienes perciben ingresos mínimos, se siente al límite de la vulnerabilidad social. “No lo soy por la ayuda de mis hijos”, confesó. Tiene acumulados 37 años como maestra de primaria y cobra una jubilación anticipada para atender a su madre enferma. Para ella, términos como “bancarización” o “comercio digital” son un eco lejano.
“Tengo un retiro de 3 700 pesos, y el de mi mamá, como viuda, pasa por poco de los mil. ¿De qué compras digitales podemos hablar? Hasta el dinero de la chequera me lo tiene que sacar mi hijo, porque con las colas tan grandes en los bancos, o cuido a mi mamá encamada o cobro. No me imagino cómo se las arreglarán quienes no tienen alguien que los ayude”.
Sin ayuda
En 2021, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llamaba la atención sobre el hecho de que el 17,4 % de los adultos mayores de la isla vivían solos. En el plano humano, la estadística tenía una “traducción” concreta: 431 mil ancianos dependían de sí mismos para las actividades cotidianas. El número no ha dejado de subir y en el futuro seguirá creciendo, a tenor con las tendencias al envejecimiento poblacional, el boom migratorio y la baja natalidad en Cuba.
“En sesenta años, el tamaño de las familias cubanas se ha reducido en un 40 %, lo cual trae consigo que cada vez existan menos personas aptas para cuidar dentro del núcleo familiar”, explicó en octubre de 2022 la doctora Liliam Rodríguez, directora del Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y Salud. No todas las personas que llegan a la tercera edad necesitan ayuda; pero gran parte de ellas sí, en diverso grado, se reflexionó durante un panel sobre ancianidad y cuidados al que asistían especialistas del Ministerio de Salud Pública y otros organismos.
La comprensión académica del fenómeno sigue, sin embargo, sin encontrar eco en las políticas de Estado.
“Una se pregunta: cuando llegue a esa edad, ¿me veré así? Y de verdad da miedo”, se cuestionó Massiel, empleada del Banco Popular de Ahorro (BPA) en Camagüey. Por más de un año, los días de cobro de pensiones, Massiel era de las encargadas de operar para los jubilados uno de los cajeros automáticos de la sucursal en que trabaja.
“Las colas que se armaban eran tremendas, los viejitos marcaban desde la madrugada porque les hacía falta su dinero. La idea de designar una persona para manipularles el cajero respondió a las dificultades que pasaban con esos equipos: no lograban marcar la clave, se les trababan las tarjetas… Después dejamos de hacerlo porque no dábamos abasto con el trabajo de la sucursal, debido a la bancarización y la cantidad de cajeras que han pedido la baja; pero la cola de viejitos sigue ahí, igual o peor”.
Ancianos consultados en las inmediaciones de bancos camagüeyanos coincidieron en que la calidad de los servicios de las instituciones ha mermado. A uno de ellos, al que le habían entregado su tarjeta magnética, ni siquiera le explicaron cómo activarla; a otro le llegaron dos tarjetas para la única cuenta que tiene a su nombre.
Pese a la insistencia del discurso oficial en cuanto a la necesidad de incorporar a toda la población al comercio digital, el programa de capacitación en cultura financiera y digital, con cursos dedicados a adultos mayores y personas vulnerables, impulsado por la Unión de Informáticos de Cuba a mediados de septiembre, no resolverá por sí solo las brechas sociales, económicas y digitales que condicionan la exclusión de los adultos mayores.
A mediados de este mes, el presidente Díaz-Canel entreabrió la puerta a cambios en la política de bancarización, que tendrían en cuenta la opinión popular. “Ese análisis, que va a ser muy crítico, lo vamos a compartir con la población, porque tenemos toda la intención de rectificar, en el menor tiempo posible, todas esas desviaciones que puedan existir”, dijo.
Para muchos ancianos, las soluciones pasarían por un aumento de la disponibilidad de efectivo. “Aunque las pensiones no sirven para nada, que no diera tanto trabajo cobrarlas ya sería algo”, consideró Rogelio, entrevistado para este reportaje. Declaraciones de un funcionario de BPA sobre la impresión de nuevas partidas de billetes, que no fueron desmentidas a comienzos de septiembre desde la presidencia del Banco Central, indicarían que el Gobierno al menos ha moderado su política de reducir al máximo el efectivo. No es una decisión que vaya a cambiar la vida de los pensionados cubanos, pero que sí podría hacerla un poco más fácil.
