El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a cinco años de prisión por el delito de propaganda contra el orden constitucional a un rapero de 35 años que colocó cuatro pancartas con las cuales exigían “cambios ya” y respeto a los “derechos humanos” en Cuba.
La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, está fechada el pasado 22 de diciembre de 2025. El sancionado se encuentra en prisión provisional desde diciembre de 2024.
En la resolución del tribunal, los jueces consideran probado que el sancionado recibió indicaciones para colocar las pancartas por parte de la organización disidente en el exilio Cuba Primero, identificada como una “organización contrarrevolucionaria” en Estados Unidos.
El sancionado, identificado como Fernando Almenares Rivera, rapero y artista plástico con el nombre artístico Nando OBDC, recibió 200 dólares para escribir y colocar las pancartas en un tramo de la salida de La Habana hacia la provincia occidental de Matanzas, según el escrito.
De acuerdo con la sentencia, el cubanoamericano Armando Labrador, quien en las redes sociales de Cuba Primero aparece como fundador y presidente de la asociación, fue quien le envió el dinero.
Tanto Cuba Primero como Armando Labrador están incluidos en la lista de entidades y personas terroristas que el Gobierno cubano publicó en agosto de 2025.
Activistas cercanos al rapero negaron en declaraciones a EFE a finales del año pasado que Almenares Rivera esté vinculado a Cuba Primero, pese a que sí ha colaborado con los disidentes Comité Ciudadano por la Integración Racial y Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.
El principal testigo de la Fiscalía fue un teniente coronel de la Policía. Mientras que una de las formas en las que se probó la culpabilidad del artista fue al comparar la caligrafía del sentenciado con los mensajes en las pancartas.
Almenares Rivera, quien negó los hechos durante el juicio, dividió en cuatro una tela de color blanco y escribió las frases “Cuba Primero en las calles por los derechos humanos”; “queremos cambios ya Cuba Primero” y “Cuba Primero en las calles”.
Para los jueces, esos mensajes tenían el propósito de “provocar desórdenes sociales, alterar la tranquilidad ciudadana y crear descontento en la población y de esta manera estimular acciones contra el orden social establecido en el país”.
