En agosto de 2021, la Gaceta Oficial publicaba la Resolución 215/2021 del Banco Central, primeras regulaciones para el uso de criptoactivos en Cuba. En ella se establecía la facultad de dicha institución para otorgar licencias a proveedores de servicios de activos virtuales en y desde el territorio nacional, y a autorizar su uso eventual en transacciones comerciales por razones de interés socioeconómico. El empleo de criptoactivos por parte de instituciones financieras y personas jurídicas en general para la realización de operaciones monetario-mercantiles, también quedaría sujeto a una autorización previa del BCC.
A su vez, se indica que “las unidades organizativas del Banco Central de Cuba (…) divulgan con fines preventivos los riesgos intrínsecos del uso no autorizado de activos virtuales y de los servicios de estos, así como de las consecuencias legales derivadas de ello, en el orden civil, administrativo y penal”, y que si bien no están prohibidas las transacciones con activos virtuales las personas naturales, estas “asumen los riesgos y responsabilidades que en el orden civil y penal se derivan por operar con activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales que funcionan al margen del Sistema Bancario y Financiero”.
Las consecuencias del uso de proveedores de servicios no autorizados no son explicitadas en el documento. La aplicación práctica y probables complementos futuros terminarán esclareciendo las implicaciones de parte del contenido de la Resolución.
De cualquier manera, los desafíos trascienden el ámbito monetario y financiero e imponen retos regulatorios asociados al control de la evasión fiscal, el combate al “blanqueo” de capitales, la fuga de divisas, problemas de selección adversa y riesgo moral en la elección de proveedores (tanto para individuos, como para empresas y hacedores de política), la reproducción de inequidades, y las dinámicas de exclusión por insuficiente educación financiera y alfabetización tecnológica. No obstante, los problemas antes mencionados no resultan exclusivos ni inherentes al uso de las criptomonedas, si bien su naturaleza requerirá análisis, normativas y políticas específicas.
Un ejercicio importante, es la identificación de áreas de confluencia de intereses entre los usos que en el contexto cubano han dado a las criptomonedas diversos grupos sociales y emprendedores, y los que persiguen las autoridades. Un análisis de las prácticas cotidianas sugiere que estas áreas pueden ser muy diversas e interconectadas:
- Remesas y transferencias “auto-enviadas” procedentes de inversiones en criptoactivos: han facilitado la aparición de nuevas vías de envío que sortean restricciones vigentes, favorecen la diversificación de proveedores, el incremento de la competencia y disminución de costos de transferencia/monetización para individuos remisores y quienes reciben los fondos en Cuba. En el caso de las transacciones internacionales que fondean cuentas en Moneda Libremente Convertible (MLC), garantizan a los individuos acceso formal a la divisa, y mayor transparencia en el origen de los fondos que respalda el saldo en cuenta y el consumo.
- Incremento de ingresos: Aumenta el presupuesto individual y las opciones de consumo, facilita el acceso al más restrictivo mercado en divisas. La monetización formal en MLC aporta al presupuesto personal, a la vez que garantiza ingresos “de calidad” al país, y mantiene los fondos de las personas naturales en cuentas “de propósito definido” (circuito de consumo final en divisa, importación de bienes finales, insumos y de capital a través de intermediarias estatales) con ínfima posibilidad de extracción a cash y posterior salida de capitales al extranjero en las condiciones actuales.
- Financiamiento a la reactivación productiva: El incremento de los ingresos personales constituye estímulo a la demanda de bienes y servicios provenientes del sector público y privado. Más allá de ello, es de esperar una contribución a la reactivación del sector privado desde el punto de vista del financiamiento. Es muy probable que los destinos de las remesas en cripto sigan pautas cercanas a los flujos tradicionales, frecuentemente destinados a inversiones y capital de trabajo 1; que parte del rendimiento de inversiones en activos digitales se reoriente hacia inversiones en el sector real; y que se abra un nuevo canal para la inversión extranjera que se produce entre asociados no formales. En el contexto de apertura en curso, cobran especial trascendencia los mecanismos innovadores de financiamiento pues, aunque las autoridades promueven un incremento de la contribución del sector privado, los recursos fiscales que podrían apuntalarlos se encuentran sumamente mermados 2.
- Diversificación de mecanismos de cobros y pagos: en una situación de controles de capital y limitados medios internacionales de pago, las criptomonedas ofrecen la posibilidad de consumir con independencia bienes y servicios online y durante viajes al extranjero. En ocasiones, esto favorece el fondeo de medios de pago tradicionales, operativos en Cuba y el exterior. Ello es de particular importancia para el acceso a insumos y medios de producción para emprendedores, así como para la recepción de pagos procedentes del exterior, que enfrentan numerosas restricciones bancarias y alto costo derivado de restricciones impuestas por el bloqueo.
- Se preserva la divisa para prioridades nacionales: El consumo online y en el exterior con criptomonedas favorece la permanencia de la divisa en el país, pues son las criptos las que cruzan, física o virtualmente, las fronteras nacionales. Parte de este consumo de hecho incrementa la divisa bajo control directo de las autoridades, como son las recargas de celular o compras online en el circuito local de MLC.
- Desarrollo de Fintech: Se desarrollan localmente estos emprendimientos, o en el exterior, con el mercado cubano como objetivo, y probablemente convocando fuerza de trabajo calificada local. Contribuyen a la disminución de costos de transferencia, así como a la innovación asociada a nuevos medios de cobros y pagos formales y su generalización.
Parte de los usos y oportunidades anteriormente descritos no suponen necesariamente una convergencia pura de intereses entre personas naturales/sector privado y las autoridades, mas estas últimas pudieran desarrollar acciones regulatorias encaminadas a reforzar los aspectos positivos y minimizar los efectos adversos —o menos convenientes— a las partes o el bienestar general.
La observación de las innovaciones y prácticas ya en curso, y la intuición de intereses alineados (o alineables) en diversos ámbitos, sugiere la posibilidad de intervenciones de política que potencien los efectos positivos de la creciente incorporación del uso de las criptomonedas en Cuba. Ello pasa por una continua actualización y esclarecimiento de los contenidos regulatorios; por la exploración de mecanismos para la captación y uso de criptos en transacciones domésticas e internacionales por parte de operadores estatales; por el establecimiento de mecanismos e incentivos específicos para el direccionamiento de los flujos de criptomonedas hacia inversiones en el sector real; por fomentar la formalización de proveedores (estatales, privados, mixtos) de servicios asociados a los activos digitales que ofrezcan operaciones de canje formal de costo decreciente, contribuyan a la transparencia de las operaciones, y la disminución de riesgos del intercambio informal.
Las plataformas de Enzona, Transfermóvil y el anunciado Monedero de ETECSA constituyen iniciativas procedentes del sector estatal que podrían incursionar, de manera experimental, en el ámbito de las criptomonedas en la Isla. Pudieran, a su vez, asociarse con emprendedores del sector privado, algunos con un camino transitado y experiencias que aportar más allá del “nivel de usuario”. Para alianzas, sería propicio, a su vez, considerar una flexibilización de las prohibiciones de la lista de actividades vedadas al sector privado y evitar su discriminación como proveedores, pues queda restringida a las formas no estatales la Sección J del Clasificador Nacional de Actividades Económicas, que recoge “Actividades financieras y de seguros” (intermediación monetaria y financiera, operaciones de compra de valores, gestión de fondos, etc.).
Si se valora la actual situación del país, inmerso en una crisis de proporciones críticas resultante de la dilación de políticas económicas orientadas a la transformación activa del modelo económico, y por un persistente bloqueo económico cuya influencia restrictiva sobre los cubanos que viven en Cuba (y a veces, sobre los que viven fuera) trasciende sus interacciones al interior de las fronteras nacionales, pueden apreciarse diversas oportunidades asociadas al uso de las criptomonedas. Las innovaciones generadas en las prácticas de la población, el sector privado, y operadores domésticos (formales, informales, en áreas grises) o “foráneos” orientados hacia Cuba, y la identificación de áreas donde confluyen los intereses privados con los nacionales, parecen configurar una diana a la que apuntar políticas específicas con énfasis en ámbitos de mecanismos de financiamiento, acceso a la divisa, y procesos de reactivación productiva.
La utilidad de las criptomonedas ha trascendido las “condiciones de necesidad” que dieron lugar a su emergencia local. Apelando a un ejercicio de imaginación, en el estudio de (Curtin, 2021) se preguntó a los encuestados si dejarían de utilizar criptoactivos de transformarse el panorama de estrechez que los llevó a incursionar en ellos por primera vez. Se les colocó en un contexto de acceso a opciones tradicionales formales de inversión financiera local, a amplias opciones de crédito en el sector bancario, de expansión sin precedentes de las actividades disponibles a emprendimientos privados, de flujos de remesas normalizados, y acceso no vetado a los cubanos a los mercados de divisa en plataformas internacionales. De manera rotunda, la totalidad de los encuestados respondió que seguirían utilizando criptomonedas.
Dada la creciente popularidad del uso de los criptoactivos, su naturaleza, y las soluciones que ofrecen a los cubanos, prohibir su utilización o ignorar el creciente fenómeno no parecen constituir opciones de valor para las autoridades. Es necesario hacer frente a los retos regulatorios y diseñar en su lugar mecanismos que favorezcan la canalización de los flujos relacionados con criptomonedas hacia objetivos de crecimiento y desarrollo del país.
Notas y fuentes consultadas:
1 Se ha estimado que alrededor de un 50% de las remesas que recibe el país ha sido utilizada como capital semilla o de trabajo en emprendimientos privados (Rodríguez J. L., 2015).
2 En 2020, el déficit fiscal ascendió a más del 17% del PIB, después del 6,2% experimentado en 2020 (ONEI, 2021).
Curtin, R. (30 de Septiembre de 2021). Horizonte Cubano. Obtenido de: https://horizontecubano.law.columbia.edu/news/emergence-cryptocurrencies-cuba.
Extremandamente interesante este artículo, al igual que el anterior. Es necesario que los reguladores se den cuenta del potencial de las cryptomonedas y que permitan a las instituciones estatales operar con las mismas. Un sistema de remesas utilizando btc ahorraria a los consumidores y al país enormes gastos en comisiones, y un fondo de inversión soberano permitiría al país incrementar sus reservas y utilizar una parte en financiar proyectos estrategicos. Tomemos el caso de el salvador que ha cortado los gastos en comisiones de western union, que ha financiado la construccion de una clinica veterinaria y q le ha permitido a sus ciudadanos un canje casi instantaneo entre dólares y bitcoin