El pasado 21 de julio se dio a conocer un nuevo paquete de acciones aprobado por el Gobierno de Cuba dirigido a intentar conducir la crisis económica cubana hacia la recuperación. Anunciado por el Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, el paquete consta de 75 medidas encaminadas fundamentalmente a la captación de divisas, la protección de las personas más vulnerables y la flexibilización de los sectores productivos.
Ofreceremos a las lectoras y lectores de OnCuba la opinión de economistas que han accedido a contestar algunas preguntas en relación con el tema, en esta cuarta parte publicamos las respuestas de Anamary Maqueira Linares, economista cubana y candidata a Doctora en Economía por la Universidad de Massachusetts.
De las medidas recientemente anunciadas una que incide directamente en la población es la apertura de un mercado de divisas. ¿Qué impacto podría tener sobre la tasa de cambio informal?
Es difícil predecir el impacto específico que tendrá el mercado de divisas en las tasas de cambio informal con la información disponible hasta el momento, la cual arroja más interrogantes que respuestas. Solo se ha anunciado que se implementará un mercado cambiario para la compraventa de divisas a la población con un tipo de cambio “económicamente fundamentado” donde se pueda trabajar con todas las divisas, incluyendo los dólares en efectivo. A la vez se anuncian que las dificultades que llevaron a la no aceptación de dólares en efectivo se mantienen, lo cual parece entonces una propuesta contradictoria pues no queda claro en qué cambian las condiciones actuales que ahora sí y antes no. Además, me pregunto, ¿cómo va a operar dicho mercado? ¿Cuál será el tratamiento a los dólares en efectivo? ¿Quiénes podrán concurrir como compradores a dicho mercado, y en qué condiciones?
El objetivo pareciese la captación de divisas que están circulando en la economía, no el incremento de la oferta de divisas, pues si existe un déficit de divisas en el país, una de las principales restricciones además para el crecimiento y la implementación de los distintos programas, pues claramente salta la interrogante sobre cuáles divisas venderá el gobierno cubano. Si no existe un incremento de la oferta de divisas no queda claro cuál será el impacto sobre las tasas de cambio y la inflación. Habrá que esperar a los detalles del funcionamiento del mercado cambiario, y de cuánto sea el diferencial entre la tasa de cambio “económicamente fundamentada” que el gobierno defina y la que circula en el mercado informal para prever los posibles impactos en el tipo de cambio informal. Igualmente, un esquema de tipo de cambio múltiple se aleja de la política anterior y refuerza aún más los cuestionamientos sobre el mal diseño de la tarea ordenamiento. A pesar de ello, si la tasa formal que establezca el gobierno no se aleja demasiado de la que prevalece en el mercado informal habría captación de divisas por parte del estado, pues es de esperar que haya algún traspaso de una parte del segmento del mercado que hoy solo tiene opción de concurrir al mercado informal, incluso con los riesgos que ello implica, debido al alto diferencial que existe y a la ausencia de otra alternativa. Además, constituye un incentivo claro al turismo y permitirá captar una parte de las divisas que hoy entra al país por la vía de los visitantes extranjeros. Quedan muchas dudas sobre los criterios que se establecerán para la venta de divisas a la población, sobre si existe algún financiamiento para ejecutar la medida y sobre el grado de arbitraje que generará la existencia de tipos de cambios múltiples.
Las medidas anunciadas significan otorgarle un papel mayor al sector no estatal. ¿Qué más podría hacer el gobierno en este sentido, en donde aún se quedó corto?
Las medidas respecto al sector no estatal han estado en la dirección correcta desde la implementación de lo anunciado el año pasado con la eliminación de la lista de actividades autorizadas a ejercer por el trabajo por cuenta propia y la autorización de las pymes. Quedan muchos nudos que destrabar aun en la implementación, sobre todo en los vínculos entre los distintos sectores, estatal y no estatal, y en relación con el acceso al mercado externo para el caso de las pymes. Por ello el tema de la asignación de divisas a este sector debe seguirse profundizando y ampliando. Sigue habiendo un gran ausente, la referencia y diseño de políticas inclusivas dirigidas a priorizar, mediante incentivos (fiscales, crediticios, de formación), la participación en el sector no estatal de grupos subrepresentados, por ejemplo, mujeres, personas en el entorno rural, grupos con orientación e identidad sexuales diversas, y grupos racializados, por solo mencionar algunos.
Es positiva la intención de “estimular desde las nuevas formas de gestión no estatal el desarrollo de servicios de tintorería, lavanderías, servicios de alimentación ligera para llevar y otros de apoyo a las familias”. Es la única “medida” que formaría parte de una estrategia dirigida a políticas concretas que tributen a redistribuir los costos asociados a la reproducción social y los cuidados ante la ausencia de estrategias que centren la política alrededor de este tema. Queda nuevamente la interrogante del cómo, pero debería pensarse más en este tipo de acciones que directamente contribuyan a disminuir los costos que sobre la familia, y en especial las mujeres, tienen la ausencia de bienes y servicios que contribuyen a aliviar las cargas de cuidado indirecto.
La inversión extranjera vuelve a aparecer dentro de los instrumentos para dinamizar la economía. ¿Cuáles podrían ser las acciones concretas al respecto para el sector estatal y el no estatal?
Los problemas asociados a la inversión extranjera están ampliamente identificados, y han sido reconocidos por el gobierno año tras año. Pese al potencial de la ley actual las mismas barreras son listadas una y otra vez. La cuestión entonces sería: ¿cuáles son las causas que llevan a que los mismos problemas se identifiquen sistemáticamente, en mejores y peores circunstancias? ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué no se solucionan? Las acciones concretas estarían en gran medida condicionadas por las respuestas a estas interrogantes. Mas allá de eso, las acciones inmediatas deberían concentrarse en aquellas relacionadas con las deficiencias internas, que son sobre las cuales hay total control, dígase todo lo relacionado con los mecanismos burocráticos que extienden en el tiempo procesos de aprobación y comienzo de ejecución de nuevas inversiones. Una de las ventajas que tiene en el sector no estatal la asociación con el capital extranjero es que podría muy rápidamente generar bienes y servicios en localidades específicas sin necesidad de grandes capitales, con un marco regulatorio transparente que no dilapide las posibilidades de asociación.
En cualquier caso, independientemente del sector, la atracción de capital extranjero debe servir a los intereses de desarrollo de la nación, pero esos intereses deben ser transparentemente consensuados.
¿Cree que las modificaciones a la importación de paquetes tendrán un impacto relevante en la oferta de bienes?
Toda medida que potencialmente genere un aumento de oferta es bienvenida, más aún si no tiene costo para el estado, o mejor dicho, para los recursos con los que cuenta el estado que salen del valor que genera el trabajo de las personas. La mayor parte de la paquetería constituyen flujos de remesas materiales, por tanto, mejores incentivos al envío de paquetes contribuirían a incrementar la oferta, al menos en los grupos de población que cuenta con estas redes de apoyo. El incremento del acceso a bienes de diversa índole en un segmento de la población puede potencialmente contribuir a liberar presión en la demanda de ese sector en otros segmentos de mercado donde otros grupos poblacionales menos favorecidos concurren, mejorando también el acceso de esos otros grupos que en principio no se beneficiarían directamente de esta medida, pero sí de manera indirecta.
Las otras medidas relacionadas con la flexibilización de la importación de personas naturales sin carácter comercial también están encaminadas a propiciar un incremento de la oferta de bienes. La preocupación al respecto es la discrecionalidad que en las manos de los agentes de aduana queda la definición, por ejemplo, del carácter no comercial de la importación de las misceláneas por su valor y peso y por la diversidad de los artículos a importar, al eliminar la restricción de cantidad físicas.
¿Considera que es un paquete de medidas pertinente? ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
La respuesta corta, sí, es pertinente. La larga mucho depende, como siempre he expresado, del cómo. Lo dijimos muchas personas cuando el ordenamiento, y ahora probablemente lo repetiremos aquí: la implementación y la articulación de las políticas es clave. Por eso a veces cuesta trabajo evaluar a priori una propuesta que parecería en principio atinada, porque todo depende de la implementación, y de que se quiere lograr con la política.
Este paquete de medidas, como el del año pasado, son parte de la reforma trunca aprobada en 2010 y sus vaivenes. Muchas son parches a los problemas que van surgiendo, ya sea por errores en su implementación o porque no se llegan a aplicar. Reitero que lo urgente de mejorar la situación actual impide valoraciones y análisis necesarios para el diseño de una estrategia integral que incluya una revisión de los planes de desarrollo y de las prioridades existentes. Se necesita una mirada inclusiva a todas las medidas propuestas desde su propia concepción, y no condicionado por el ciclo económico. Temas cruciales siguen siendo tocados de soslayo, y los problemas de desigualdad y pobreza siguen enmascarados bajo el eufemismo de la vulnerabilidad. Esto lleva a diseñar propuestas asistencialistas y no estrategias que conduzcan a eliminar las barreras estructurales de los grupos más desiguales en situación de pobreza.
Lo dicho no niega la existencia de una situación coyuntural extremadamente compleja, tanto para la reproducción de la vida como para el contrato social del proyecto cubano. Sin embargo, esta situación tampoco debe ser motivo para la ausencia de un programa integral de la reforma, de una mirada integradora. Hay muchas crisis que confluyen (sanitaria, energética, alimentaria, de cuidados y reproducción social, de consenso político, mundial, etc.), y se entremezclan, por tanto, medidas aisladas en sí mismas no resuelven los problemas, sino su armónica concatenación.
Entre las recomendaciones estarían la necesidad de una reforma integral, que centre a la organización social de los cuidados dentro del programa de desarrollo, la revisión de los programas y metas de desarrollo existentes, el establecimiento de cronogramas y secuencias y una rendición de cuentas pública efectiva y transparente. Es indispensable una política de gestión pública transparente, donde el gobierno rinda cuentas reales de su gestión, se ofrezcan datos e información detallada, donde los programas y las encuestas sean realmente de acceso públicos y no se enumeren sesión tras sesión de la asamblea nacional los mismos problemas y errores. Tiene que haber accountability, y los errores del gobierno en el diseño e implementación de las políticas deben ser reconocidos y subsanados, con los debidos procesos que eso implica. No se pueden seguir diluyendo los responsables, hay que generar una política pública que genere reglas claras e instituciones transparentes.