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El pasado 8 de octubre, el presidente cubano Miguel Díaz Canel se refirió, entre otros temas, a la actualización de algunas de las medidas de la estrategia económica anunciada antes del rebrote de la COVID-19 que en semanas pasadas sufrieran La Habana y otras provincias del país. Específicamente dedicó una parte importante a la denominada “tarea ordenamiento”, referida a la estrategia de implementación de la unificación cambiaria y monetaria. Esta incluye una reforma, al menos parcial, del sistema de precios de la economía cubana (eliminación de “subsidios indebidos”, reforma salarial y de pensiones).
El presidente afirmó que está prevista la manera en que se va a apoyar a cualquier persona que quedara en una situación de vulnerabilidad debido al impacto del ordenamiento monetario. Posteriormente, en su intervención en el programa Mesa Redonda, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, Marino Murillo, arrojó algunas luces sobre la concepción e implementación de parte de las medidas que conforman el ordenamiento monetario, incluida la eliminación de “subsidios excesivos o indebidos”.
Murillo explicó que esta medida en particular responde a la necesidad de subsidiar a personas y no a productos, un “viejo reclamo” de la política social, que fue parte de los acuerdos del sexto Congreso del Partido, pero que se discutía en espacios académicos con anterioridad. Según su explicación, se ha conformado una canasta básica y calculado su costo, aunque no ofreció detalles sobre cuáles bienes y servicios la integran, ni tampoco del monto estimado que tendría. Dicha canasta básica será la referencia para la formación de precios minoristas y salarios mínimos en la reforma salarial y de precios que enfrentará próximamente la economía cubana.
A partir de esta información y de los ejemplos utilizados en su comparecencia, la categoría de “vulnerable” se entenderá en referencia a aquellos hogares donde el monto de ingresos recibidos no supere el costo de la canasta básica de sus miembros. En estos casos, la asistencia social cubriría la diferencia.
Sin embargo, algunas piezas del rompecabezas quedan aún por enlazar, al menos con la información disponible hasta el momento. ¿Cómo accederán a la asistencia social los hogares que clasifiquen como vulnerables, pero cuyos trabajadores remunerados no sean estatales o pensionados? ¿Cuál es el criterio para decidir a quién ingresarle el monto de asistencia social requerido para hogares vulnerables donde ambos, madre y padre, conviven con otros dependientes? ¿La identificación de esos hogares vulnerables se hará proactiva o reactivamente?
De subsidiar productos a subsidiar personas
Con la crisis económica que comienza en los años 90, el modelo de distribución estadocéntrico que prevalece luego de 1959 se transforma. Aunque se mantienen las políticas universales, pierden capacidad de inclusión y amparo. Esto, junto a la falta de recursos, los cuestionamientos sobre la sostenibilidad de la política social y la escasa utilización de políticas focalizadas impidió el avance hacia un modelo de cobertura social que considerara el carácter cada vez más heterogéneo y estratificado de la sociedad cubana.1
La propia crisis reconfiguró los roles que desempeñan el Estado, la familia, el mercado y la comunidad en la reproducción social, cargando sus costos a las familias. Estas dependen de manera creciente de la posibilidad de acceder en el mercado a bienes y servicios básicos para la satisfacción de sus necesidades.
Con las medidas anunciadas este 8 de octubre, las políticas distributivas igualitaristas disminuyen su peso. En su lugar, se incorporan algunos programas focalizados en grupos vulnerables. El principio de orden es entonces el logro de una combinación de acceso universal en sectores denominados históricamente “conquistas de la Revolución” (como educación, salud, asistencia social, entre otros) y políticas focalizadas, donde estas últimas ganen espacio gradualmente.
En principio, un mecanismo de distribución igualitario puede ser ineficiente si, por un lado, no se consideran desigualdades estructurales preexistentes, y por el otro, se despilfarran recursos o se generen procesos a-legales (también ilegales) en la “segunda economía” debido a la distorsión de incentivos que algunos de estos mecanismos igualitarios de distribución generan en condiciones de escasez.
Sin embargo, ante la ausencia de criterios sólidos e instrumentos que permitan identificar de manera acertada los grupos a los cuales deben enfocarse distintos aspectos de la política social, la universalización garantiza realmente que los que lo necesiten no queden fuera, aun con el costo o la pérdida de eficiencia que eso implica, en términos de recursos económicos. En contextos de crisis económica, como el impuesto por la COVID-19, esa tensión se hace más evidente. Se exacerba así la inmediatez de repensar el modelo de política social que acompañará a la estrategia económica anunciada.
La voluntad política del “nadie quedará desamparado” no impide las consecuencias que una parte importante de la estrategia económica tendrá sobre la desigualdad. Garantizar que salarios y pensiones crezcan más que los precios no impedirá del todo que se activen otros mecanismos que impacten negativamente en la capacidad de compra de algunos hogares.
De ahí que, ante cada política económica propuesta en la reforma, sea imprescindible identificar proactivamente los potenciales grupos sociales afectados y las estrategias para minimizar los efectos negativos sobre ellos. Una mirada desde la economía feminista permitiría dilucidar los potenciales efectos adversos en el caso de las desigualdades de género, por ejemplo.
La medida
Los productos que se reciben a través de la canasta normada en cada núcleo familiar cubano continuarán distribuyéndose de ese modo, al menos en la primera etapa de la estrategia y hasta que “las condiciones permitan su eliminación”, afirmó el presidente. Pánfilo por el momento, puede dormir tranquilo.
Lo que sí sucederá es que parte de esos productos dejarán de estar subsidiados y aparecerán con sus “precios reales”, mientras otros mantendrán el subsidio.
Hay que ver en la práctica si se logra la máxima de que el salario, las pensiones y la asistencia social crezcan más que los precios, y si se ajustarán en la medida que los precios cambien, para que al menos los hogares cuyos ingresos superen el costo de la canasta básica de todos sus miembros no vean afectada su capacidad de compra.
La medida responde también a una acción intencionada de incentivar el trabajo en el sector estatal. Considerando la información disponible hasta el momento, pareciera entonces que no saldrán perjudicadas las personas con vínculo laboral estatal, pensionadas y beneficiarias de la asistencia social, independientemente de cuántos miembros convivan en el hogar.
Necesidad de un enfoque de género en la estrategia
La economía feminista ha alertado sobre la necesidad de analizar toda política económica desde una perspectiva de género. Se parte del hecho de que estas no son neutrales: tienen efectos diferenciadores, incluso cuando no pretendan desigualar.
En Cuba se han realizado propuestas concretas para incorporar en el debate público y las políticas económicas la perspectiva de género, cuya importancia se ha evidenciado aún más durante en estos tiempos de crisis y pandemia. Sin embargo, es algo que suma a la lista de pendientes.
Pensemos en un hogar compuesto por cuatro miembros: dos personas empleadas en el sector estatal, un niño, niña o adolescente en edad escolar y una anciana que requiere cuidados y no recibe pensión porque nunca “trabajó” (es muy frecuente referirse de ese modo a las personas que trabajan en el hogar, sin remuneración). Cuatro miembros, dos dependientes, dos salarios que, dependiendo de la escala, cubrirán o no el monto total de la canasta básica de los cuatro. Asumiendo que ambos salarios no cubren dicho monto, la forma en que se asignaría la diferencia importa. Es decir, quién recibe el monto de asistencia social que cubre la diferencia, la madre o el padre, es una decisión que se puede informar por la evidencia que aportan los análisis con perspectiva de género.
Según la Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG, 2016), las concepciones sobre quiénes deben tomar las decisiones en el hogar son bastante igualitarias. Alrededor del 87 % de las personas encuestadas declararon que tanto mujeres como hombres deben ser los que tomen las decisiones.2
Otros estudios, sin embargo, plantean la necesidad de tener en cuenta si son hogares nucleares o extendidos, e indagan más en los procesos de toma de decisiones de estos. Cuestiones como quién tiene la última palabra en las decisiones que se toman y qué tipo de decisiones toma cada miembro facultado para ello difieren según el género. Las mujeres, por ejemplo, dominan áreas donde las decisiones a tomar están relacionadas con roles domésticos y reproductivos, como la educación y nutrición de los hijos e hijas y la salud familiar.
Adicionalmente, investigaciones en otros países, usando información estadística sobre el uso del tiempo, sugieren que una redistribución de los ingresos del hogar donde conviven parejas heterosexuales con niños, en favor de las madres, beneficia la composición del gasto en función de las niñas y los niños. Es decir, las madres relativamente gastan una proporción más alta de sus ingresos en cuestiones relacionadas con el cuidado de hijos e hijas, beneficiando su desarrollo y bienestar. Eso adquiere relevancia en un contexto donde el subsidio se traspase vía ingresos, ya que las familias podrían cambiar sus patrones de consumo básico. En la región latinoamericana, programas de complementación de ingresos también otorgan los beneficios monetarios a las madres, en los casos en que aplique, por razones similares.
Obviamente, la evidencia al respecto no es del todo generalizable, y está sujeta a cambios en la metodología y el contexto. Sin embargo, ante la ausencia de datos al respecto para Cuba (que impide llevar a cabo estudios microeconométricos similares), arroja algunas luces a la hora de tomar una decisión u otra. Sin pretender romantizar la maternidad ni hacer generalizaciones injustas, decidir otorgarles la diferencia de ingresos vía asistencia social a las madres, en los casos que aplique, es una decisión que importa y debería analizarse.
Esa decisión se complejiza cuando involucra a hogares vulnerables, con personas de la tercera edad que requieren cuidados continuos. Por lo general, la responsabilidad del cuidado de ancianas y ancianos también recae en las mujeres de la familia cercana. Según la ENIG, las mujeres destinan, como promedio, casi 5 horas semanales más que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado en el hogar.
Si se analiza según la categoría ocupacional, la diferencia de tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerado, entre mujeres ocupadas y no ocupadas, es de 2,05 horas a la semana como promedio. La de los hombres es de solamente 0,34 horas.
En el caso del cuidado continuo a personas mayores de 60 años, el tiempo aportado por las mujeres es el doble que el de los hombres. Grosso modo, los números indican no solo que las mujeres dedican más tiempo a los cuidados no remunerados, independientemente de si están ocupadas o no, sino que los hombres no aumentan su tiempo dedicado al cuidado ante su condición de desocupado, tendencia que sí se observa para las mujeres.
Ahora bien, tanto los cuidados provistos por familiares como los que se logran tercerizar según las posibilidades de cada familia son más heterogéneos para el caso de los adultos mayores que de niños y niñas, lo cual dificulta la decisión de a quién incorporarle el subsidio. Como principio general, otorgárselo a la persona responsable del cuidado sería la premisa a seguir, pues resulta lo suficientemente flexible para poder solucionar los casos en que sea necesario un análisis diferente. Dada la abrumadora evidencia de la feminización de los cuidados, esto permitiría poner los ingresos complementarios en manos de las cuidadoras.
Respecto a los hogares que clasifiquen como vulnerables y cuyos miembros no sean trabajadores estatales ni pensionados, cómo acceder a la asistencia social será clave para que reciban los ingresos complementarios de manera eficiente, sin generar desfases. El sistema de asistencia social está altamente burocratizado, no digitalizado, y deberá, por tanto, mostrar capacidad expedita de respuesta.
La lista, no exhaustiva, pudiese incluir a familias donde la jefa de hogar sea una madre soltera con hijos, sin vínculo laboral formal, o con ingresos que no provienen del trabajo (por ejemplo, remesas que no cubran el monto de la canasta básica). En este caso, es posible que las obligaciones de cuidado la impidan mantener un trabajo remunerado.
También puede incluir a familias cuyos miembros trabajen en el sector no estatal, y tengan ingresos medios-bajos. En el denominado trabajo por cuenta propia, las cifras y varias investigaciones sugieren que las mujeres parecen estar en desventaja. Por tanto, habría que analizar la composición del sector, y evaluar las afectaciones que ha provocado la pandemia.
En todos esos casos, la condición de vulnerable aplica, independientemente de la procedencia de los ingresos. La asistencia social deberá actualizar sus procedimientos y explicar en detalle los pasos a seguir para su solicitud, en el caso de grupos en los que no resulta sencillo comprobar los ingresos recibidos.
La proactividad de la política económica debe formar parte del núcleo duro de la estrategia. Esto permite identificar, a priori, los hogares vulnerables y los potenciales impactos de las medidas en los diferentes grupos sociales, lo cual constituye la única garantía para actuar a tiempo y minimizar las consecuencias negativas sobre las desigualdades.
Muchos otros temas quedan aún por discutir. Pienso, por ejemplo, si la canasta básica considerará los requerimientos de cuidados de los hogares. Ello implicaría entender el papel central que juegan los cuidados en la sociedad, incluido el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, ambos vitales para la reproducción de la fuerza de trabajo, la que genera el valor y la riqueza de una sociedad. He aquí un primer intento.
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Notas
- Espina, Mayra. 2020. “Reforma y emergencia de capas medias en Cuba.” Nueva Sociedad, No. 285. Disponible en: https://nuso.org/articulo/reforma-y-emergencia-de-capas-medias-en-cuba/
- Sin embargo, existen algunas diferencias según región y zona de residencia. Se evidencia menos paridad para las regiones central y oriental, y las zonas rurales en general.
Una respuesta simple….que la familia se ponga de acuerdo en quien recibira la diferencia..o aporte monetario de la seguridad social. Cada familia tiene su dinamica…asi que cada familia decida quien o como gastar ese dinero. Hay que darle enfoque de genero a eso???? que yo sepa no. O acaso ya de antemano queremos que el estado intervenga en una decision familiar???. YO sigo sin verle ni pies ni cabeza a esa idea absurda de aplicarle la perspectiva de genero a todo.