“El salario no compensa”: daños colaterales del Ordenamiento en Cuba

Muchos se sorprendieron cuando, a mediados de octubre, un reportaje de la Televisión Cubana atribuyó a los bajos salarios el éxodo del personal calificado de la industria eléctrica.

“Antes éramos una de las empresas que más se favorecía en términos de salarios, y uno podía cubrir sus necesidades. Con el Ordenamiento caímos en un escalón muy bajo, y eso incide”, declaraba Yoandry Flores, jefe de bloque y operador de sala de control en la central térmica Antonio Guiteras, de Matanzas. Como alternativa, los directivos de la planta “buscan que un mismo operario desempeñe varias funciones”, señalaba en la misma nota el periodista Lázaro Manuel Alonso.

Desde el Ministerio de Energía y Minas aducían “que la electricidad en Cuba tiene un alto grado de subsidio, lo que no permite el pago de utilidades atractivas a los trabajadores”.

No es un fenómeno nuevo. En septiembre de 2021, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido Félix Duarte Ortega había acudido a Nuevitas para “intercambiar sobre otros conceptos de salario” con directivos de la termoeléctrica “10 de Octubre”. “Más de 3 450 trabajadores han causado baja del Sistema Electroenergético Nacional desde el comienzo de año [tras la aplicación del Ordenamiento Monetario]”, revelaba.

En definitiva, 2021 cerró con 6 612 bajas en el sector. Durante los primeros seis meses de 2022 se contabilizaron otras 5 769 renuncias, detalló George Batista Pérez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Energía y Minas. “Para la solución de esta dificultad correspondería hacer una nueva propuesta de incremento salarial o buscar alguna vía que incentive el aumento de la remuneración […] preparar a un trabajador eléctrico que opera una planta u otro equipo de este tipo lleva de cinco a ocho años”.

“No basta con pasar un curso”, dijo un empleado de una de las baterías de grupos electrógenos de la ciudad de Camagüey. “De por sí, cualquier tarea en esta industria tiene su grado de complejidad, pero también influyen las condiciones en que se encuentran los equipos, con años de sobreexplotación y sin las piezas ni los mantenimientos adecuados. Muchos problemas se resuelven gracias a la experiencia. Por eso, ‘pesa’ tanto cuando se va un operario con tiempo en el cargo. Y lo peor es que casi todo el que pide la baja, lo hace para dedicarse a ocupaciones en las que desaprovecha conocimientos que harían falta aquí“.

La mayoría de los sueldos de la industria eléctrica oscilan entre los 4 000 y 8 000 pesos mensuales, aunque la posibilidad de simultanear varias responsabilidades permite a una parte de los trabajadores incrementar sus nóminas. Se añade la posibilidad de los pagos suplementarios, que están relacionados con los resultados, la eficiencia y el desempeño del trabajador como un todo. 

Además, las particularidades de algunos sistemas de retribución benefician a colectivos específicos, como las brigadas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas, cuyos pagos pueden alcanzar los 20 000 pesos. Son las brigadas que se desplazan entre provincias en casos de demanda de grandes reparaciones o averías imprevistas, cuando se organizan para trabajar en turnos de doce horas diarias, o más, según relataron a este reportero operarios de la termoeléctrica de Nuevitas. 

Compensación pendiente

En agosto de 2018 el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel fue informado sobre una situación de “fluctuación laboral, sobre todo en puestos clave” en la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas.

De acuerdo con el periódico Granma, las razones podían resumirse en “salarios insuficientes, fallos en la calidad y variedad de la alimentación y quejas sobre los medios de trabajo”. El Presidente había indicado que “mientras no sea posible resolverlos con beneficios salariales, es preciso trabajar en la atención al hombre”.

Cuatro años después, la juventud de varios de los directivos de la entidad parece confirmar que la “movilidad” sigue siendo la tónica dentro de la plantilla de la principal terminal de combustibles del país.

En julio último, durante la rendición de cuentas del Ministerio de Energía y Minas a la Asamblea Nacional, Díaz-Canel anunció que el presupuesto del Estado brindaría una suerte de compensación a la Unión Eléctrica, para que esta incrementara los pagos a sus trabajadores. El deterioro tecnológico de las plantas y el precio subsidiado de la electricidad afecta la contabilidad de las empresas dedicadas a la producción y distribución de energía y, por tanto, los ingresos de un personal imprescindible, consideró.

En octubre, la aplicación de la propuesta todavía no se había concretado, según reportaje del periodista Lázaro Manuel Alonso. 

Otros “daños colaterales” del Ordenamiento

Camagüey inició el curso escolar con menos maestros de los que necesita. Como alternativa, la provincia volvió a apelar a los contingentes pedagógicos (integrados por estudiantes universitarios que alternan sus propias clases con las que imparten a alumnos de menos edad), a profesionales de otras especialidades contratados temporalmente y a “aumentar la carga docente” (asignar más turnos de clase a los maestros que quedan).

El Ministerio de Educación acostumbra a fragmentar la estadística relativa al porcentaje de cobertura docente, brindando informaciones parciales en cada provincia. La práctica se repitió esta vez. En una Mesa Redonda sobre el tema, emitida en septiembre, el organismo cifró en 250 000 el número de maestros a nivel nacional, sin detallar el déficit. Pero el hecho de que La Habana necesite alrededor de 3 000 maestros movilizados desde otras provincias confirma implícitamente la complejidad de la situación.

En las últimas décadas, Camagüey solo logró cubrir sus necesidades pedagógicas en el curso 2019-2020, como consecuencia de un aumento de salarios decretado por el Gobierno para el sector presupuestado.

El sueldo promedio de los maestros prácticamente se triplicó, acercándose a los 1 200 pesos mensuales. Al cambio de la época, la suma equivalía a unos 50 dólares, o a facturas como las de 48 libras de carne de cerdo, o 240 libras de arroz. Fue suficiente incentivo para que miles de pedagogos regresaran a las aulas o reconsideraran la decisión de abandonarlas.

Un año y medio después, en el marco del Ordenamiento Monetario, la nómina del sector volvió a incrementarse, alcanzó, en el caso de los docentes con nivel superior, los 5 060 pesos. Pero los cálculos no anticiparon la inflación, que ha devaluado dramáticamente la moneda nacional. De acuerdo con los precios promedio, hoy por esa cifra de dinero pueden adquirirse 29 dólares, o 17 libras de carne de cerdo, o 101 libras de arroz; en otras palabras: se cobra nominalmente cuatro veces más, pero la capacidad de compra es al menos la mitad que antes.

“Este es un trabajo ingrato por muchas razones que el salario no compensa”, me dijo una maestra camagüeyana que, luego de veinte años en una escuela primaria, se ha planteado cambiar de profesión. Para respaldar su razonamiento apela a la rutina que vive desde marzo, signada por apagones de entre diez y catorce horas diarias.

“Casi siempre me levanto sin luz y me encuentro la misma situación al regresar a la casa. Incluso durante las últimas semanas, en que los apagones se han acortado. Las maestras no tenemos la opción de ‘escaparnos’, como hacen en otros centros de trabajo, y estamos obligadas a hacer las labores hogareñas en la madrugada. Con un salario que no da ni para comprar una lámpara recargable”.

El dinero además tiene un peso determinante en las dificultades que enfrenta el Ministerio de Salud Pública para renovar su cuerpo de especialistas. A comienzos de noviembre, el periódico Invasor reveló que en 2021 en Ciego de Ávila se habían producido 146 bajas —71 de ellas, definitivas— de los programas de residencias médicas y estomatológicas. La magnitud del dato se pone en contexto al tener en cuenta que el año pasado los residentes en formación de esa provincia sumaban 192 en total, cifra que representaba el 59,8 % de las plazas que, en principio, se habían sacado a convocatoria.

Aunque el reportaje no profundizaba en el tema, los comentarios de los lectores coincidían en apuntar a las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios como causas fundamentales del fenómeno.

Al pasar revista a los preparativos del curso escolar en Camagüey la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, convocó a “brindar particular atención a los docentes”; salvo por cierta prioridad en el otorgamiento de las plazas en los círculos infantiles, no quedó claro a qué se refería. Semanas antes, a los trabajadores de la termoeléctrica Antonio Guiteras les habían vendido cocinas de inducción (una bendición si se piensa que con los ritmos actuales de comercialización harán falta veinte años para satisfacer la demanda nacional de ese artículo). Provincias como Camagüey han vuelto a organizar ventas de arroz y otros productos deficitarios a los trabajadores de la salud. Poco más.

Las “tiendas por puntos”, las “ventas anuales de electrodomésticos” o los “módulos con aseo y alimentos”, que en otros tiempos beneficiaban a sectores como la agricultura, la defensa o la construcción, contribuían a fidelizar la fuerza de trabajo en el sector estatal. “El salario rendía más”, recordó el empleado de grupos electrógenos citado en este artículo. “El que cumple una jornada laboral está en desventaja con los ‘coleros’ y quienes no trabajan, y debería tener alguna proteccion”, agregó.

En una economía signada por la escasez como la cubana, las soluciones difícilmente pasarán por el aumento de salarios. Una medida así solo agudizaría la inflación; y terminaría haciendo que más trabajadores abandonen sus puestos —a veces esenciales— para desempeñar ocupaciones menos precarias. Entre el compromiso con la profesión y las urgencias de consumo cotidianas hay poco margen para las dudas.