Este sábado debe marcar un “antes y después” para el capital foráneo en Cuba. Desde mediados de 2012 se anunció una nueva política de inversión extranjera, y el proceso anduvo con más expectativas que certezas hasta hace pocos meses. Entonces definitivamente se supo que en marzo la ley sería discutida por la Asamblea Nacional del Poder Popular en sesión extraordinaria y luego sometida a votación.
Cuando ya se conoce a grandes rasgos las cláusulas del Proyecto de Ley, cabe esperar que no sean significativos los cambios que realice el Parlamento en sesión plenaria, pues previamente se han discutido en todas las provincias, con participación de 565 del total de 612 diputados. Durante ese proceso el texto de la letra fue objeto de correcciones y aportes, según dijo a la prensa José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea.
Una de las principales transformaciones de esta política tiene que ver con el propio concepto de la inversión extranjera como “complemento” a la actividad económica del país, según se entendía hasta el momento. Aunque esta idea no queda desechada, se reconoce al capital foráneo como fundamental en determinadas esferas.
Tras casi 20 años de aplicar la Ley 77, es notable la tendencia a privilegiar los grandes proyectos inversionistas por encima de la pequeña y mediana empresa. Ese punto flaco queda saldado en buena medida al permitir la unión de las cooperativas, en tanto personas jurídicas, con socios de otros países. Sin embargo, tal posibilidad deja fuera a los trabajadores por cuenta propia, un sector dinámico y creciente.
Tampoco se conoce si los negocios particulares podrán establecer contratos para la venta o prestación de servicios con entidades mixtas o totalmente extranjeras. Una vez que exista un mercado mayorista y disminuyan los altos niveles de evasión fiscal –dos escollos importantes para el emprendimiento privado– podrían valorarse resoluciones y normativas que flexibilicen las operaciones en este sentido.
Es significativo el énfasis en la atracción de tecnologías de avanzada, no solo activos “duros”, sino además métodos gerenciales. Advertir este elemento gira la mirada hacia la industria –descapitalizada y obsoleta en gran parte–, pues se trata de cambiar el patrón tecnológico, sinónimo de modernización y desarrollo.
Déborah Rivas, directora general de Inversión extranjera del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), señaló la trascendencia de contar con una cartera de proyectos sólida y estructurada. Aquí serán cardinales las sinergias que logre establecer el MINCEX como organismo rector con autoridades de agricultura, energía y minas, turismo, industrias, las administraciones territoriales, entre otras instancias que tributarán con sus propuestas a esa carpeta.
El impacto estructural de la nueva legislación llegará hasta instituciones conexas como el Registro Mercantil y la Corte Cubana de Arbitraje Internacional, y sobre todo la Cámara de Comercio y el Centro de Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba (CEPEC). Cada uno tendrá que optimizar su labor y desempeñar un rol mucho más agresivo en la organización de misiones y ferias comerciales, foros de negocios y otras vías para conectar al empresariado nacional y radicado en el país con sus socios allende los mares.
Algo similar debe suceder en materia de propiedad intelectual, ya que estarán más expuestos la innovación, las patentes y los avances científico-técnicos en general; y a la vez la inversión extranjera supone un catalizador para ellos, todo lo cual está llamado a protegerse y regularse. De igual manera habrá que destrabar ciertos mecanismos en Aduana y las cadenas logísticas de distribución y comercialización.
La emigración cubana también podrá invertir, en igualdad de condiciones al resto de los potenciales partners, apuntó Rivas. Si bien la nueva legislación plantea que “las inversiones extranjeras son protegidas en el país, contra reclamaciones de terceros que se ajusten a Derecho o la aplicación extraterritorial de leyes de otros estados, conforme a las leyes cubanas y a lo que dispongan los tribunales cubanos”, es previsible que a los residentes en Estados Unidos les sea más difícil llevar a buen término operaciones en la Isla.
Y por aquí asoma el obstáculo del bloqueo junto al índice de endeudamiento del país, las restricciones de liquidez, carencias de infraestructura y capacidad constructiva, más la incertidumbre que puede generar el proceso de unificación monetaria. Gravita además el reto de fomentar un clima de transparencia, confiabilidad jurídica y fiscal, y cumplimiento de los compromisos.
“No se trata de estar o no dentro de la ley, sino que esta no sea letra muerta. Creo que es una cuestión de voluntad real para efectuar lo que está escrito”, comentaba el encargado de Asuntos Económicos de una embajada europea. La solución para acotar –pues los márgenes de interpretación y discrecionalidad de la normativa– parece estar en el Reglamento complementario, convertido luego en Decreto, que busca “aterrizar” las generalidades del texto de la legislación.
“Aquí se puede invertir en todo, porque pienso que todo se tiene que perfeccionar, hay un campo amplísimo”, opina un empresario con años de experiencia en Cuba.
Esa variedad de opciones resulta potencialmente atractiva para muchos, así como las perspectivas en cuanto a la actualización del modelo económico del país. Resurge entonces como ventaja estratégica la ubicación de “Llave del Golfo”. La Zona Especial de Desarrollo Mariel lo confirma y demuestra.
Resta esperar el resultado que indiquen los legisladores, reunidos solamente para discutir y aprobar la nueva norma. La Asamblea Nacional se reunirá, como es habitual, en sesiones ordinarias en junio o julio; sin embargo, adelantó el momento de tomar esta decisión. Los pocos meses de diferencia sugieren que no hay tiempo que perder.
Foto: Roberto Ruiz
