La jueza británica Sara Cockerill fallará “lo antes posible” sobre si el fondo inversor CRF I Limited es un acreedor legítimo del Banco Nacional de Cuba (BNC) y la República de Cuba para el cobro de una deuda soberana por valor de 72 millones de euros.
Tras haber escuchado los argumentos de ambas partes desde el pasado 23 de enero, Cockerill dio por concluida este jueves la primera fase del juicio, instigado por una demanda interpuesta en febrero de 2020 por el fondo de inversiones registrado en 2009 en las islas Caimán, reseña la agencia Efe.
Si la magistrada de la división Comercial del Tribunal Superior de Londres dictamina en las próximas semanas que CRF I es el acreedor, entonces se procedería a otro juicio sobre el pago en sí de la deuda. No obstante, para ese paso habría que esperar el resultado de las posibles apelaciones de las partes, en desacuerdo con una sentencia en contra de sus intereses.
CRF I argumenta que tiene los derechos contractuales sobre los títulos, adquiridos después de que el antiguo director de operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, actualmente encarcelado, autorizara el 25 de noviembre de 2019 la cesión al fondo de la deuda que hasta entonces poseía el ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC.
La deuda en litigio se deriva de préstamos otorgados por dos bancos europeos al Estado cubano en 1984, cuando el BNC tenía entre sus funciones las de banco central.
El BNC, como prestatario, y Cuba, como garante, sostienenn por su parte que esa reasignación fue “inválida”, toda vez que Olivera incumplió los procedimientos al aprobarla con su sola firma (en lugar de dos) y sin consultar al Ministerio de Finanzas y Precios y el Consejo de Ministros, como establece la legislación vigente.
Interpretación de la ley y soborno: claves de la disputa
Durante el juicio, los abogados de las partes se han enfrentado sobre los puntos de la legislación cubana y la inglesa (que rige los contratos) y han de determinar si el exfuncionario y el propio BNC tienen autoridad para reasignar por su cuenta la deuda de Cuba suscrita antes de 1997, cuando se creó el Banco Central de Cuba (BCC).
El abogado de CRF I, Jawdat Khurshid, acusó este jueves al Estado cubano de modificar la interpretación de sus normas justo para este juicio, informa la agencia española.
Fondo de inversión CRF I Limited asegura que adquirió legalmente los derechos sobre deuda de Cuba
Khurshid disputó el argumento de las autoridades cubanas, representadas por Alison Macdonald y Anton Dudnikov, de que Olivera y Londa Caridad Martí, exdirectora del Departamento de deuda externa del BNC, debían consultar al gobierno antes de autorizar la reasignación de la deuda en disputa.
Según su versión, este requisito no se incluye en el estatuto del BNC y Cuba “solo lo planteó” ante este litigio, así como la necesidad de que haya dos firmas en los certificados de cesión.
Por la parte cubana, Dudnikov insistió en que “no hay nada” en el manual del BNC que autorice a los directivos a aprobar operaciones que “obliguen” al banco o al Estado cubano “frente a terceras partes”, agrega el medio.
Los letrados que defienden a Cuba alegaron también, mediante el testimonio del perito legal Juan Mendoza, la semana pasada, que el decreto ley de 1998 que regula al BCC dejó al BNC con competencias “solo administrativas”, lo que le exige consultar al ministerio cualquier asignación de deuda.
Khurshid cuestionó por qué Olivera, que tenía 40 años de experiencia, haría una asignación errónea después de que Cuba retirara a última hora su argumento de que el funcionario aceptó un incentivo económico del consultor de CRF Jeetkumar Gordhandas.
Durante su declaración en el juicio por vía telemática, Olivera Lozano explicó que aprobó unilateralmente el traspaso de la deuda tras recibir en octubre de 2019 una promesa de pago de 25 000 libras esterlinas (30 700 dólares) hecha por Gordhandas.
Macdonald expuso que asi bien la cuestión del motivo ahora “no es legalmente relevante”, “no se puede ignorar” el testimonio ofrecido por el propio Olivera cuando reconoció ese soborno.
El abogado de CRF consideró que esto fue un “falso testimonio” y calificó de “farsa” las condenas impuestas en mayo de 2021 a este funcionario, quien cumple 13 años de cárcel, y al resto de la directiva del BNC implicada en la cesión.
Aunque Gorhandas rebatió el señalamiento sobre el presumible soborno, admitió en su declaración que CRF I pidió al BNC que le reconociera como acreedor de deuda soberana cubana «con el único propósito de iniciar la presente demanda legal para forzar su pago», según reporta Efe.
Fondo CRF I admite que adquirió deuda cubana para iniciar demanda por impago
La actual presidenta del BNC, Joscelín Río Álvarez, alegó el fondo inversor CRF I Limited “no ha adquirido deuda cubana de manera legal” conforme a la legislación del país, y no consta como acreedor en los registros de la institución, en los que solo aparece la solicitud mencionada por Gorhandas.
El Estado cubano, que hasta ahora no había afrontado un litigio por impago de deuda, ha declarado que rechaza reconocer a CRF I como cesionario, al considerarlo “un fondo buitre” centrado en forzar el cobro por la vía judicial en lugar de actuar como un acreedor “responsable”.
En su comparecencia ante la jueza, el presidente del fondo CRF I, David Charters, rechazó el calificativo y argumentó que el grupo inversor «es demasiado pequeño» para ser considerado «un fondo buitre».
El directivo, citado por Efe, aseguró también que no tienen «los recursos ni el tamaño» para ser calificados de esa forma, y mantuvo que no son comparables al más potente Elliott Management que en 2016 persiguió la deuda de Argentina.
El fondo ha aducido a su vez que el litigio solo pretende hacer que La Habana se avenga a negociar, después de que “desoyera” varias ofertas de reestructuración de la deuda hechas en los últimos diez años.
Al juicio en el Tribuna Superior de Londres han asistido varios representantes de las instituciones cubanas, entre ellos el ministro de Justicia, Óscar Silvera, así como miembros de la disidencia de la isla. También lo han seguido firmas inversoras en deuda cubana que calibran cómo el litigio afectará a sus intereses.
Efe/OnCuba