El gobierno de Santiago de Cuba “reajustó” los precios topados establecidos con antelación para los transportistas privados de pasajeros en esa provincia cubana “atendiendo a la flexibilidad del proceso” y luego de un análisis “realizado conjuntamente con estos trabajadores por cuenta propia”.
En esos encuentros “se evaluó la legalidad que significa la adquisición del combustible” en los servicentros estatales “con total transparencia en la conciliación de los precios y la prioridad en la sindicalización de estos trabajadores”, informa el diario Granma, que confirma que los límites establecidos forman parte de la estrategia gubernamental “para no dañar el poder adquisitivo de la población tras el incremento salarial al sector presupuestado”.
A partir de lo anterior, fueron fijados nuevos límites que en la mayoría de los casos suponen un incremento –aunque también hay algunos recortes, en particular para los automóviles– y responden a la búsqueda de un equilibrio entre los reclamos de los transportistas y los pasajeros.
Así, por ejemplo, los pasajes entre Santiago de Cuba y Palma Soriano, que de acuerdo con los topes anteriores eran de 6.00 pesos cubanos (CUP) para los camiones, 8.00 para las camionetas y 15.00 para los autos; ahora serán de 15.00, 16.00 y 20.00 respectivamente.
Para Mayarí, que eran de 7.00, 9.00 y 17.00, se elevaron a 20.00, 22.00 y 25.00; para la vecina ciudad de Guantánamo, pasaron de 20.00, 25.00 y 46.00 a ser 25.00, 28.00 y 35.00, mientras que para La Habana ascendió de 250.00 a 350.00 CUP (solo se toparon los camiones).
En el caso de otras localidades muy visitadas, como el poblado de El Cobre –donde se encuentra el santuario de la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba– los precios “topados” pasaron de 4.00, 5.00 y 11.00 para camiones, camionetas y autos, a 7.00, 7.00 y 10.00; en tanto que para la concurrida playa Siboney, que eran de 3.00, 5.00 y 9.00, ahora serán de 5.00, 6.00 y 7.00.
Las rutas urbanas, fijadas anteriormente en 1.00. 100 y 3.00, pasaron a ser 2.00, 3.00 y 5.00.
No obstante, las autoridades santiagueras precisaron que se trata de “precios transitorios”, los que “más adelante podrían ser objeto de revisión”.
Además, advirtieron que “para su estricto cumplimiento” se han adoptado medidas de control “por el sistema de inspección correspondiente, y de comunicación para hacer llegar cualquier queja o incidencia”.
El gobierno de Santiago de Cuba también estableció recientemente un límite de precios para los productos agropecuarios que se comercializan en los mercados llamados de”oferta y demanda”, así como en otros puntos de venta y por los vendedores ambulantes privados (carretilleros), aunque estos de momento no han sido objeto de rectificación.
La limitación de los precios a productos y servicios forma parte de las recientes medidas económicas implementadas por el gobierno cubano de conjunto con el incremento de salarios y pensiones con el objetivo de evitar la inflación, que han sido cuestionadas por cuetapropistas, clientes y economistas dentro y fuera de la Isla.
Recientemente, el Ministerio de Finanzas y Precios emitió una resolución publicada en la Gaceta Oficial que establece que los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y otras formas de gestión no estatal, «no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios, con destino a las entidades estatales y a la población».
En la propia resolución se faculta a los presidentes de los gobiernos locales para fijar los precios y tarifas máximas del sector privado –algo que ya han hecho las autoridades de varias provincias cubanas– y los responsabiliza con la creación de los mecanismos de control, supervisión y atención de quejas sobre el tema.
Las autoridades locales deben adoptar las medidas sobre los infractores «en un plazo no mayor de una semana» tras conocerse la violación de lo estipulado, según dijo la propia ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, en una reciente conferencia de prensa.
La titular también aseveró que ante el control establecido «ha habido una reacción positiva» en «la mayoría» de los trabajadores privados, «cuando se les ha explicado la necesidad de regular los precios en beneficio no sólo de los trabajadores pertenecientes al sector presupuestado, sino de la familia cubana en general».