Romper el ciclo de la exclusión es un proceso en extremo complejo. Vivir en las calles no es una circunstancia común en Cuba, donde el perfil típico del “deambulante” suele ser de ancianos del sexo masculino con diversos grados de dependencia al alcohol y enfermedades mentales, según un reportaje de Cubadebate publicado en febrero.
Aunque en los últimos años se ha verificado un aumento de la proporción de personas en esa condición que no llegan a los 60 años de edad, lo común sigue siendo que predominen los adultos mayores (representan el 61 % del total).
Las fuentes citadas por Cubadebate detallan que entre 2014 y 2023 se registraron en todo el país 3690 personas con “conducta deambulante”, 75 % de las cuales habían podido sacarse definitivamente de las calles.
El reportaje no especifica cuántos menores formaban parte de la estadística, y qué protocolos adoptan ante estos casos. Pero en la segunda parte de la serie, publicada por Cubadebate el 26 de abril, la vicefiscal general de la República, Alina Montesino, reconoció implícitamente que se trata de un fenómeno que las autoridades no siempre enfrentan de manera adecuada.
“Respecto a la atención a menores de edad en situación de deambulancia […] no se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Código de las Familias sobre la obligación de informar al Mined o al Minsap para garantizar su acogida en centros de asistencia social”, alertó.
En el caso de los adultos con “conducta deambulante” se privilegia su reincorporación a sus familias; pero es un ámbito en el que antes se debe incidir, reconoció la directora de Prevención Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Belkis Delgado. “La primera razón reconocida en Cuba de que la persona deambule, tenga o no una enfermedad asociada, es que la familia no lo ha atendido correctamente y esa es la causa que tenemos que transformar”.
De acuerdo con las últimas estadísticas del MTSS, 189 169 familias cubanas caen en la categoría de “vulnerables”, al depender de programas de asistencia social del Estado. Tales ayudas abarcan desde alimentos y artículos electrodomésticos, hasta el pago de servicios como la electricidad, asistentes a domicilio, y de pasajes para asistir a turnos médicos.
Esos mecanismos de protección social no tienen, sin embargo, el mismo alcance que años atrás, enfatizó en Cubadebate el sociólogo Luis Emilio Aybar, director del Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello. Durante la pandemia y la crisis posterior ha ocurrido un “incremento de las fórmulas de mercado, de las fórmulas de privatización”, dijo Aybar, mientras prestaciones que existían, mecanismos indirectos para transferir recursos hacia los grupos más vulnerables se fueron eliminando, detalló.
“Estamos sufriendo el costo social de políticas que se han estado adoptando en momentos que no eran los más idóneos”. Grupos como los de las familias monoparentales o de descendencia numerosa han sido de los más afectados por esa nueva realidad.
En 2023 una partida presupuestaria específica volvió a destinarse a la atención de madres con tres o más hijos, que al cierre del año sumaban 62 600; 573 de ellas recibieron nuevas casas. Contar con un techo propio es la máxima aspiración para muchas, por encima de otros beneficios materiales o de facilidades para incorporarse a empleos remunerados.
Desde que a comienzos de su primer mandato el presidente Miguel Díaz-Canel declaró que las madres con descendencia numerosa debían ser privilegiadas en los procesos de otorgamiento de viviendas, se hicieron habituales las protestas de madres en esa condición, que acudían a oficinas gubernamentales o las redes sociales para reclamar ayuda.
Los casos suelen parecerse al de una residente en el municipio habanero del Cerro, llamada Irasema Pino, que en agosto pasado se plantó junto a sus cuatro hijos frente a la dirección local del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbano (antigua Planificación Física) para reclamar que le dieran una casa. “Ya no aguanto más. Les pido al Gobierno de la provincia que me ayuden con mis hijitos. De aquí no me muevo hasta que venga el gobierno o Díaz-Canel”, reclamó en Facebook.
Otras madres allanan viviendas desocupadas o locales estatales en desuso, aunque sobre todo estos últimos muchas veces luego deben ser reparados para otorgarles condiciones de habitabilidad. “Son mujeres sin marido a las que el Estado tiene que ayudar con todo: la casa, los muebles, los equipos electrodomésticos, las plazas para el círculo y el seminternado de los niños, una chequera… Y en la mayoría de los casos cuando sus hijas llegan a la adolescencia comienzan a repetir el patrón materno, de embarazarse pronto, tener hijos sin pareja estable y depender de la protección social. Es un problema que tiende a empeorar, y en el que sufren con particular crudeza los niños”, comentó a OnCuba bajo condición de anonimato un funcionario del MTSS en el municipio de Camagüey.
Aunque no existen estadísticas públicas al respecto, existen evidencias de casos de abandono de niños en estas instituciones pues, ante la vulnerabilidad, imposibilidad o desinterés de hacerse cargo, algunas madres de descendencia numerosa y sin apoyo familiar pueden verse obligadas a ceder —temporal o definitivamente— la custodia de sus hijos al Estado o incorporarlos a escuelas de régimen interno.
A tal circunstancia contribuye la crisis económica que vive la isla y el consecuente deterioro de los sistemas de protección social gestionados por el Gobierno.
Ni un niño desamparado
El traslado de los menores hacia las casas de niños sin amparo familiar se considera la decisión extrema, aplicable solo cuando se ha agotado hasta la última alternativa.
En Cuba funcionan 54 centros de ese tipo, que a mediados de 2023 atendían a poco más de 400 niños y adolescentes de hasta 18 años de edad. Las provincias con mayor número de instalaciones y matrículas son La Habana, Villa Clara y Holguín.
Al momento de su creación, en 1984, los hogares se limitaban a atender a niños huérfanos o abandonados, pero, según le explicó al diario Granma la directora nacional de Educación Especial en el Ministerio de Educación (Mined), Beatriz Roque “el surgimiento de diversas complejidades sociales ha comprometido a nuestro Estado y Gobierno a brindar atención a una población infanto-juvenil que tiene determinadas carencias sociales. Por ejemplo, hoy acogemos también a niños de familias en situación social extrema o crítica, que por las condiciones de vida no pueden atender y proteger adecuadamente a los infantes que viven bajo su guarda y custodia”.
De acuerdo con el protocolo establecido por ese organismo, “las causas para considerar un niño/a en condiciones para ser acogido en un hogar son: [ser] huérfanos, abandonados, [o de] padres reclusos […] psiquiátricos [o] alcohólicos”; los últimos dos casos, en particular, deben contar con el aval de una comisión médica.
Los menores acogidos en el sistema de casas para niños sin amparo familiar viven a tiempo completo en esos centros hasta que arriban a su mayoría de edad, a los 18 años. Allí son atendidos por educadoras y otros especialistas, y hacen una vida lo más normal posible, incorporándose a las escuelas correspondientes a su edad. Por lo regular, en los municipios con mayor población suele funcionar más de una de esas “casas” o los niños en edad preescolar son alojados en un hogar independiente, casi siempre anexo al círculo infantil al que asisten.
El Decreto Ley 76, de 1984, que regula los aspectos relativos al tema, también establece establece que al arribar a los 18 años de edad cada joven egresado de los hogares recibirá de manera gratuita una vivienda adjudicada por el Poder Popular de su localidad, y servicios de acompañamiento durante el proceso de incorporación a la vida laboral y social.
En 2022 la jefa del departamento de Educación Especial en la Dirección Provincial de Educación de Camagüey, Mabel Álvarez, explicó al periódico Adelante, que los “menores tienen derecho a un estipendio según la edad para atender sus necesidades personales. De 7 a 14 años reciben 400 pesos y 720 entre los 14 y 18. Anualmente se les asigna un monto de 3 500 pesos para compras en tiendas de las cadenas Cimex o Caribe”. Según conoció este reportero, esos montos se mantienen, pero estaría en estudio su probable incremento.
Con el objetivo de lograr una atención más personalizada, la matrícula del hogar promedio rara vez supera los 15 niños. Las casas para niños sin amparo familiar se ubican en viviendas amplias y con buen estado constructivo; además, en cuanto a la alimentación suelen ser apadrinadas por cooperativas agropecuarias, y recibir donativos de empresas estatales y privadas.
En ocasiones esas ayudas pueden ser de por vida. Una circunstancia así se planteó en febrero de 2023 en Camagüey, cuando seis jóvenes egresados del sistema de hogares recibieron sus viviendas; a cuatro de ellos, con discapacidad intelectual, fue necesario asignarles asistentes sociales a domicilio, una prestación monetaria mensual, y almuerzos y comidas a través del Sistema de Atención a la Familia (SAF).
Sistema de Atención a la Familia (SAF): menos platos sobre la mesa
“No nos desentendemos, tenemos el deber y la obligación de seguirlos atendiendo, ver qué necesitan y ayudarlos en lo que requieran para su integración a la sociedad”, declaró en la ocasión la jefa del departamento de Educación Especial en la provincia, Mabel Álvarez.
El Decreto Ley 95 de 1986, que regula el funcionamiento de las Comisiones de Prevención y Atención Social, otorga al Mined el rol protagónico en esas instancias, a las que sus directores municipales y provinciales están obligados a remitir los casos de niños que se encuentren en potenciales situaciones de abandono o desamparo.
“Según proceda, dispondrán de manera inmediata previa investigaciones de rigor, la matrícula e ingreso en Círculos Infantiles Mixtos u Hogares de Menores sin Amparo Filial”, recuerda un artículo publicado en 2019 por un colectivo de profesores de la Universidad de Guantánamo.
Las comisiones están integradas también por funcionarios de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, Salud Pública e Interior, y de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), y están facultadas para solicitar intervenciones policiales de urgencia, y orientar el trabajo de organismos como el Registro del Estado Civil, las direcciones territoriales de Trabajadores Sociales y los tribunales.
El sistema debe funcionar como un reloj en beneficio de los menores. Pero su efectividad se ve limitada por la falta de personal especializado.
“A las casas de niños sin amparo familiar se trata siempre de protegerlas. Por ejemplo, el año pasado a los niños de esos centros se les entregaron tablets, ropas y otros artículos, todos nuevos, que habían sido decomisados por la aduana. También hay convenios con cooperativas agropecuarias para que ayuden con la alimentación, y en los últimos tiempos varias nuevas formas de gestión (mipymes) les han llevado donativos de jueguetes y golosinas, sumándose a algunas empresas estatales que tradicionalmente lo hacían. Por lo que sé, los mayores problemas que han habido con el programa es respecto a la estabilidad de la fuerza laboral (las educadoras suelen llevar muchos años y tienen mucho sentido de pertenencia, pero a veces faltan trabajadores de servicio, debido a los bajos salarios) y con el cumplimiento del plazo para el egreso de los niños (en teoría, los jóvenes deben estar en las casas hasta los 18 años, cuando reciben una vivienda propia. Sin embargo, en Camagüey a algunos de estos jóvenes se les han dado sus viviendas con retraso, debido al déficit habitacional, y han tenido que quedarse en las casas hasta los 19 o 20 años)”, comentó a OnCuba bajo condición de anonimato una trabajadora social de la ciudad de Camagüey.
En septiembre del año pasado, al celebrar el aniversario 23 de la fundación por Fidel Castro del Programa de Trabajadores Sociales, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó detalló que el país cuenta con unos 7 mil profesionales de esa especialidad y la intención hasta 2025 es incrementar su número, para multiplicar su presencia a nivel de los consejos populares.
Cualquiera sea el aumento que se logre, con toda probabilidad quedará lejos de la cifra de 28 mil trabajadores sociales con que llegó a contar Cuba a finales de 2005, en el momento cumbre del Programa, cuando funcionaban a plena capacidad cuatro escuelas regionales.
Encuestas realizadas en ese año habían revelado que 43 480 núcleos familiares se encontraban en lo que se definía como “estado crítico”. Aunque tal condición no puede equipararse automáticamente a la de “familia vulnerable” sí sirve para dar una idea de la complejidad del contexto actual, en el que un colectivo cuatro veces menor de trabajadores sociales atiende a un número mucho mayor de personas en necesidad.
No existen estadísticas públicas sobre el presupuesto que se destina al sostenimiento de hogares de niños sin amparo familiar.
Resulta válida la duda de si las autoridades y la sociedad están preparadas para un escenario de desigualdad creciente, en el que muchas familias —en particular, las monoparentales— necesitan de ayuda para acciones tan básicas como alimentarse diariamente. Los niños de las casas “sin amparo” en cierta forma ya están “salvados”, muchos otros no.
