Lucía Rojas
Zonas y municipios rurales cubanos se están despoblando. Las autoridades han reconocido más de una vez que se trata de una realidad “compleja” y apremiante. Sin embargo, el avance del fenómeno es muy difícil de revertir en medio de la crisis actual.
En Cuba se considera población rural a los cerca de 2,3 millones de personas que residen dentro del perímetro de este tipo de asentamientos. Los otros 8,7 millones cubanos viven en zonas urbanas: lo que se conoce como “el campo” en Cuba, está habitado por apenas el 23 % de la población.
Respecto a la total, la población rural se ha reducido a cerca de la mitad desde inicios de los años 80. Las desigualdades persistentes entre las condiciones de vida en “el campo” y la “ciudad” están en el centro del problema.
Móviles del éxodo
La disminución de la población rural no exclusiva de Cuba. Tampoco se trata de un fenómeno nuevo. La tendencia, que se manifestó a lo largo del siglo XX, se vio acentuada a partir de la Revolución, en 1959, gracias a la apertura y diversificación de oportunidades de estudio y empleo fuera de estas comunidades, que fomentaron la movilidad social de sus habitantes. Tal fue el caso del acceso masivo a la enseñanza media y a las universidades. Estas últimas, ubicadas todas en capitales provinciales.
Desde entonces ha persistido el despoblamiento; provocado además por otras causas.
En el último Censo de Población y Viviendas, de 2012, se contabilizaron 6 417 asentamientos rurales en el país. Del total, la mitad estaba localizada en las provincias orientales. Holguín reportaba la mayor cantidad, con más de mil.
Históricamente han existido asimetrías regionales en términos de desarrollo económico en Cuba. Estas se han constatado entre provincias (las orientales respecto a las del centro y occidente); entre zonas rurales y urbanas; y, dentro del marco rural, entre el llano y la montaña. La Habana sigue estando por delante en términos de desarrollo económico del resto de Cuba. Entre Occidente y Oriente las diferencias son históricas, en tanto las provincias orientales tienen una base económica agraria más amplia que las centrales y occidentales, en general.
La reducción de estas desigualdades urbano-rurales fue prioridad del Gobierno desde 1959. Pero, a pesar de los avances, hacia finales de los 80 se mantenían brechas, y se verificaba atraso de los asentamientos de base agropecuaria en indicadores como condiciones de vida y escolaridad.1
Los avances logrados se vieron frenados por los efectos de la crisis de los 90, y la del presente. En lo fundamental han sido estas las medidas destinadas al desarrollo local, incluida la redistribución de los ingresos en función del desarrollo municipal, mayor descentralización y autonomía de la gestión local y mejor aprovechamiento de los recursos y posibilidades locales.
No obstante, el éxodo continúa.
Estudios del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM) de la Universidad de La Habana confirman que los residentes de áreas rurales suelen moverse hacia lugares que les ofrezcan más oportunidades de mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.
La balanza se inclina de forma desigual entre campo y ciudad en aspectos tan sensibles como acceso a los servicios, nivel educativo, condiciones de la vivienda, y diferencias económicas, etarias y de género.
La disponibilidad y cobertura de agua, saneamiento, transporte y servicios médicos especializados (secundarios y terciarios) es insuficiente en las zonas rurales; en las que, a su vez, hay más limitaciones en los centros escolares (a nivel primario y secundario) y en las instituciones de cuidados de niños, ancianos y personas con discapacidad.
El asentamiento rural más apartado tiene más limitaciones en el acceso a bienes, servicios básicos y oportunidades de movilidad que el que se localiza más próximo a municipios o ciudades.
En cuanto al transporte, las dificultades para trasladarse no solo afectan el ámbito doméstico, sino que además entorpecen la obtención de insumos y la venta de las producciones agropecuarias que —en algunos casos, más que en otros— representan la principal fuente de ingresos de los habitantes de zonas rurales.
Como ha explicado Juan Carlos Alfonso, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), la migración desde las zonas rurales es mayoritariamente femenina y de poblaciones en edades activas y reproductivas. En las comunidades suelen permanecer más los hombres y las personas envejecidas.
Es un hecho que en el campo cubano perduran las desigualdades de género; basadas en una organización social de las actividades y la vida que desfavorece a las mujeres. Tienen menos acceso a empleo, salario, posesión de bienes y prestigio social, según investigaciones recientes.
Los hogares rurales tienen condiciones habitacionales más precarias que los urbanos. Un 54 % de los primeros está en estado regular y malo, respecto a un 35 % de los segundos. Sobre las mujeres —mayoritariamente vinculadas al cuidado de la casa, cocción de alimentos, atención de ancianos y niños— recae el mayor peso de la precariedad en tales condiciones.
Despoblamiento y producción agrícola
En Cuba se han implementado políticas para atender las causas que provocan la migración interna en función de reducir los flujos y mitigar el despoblamiento de municipios y zonas rurales; pero los indicadores no han mejorado.
Explica la investigadora del CEDEM María Ofelia Rodríguez que Cuba ha dispuesto 113 medidas para atender la dinámica demográfica. En el más reciente análisis sobre el tema, las autoridades propusieron otras “71 acciones”, aún pendientes de aprobación definitiva —si bien se aclaró que en “una situación económica compleja” como la actual, estas no podrán desplegarse “a una gran velocidad”.
Ya sea porque las medidas no abarcan todas las raíces del fenómeno o porque su implementación demorada o poco eficiente no rinde frutos, no se recuperan las comunidades rurales, ni se revierte la caída de los índices de producción.
El desarrollo agrícola depende del desarrollo rural. Como han reconocido expertos, los retos productivos y de la vida cotidiana para las zonas rurales pasan por el despoblamiento y el envejecimiento de su gente. Con quienes emigran o envejecen sin remplazo se pierde un saber ancestral y una cultura de trabajo que no se recupera.
No obstante, a pesar del descenso en las poblaciones rurales, no puede decirse que en Cuba no hay quien trabaje la tierra. La isla tiene cerca de 994 mil trabajadores en el sistema agrario. Según la ONEI, al cierre de 2022 de ese total poco más de 125 mil eran mujeres, y casi 803 mil, hombres.
El 60 % de esa fuerza de trabajo está vinculada a la producción, en palabras de Adriana Ballester, directora de personal del Ministerio de la Agricultura. Ello equivale a casi 600 mil personas en el campo.
Al cierre de 2022, esta actividad económica contaba con la mayor cantidad de fuerza de trabajo empleada en el país; y desde 2017 marcaba un incremento del indicador (fuerza de trabajo); aunque no se especifica si la mano de obra que crece es la vinculada directamente a las labores agrícolas.
En cambio, los volúmenes de producción, el rendimiento de toneladas por hectáreas, las áreas cultivadas y la productividad del trabajador han disminuido para la mayoría de los cultivos en el mismo lapso temporal, incluidos viandas, hortalizas, legumbres y cereales.
Los retos productivos pasan no solo por la reversión del despoblamiento, sino de la baja productividad de un sector cuyos trabajadores tienen el tercer peor salario medio y cuya inversión ha caído de un 4,9 % a un 2,8 % respecto al total solo en el último lustro.
Es un sector sobre el que pesa de forma directa, además, la carencia de combustibles e insumos, medios de trabajo y transporte, entre otros elementos que atentan contra lograr mejores cifras.
El descenso sostenido en la productividad se traduce en mayor demanda de mano de obra para alcanzar los mismos resultados; no estamos hablando siquiera de incrementarlos. A su vez, la despoblación y el envejecimiento de los habitantes de comunidades rurales convierte la fuerza de trabajo en un recurso limitado.
Quizá no necesitamos más manos para trabajar la tierra, sino lograr que quienes lo hacen no quieran marcharse por no tener una vida digna ni posibilidades de progreso. De la motivación y el incentivo de quienes producen, así como de los recursos que se destinen a la actividad agraria, depende el alcance de mejores resultados.
Nota:
1 Luisa Íñiguez Rojas, Edgar Figueroa Fernández y Enrique Frómeta Sánchez (2019). “La heterogeneidad territorial en las actuales estrategias de desarrollo rural en Cuba”, Temas 98: 56-64, abril-junio 2019.
