Los cubanos emigrados ya no perderán sus viviendas por salir definitivamente del país. Esa es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley de la Vivienda, que es sometido a un proceso de consulta online hasta el próximo 28 de febrero.
La nueva normativa busca modernizar el marco legal de la tenencia y construcción en un país con un déficit estimado de más de 900 mil viviendas y un ritmo de edificación considerado deplorable por especialistas y autoridades.
La propuesta legislativa, que derogaría la Ley General de la Vivienda de 1988, introduce cambios sustanciales en derechos de propiedad, financiamiento y arrendamiento. El Ministerio de la Construcción es el organismo rector encargado de implementar las políticas estatales en la materia y es quien lleva adelante la consulta a través de sus plataformas digitales.
El anteproyecto elimina la sanción de confiscación de la vivienda por salida definitiva del propietario, una medida que durante décadas generó incertidumbre entre los emigrados. También clarifica las reglas de transmisión —venta, donación, permuta y herencia—, reduce la discrecionalidad administrativa y coordina la normativa con los planes de ordenamiento territorial.
Los emigrados podrán heredar y conservar propiedades, mientras que las viviendas de descanso tendrán los mismos derechos de transmisión que las residenciales. Además, se permitirá a las personas naturales tener hasta dos viviendas en propiedad, sin contar la de descanso declarada.
Diversificación del financiamiento
Por primera vez en décadas, la futura ley introduce el financiamiento hipotecario como vía para adquirir o construir viviendas. Este mecanismo, regulado por legislación específica posterior, permitirá a las familias acceder a créditos a largo plazo con la propia vivienda como garantía.
Hasta ahora, la mayoría debía ahorrar durante años, depender de remesas o construir por etapas según la disponibilidad de recursos.
El esquema se complementa con créditos bancarios tradicionales y subsidios presupuestarios destinados a familias vulnerables, damnificados por desastres naturales y programas prioritarios como jóvenes y familias numerosas.
La diversificación busca movilizar recursos públicos y privados para enfrentar un déficit habitacional que supera las 929 mil unidades.
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Arrendamiento, subarrendamiento y subsidios
El anteproyecto incrementa la proporción de viviendas en régimen de alquiler, permitiendo incluso el subarrendamiento. Con ello se pretende ampliar la oferta habitacional y atender a sectores que no pueden acceder a la propiedad.
La medida responde a la necesidad de flexibilizar el mercado y ofrecer alternativas en un contexto de escasez.
Asimismo, la norma establece mecanismos preferentes y subsidios para sectores priorizados: trabajadores de áreas clave sin recursos, personas en hacinamiento, jóvenes en edad laboral, familias numerosas, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia doméstica.
Se incluye un capítulo específico sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda, reconociendo su situación particular en el mercado inmobiliario cubano.
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Viviendas de descanso y transmisión de derechos
Las viviendas de descanso —ubicadas en zonas de playa, montaña o campo— tendrán los mismos derechos de transmisión que las residenciales. Podrán venderse, donarse, permutarse y heredarse sin limitaciones especiales.
Además, podrán ser objeto de financiamiento hipotecario, lo que abre la posibilidad de usarlas como garantía para créditos.
Igualmente, el anteproyecto fortalece las juntas de administración en edificios multifamiliares, otorgándoles mayor autonomía para fijar cuotas, aprobar gastos, contratar servicios y representar legalmente a los propietarios.
Se establecen vías de autofinanciamiento para el mantenimiento, incluyendo arrendamiento de espacios comunes y acceso a créditos bancarios. El Estado asumirá la rehabilitación estructural de edificios en alto deterioro mediante programas integrales.
Contexto crítico: déficit de construcción y dispersión normativa
La consulta sobre el Anteproyecto de Ley de la Vivienda se desarrolla en medio de la agudización de la crisis económica en la isla, que tiene en el sector constructivo y, en particular, en el tema de las viviendas, uno de sus puntos críticos.
En julio de 2025 y según el Micons, solo se habían edificado en esa mitad de año un total de 2 728, lo que representa un crecimiento de apenas el 0,1 % anual.
El fondo habitacional de la isla es de 4,1 millones de viviendas, de las que el 65 % se encuentran en buen estado técnico (2,6 millones), mientras que el 35 % están evaluadas en situación regular y mala (1,4 millones), de acuerdo con la entidad oficial.
Por otra parte, el gobierno reconoce que la dispersión normativa —con nueve decretos leyes y 127 normas aplicables— ha generado falta de control y ejecución.
El nuevo marco busca simplificar trámites, ampliar derechos y diversificar fuentes de financiamiento para enfrentar una crisis habitacional que afecta a millones de cubanos.
Según lo informado oficialmente, todos los cubanos pueden participar en la consulta hasta el 28 de febrero de 2026 enviando opiniones al correo electrónico habilitado por el Ministerio de la Construcción (consultaleyvivienda@oc.micons.gob.cu)
Tras la consulta, el anteproyecto podría sufrir variaciones antes de la presentación del texto definitivo a la Asamblea Nacional para su aprobación. De acuerdo con el más reciente cronograma legislativo de la isla ello debería ocurrir este propio año.
