Cecilia Crespo
Los cineastas cubanas agrupados en lo que se ha denominado G-20 –una representación de quienes, desde mayo de 2013, claman por la promulgación de una Ley de Cine en Cuba- anunciaron que ya esta terminado el documento base y listo para su presentación al Partido Comunista de Cuba (PCC).
En un resumen dado a conocer recientemente, estos creadores indican que “Cuando el ICAIC haga efectiva la entrega, habremos cumplido una parte importante de nuestros objetivos y se abre la etapa definitiva de llevar las ideas a la práctica”
El grupo recordó que, en los dos últimos años, ha sido objeto de “incomprensiones, ofensas, indiferencias y descalificaciones”, pero tampoco le ha faltado la “solidaridad, y mucho menos el empecinamiento propio”.
Según adelantaron, el documento “ha sido elaborado de conjunto entre los cineastas y el ICAIC” y recoge la totalidad de las “aspiraciones” analizadas en las asambleas.”
Estas asambleas sesionaron varios sábados en el Centro Cultural Cinematográfico Fresa y Chocolate. Los cineastas tienen principalmente tres aspiraciones o peticiones: una ley que regule la actividad; la creación de la figura jurídica del creador audiovisual y la formación de un fondo de fomento de la industria cinematográfica.
También se trata de rediseñar las funciones del ICAIC. Los planteamientos incluyen una ley de cine que mantenga al Instituto para trazar políticas y preservar el patrimonio audiovisual, pero sin producir ni censurar cintas.
La mayoría de los realizadores opinan que el Instituto debe dedicarse a la conservación del patrimonio, la entrega del premio nacional, las publicaciones y festivales, pero la producción debe correr a cuenta de los autónomos.
En Cuba existe una única legislación sobre cine que data de 1959, que fue la creación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), que durante décadas se ocupó de todo lo concerniente a la actividad. Pero la falta de recursos y las decisiones a veces más políticas que artísticas para dar luz verde a un proyecto propiciaron la creación de varias productoras independientes que, sin personalidad jurídica, trabajan hace varios años con la tolerancia oficial. Son más de cien y han obtenido cierto reconocimiento e interesante proyección internacional.
El grupo propuso fechas que, “una vez definidas por la Comisión de Implementación de los Lineamientos, deben poner en marcha el mecanismo sin más dilación y según lo establecido en el país para estos procesos”.
En relación con el filme Regreso a Ítaca, de Laurent Cantet, recientemente censurado en la pasada edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el G-20 manifestó su aspiración a que “cuanto antes el filme sea exhibido normalmente en las pantallas cubanas”.
“La censura ejercida sobre Regreso a Ítaca puso de manifiesto la ausencia de reglas y definiciones claras y públicas para tomar decisiones frente a películas polémicas, lo que da pie a fallos unilaterales, sin consenso ni diálogo y sin tomar en cuenta el criterio de los cineastas”, afirmaron.
Los creadores aclararon que el Comité de Cineastas o G-20 actualmente está compuesto por solo doce personas, “cantidad que mostró ser la más eficaz”.
Se trata de las directoras Rebeca Chávez, Lourdes de los Santos, Magda González, la joven productora Claudia Calviño, los premios nacionales de cine Fernando Pérez y Manuel Pérez, los guionistas Senel Paz y Arturo Arango, y los realizadores Ernesto Daranas, Enrique Álvarez, Luis Ernesto Doñas y Pedro Luis Rodríguez.
No entiendo sinceramente.
¿Está segura la redactora que esta propuesta de Ley debe ser presentada al Partido Comunista de Cuba (PCC)?
Hasta donde tengo conocimiento de causa, el PCC cubano no debe inmiscuirse en temas vinculados a la promulgación de Leyes, Decretos Leyes o Decretos. Eso le compete a la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado o el Consejo de Ministros, según lo que se vaya a legislar.
O hay error en el traslado de la noticia, o eso es un disparate enorme desde el punto de vista legislativo.
Una Ley que regule la actividad; la creación de la figura jurídica del creador audiovisual y la formación de un fondo de fomento de la industria cinematográfica, le compete en todo caso a la ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR, no al PCC.
Ojoconlanoticia. Concuerdo contigo. Pero seguro discutirán con el partido antes de presentar a la asamblea el proyecto de ley, el partido controla la política nacional y si dice que sí, la ley va. Si dice que no, la ley no va, esa ley en particular tiene mucha connotación política.
Que bien, pero si nos quedamos sin una institución “pública” que tenga el encargo de producir películas y haremos comedias románticas con mucha más frecuencia. No creo que se deba sustituirse un monopolio x otro aún mas agresivo. Mirar a nuestro alrededor.
Por favor, amigo Fidel A., esto es un arma que llega a un montón de personas. No hablemos de estas cosas si no hay conocimiento de causa, pues las opiniones se pueden causar hacia el lado en el que los cineastas nos vemos obligados a seguir jodiéndonos y la gente emigra porque no podemos hacer NINGUNA película. Además, te reto a que menciones 1 película buena del ICAIC en los últimos 10 años.