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La Asamblea de Cineastas Cubanos (ACC) denunció este lunes que la Resolución 61 del Ministerio de Cultura, en vigor desde el 1 de enero de 2026, constituye “otro golpe, esta vez fiscal” contra el cine independiente en la isla.
La organización, que no está reconocido por la institucionalidad cultural del país, sostiene en un comunicado que la nueva norma convierte al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) en un intermediario obligatorio que cobra por permisos y trámites básicos, imponiendo tarifas que, según los realizadores, asfixian la creación y consolidan un mecanismo de censura económica.
Un reclamo histórico ignorado
Durante casi dos décadas, los cineastas han reclamado la aprobación de una Ley de Cine que organice y potencie el ecosistema audiovisual cubano. En lugar de esa legislación, las autoridades han emitido resoluciones y regulaciones sin un proceso amplio de consulta.
La ACC recuerda que logros como el Fondo de Fomento fueron intervenidos y reconfigurados, lo que consideran parte de una “ingeniería inversa de la censura”.
La Resolución 61, afirman, se inscribe en esa misma lógica, al imponer un tarifario que privatiza el acceso a espacios públicos y burocratiza la producción.
Tarifas que convierten la ciudad en mercancía
El texto aprobado establece cobros en pesos cubanos y en divisas en caso de extranjeros para filmar en calles, plazas, zonas protegidas y hasta para el uso de drones.
Según el Anexo Único, un día de rodaje en una cuadra principal puede costar 4500 CUP, mientras que permisos de drones alcanzan los 12 mil CUP. Para trámites urgentes, los costos pueden llegar a 9 600 CUP. En el caso de producciones extranjeras, las tarifas oscilan entre 75 y 266 euros por locación o servicio, con descuentos limitados si se emplea mayoría de personal cubano.
La ACC advierte que estas cifras representan una barrera insuperable para estudiantes, documentalistas y colectivos independientes. “Nuestros cielos, costas y mares se convierten en mercancías, accesibles solo para quienes logren pagar”, señala el pronunciamiento. La consecuencia, añaden, es que la diversidad cultural se reduce a proyectos con respaldo institucional o financiamiento externo.
La Asamblea de Cineastas tiene nuevo grupo de representantes
Las víctimas más evidentes: estudiantes y jóvenes realizadores
Uno de los puntos más críticos para el gremio es el efecto sobre la formación de nuevos talentos. La Resolución contempla descuentos para proyectos estudiantiles y ganadores de fondos de 50 %, pero los cineastas aseguran que estos no reflejan la realidad de un sector donde los padres y los propios alumnos financian la mayoría de las obras.
Ejercicios docentes y tesis de grado, advierten, quedarán fuera de alcance ante tarifas que superan meses de salario promedio. “La norma golpea directamente a los estudiantes, quienes no podrán asumir los costos diseñados”, subraya la ACC.
Icaic, monopolio para la producción
La Asamblea cuestiona que el Icaic se convierta de este modo en un intermediario obligatorio para gestionar permisos que involucran entidades externas como migración, aduanas o capitanías. Este esquema, dicen, crea un monopolio estatal que encarece la producción y abre la puerta a demoras burocráticas y controles discrecionales.
“El control centralizado podría usarse para censurar proyectos no deseados, ya que el permiso depende de su aprobación implícita”, advierte el documento.
La ausencia de plazos máximos para la tramitación y de vías formales de reclamación agrava la inseguridad jurídica. Para los cineastas, la resolución no es un mero trámite administrativo, sino una barrera que condiciona el arte a la capacidad económica y limita la libre expresión.
Cultura, ¿un negocio?
La ACC sostiene que la Resolución 61 pervierte el mandato constitucional que confiere al Ministro de Cultura la atribución de regular el sector. En lugar de fomentar la creación, convierte la cultura en un negocio estatal.
“Esto no desarrolla la producción, como pretende el Acuerdo 9941, sino que la asfixia bajo capas de burocracia monetizada”, señala el pronunciamiento. El espacio público, añaden, deja de ser un bien común y se transforma en un recurso capitalizado.
Los cineastas recuerdan que gran parte del cine cubano, especialmente el documental, necesita de la calle, la ciudad y la interacción con el tejido social real. Gravar esa producción, advierten, puede silenciar miradas críticas y la vocación neorrealista que distinguió al nuevo cine latinoamericano.
“La realidad es colectiva y expresa la vida de nuestro pueblo, entendido como verdadero productor de gran parte del cine que hacemos”, afirma la ACC. Privatizar ese derecho, agregan, va en contra de la libre expresión y de los derechos ciudadanos.
Falta de transparencia y previsibilidad
La ACC reprocha también la falta de criterios claros para distinguir entre distintos tipos de producciones. Las diferenciaciones quedan relegadas al Anexo Único, lo que reduce la transparencia del régimen tarifario. Además, la resolución no incluye el valor de tasas impositivas en concepto de sellos ni aranceles adicionales, lo que añade costos impredecibles. “¿Hasta dónde pueden elevarse entonces los costos reales derivados de esta norma?”, se preguntan los cineastas.
Frente a estas críticas, la ACC propone pausar la implementación de la Resolución 61 y abrir un intercambio real sobre las necesidades del cine nacional.
El comunicado insiste en la importancia de trabajar juntos por una Ley de Cine que articule todo el ecosistema —Comisión Fílmica, Fondo de Fomento, coproducciones, incentivos fiscales, exhibición y patrimonio— en torno a una filosofía común donde el fomento de la cinematografía y su acceso al público sean el centro.
“Ordenar implica potenciar, no asfixiar. Si el precio de filmar es hacerlo inviable, entonces no están defendiendo a nuestro cine: lo están censurando desde lo económico”, concluye el pronunciamiento.
