William M. LeoGrande
“Lo que ha pasado con Cuba es una injusticia”, declaró el recién electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, en octubre pasado durante una conferencia de prensa con el secretario de Estado, Antony Blinken, cuando se le preguntó sobre la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo internacional. “Y eso necesita corregirse”, agregó. Blinken indicó que la designación sería revisada: “Tenemos leyes claras, criterios claros, requisitos claros, y continuaremos revisándolos según sea necesario para ver si Cuba continúa mereciendo esa designación”.
Durante dos años la administración Biden ha prometido reconsiderar la designación hecha por el presidente Trump solo unos pocos días antes de dejar el cargo, un tiro de despedida diseñado para recompensar a sus seguidores cubanoamericanos y complicar las relaciones del presidente Biden con La Habana. Pero esa revisión aún no ha ocurrido.
Según el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, la razón principal para regresar a Cuba a esa lista fue su negativa de entregar al gobierno colombiano a los líderes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Los rebeldes estaban en La Habana para efectuar conversaciones de paz con el gobierno colombiano, copatrocinadas por Cuba y Noruega. En 2020, el presidente conservador Iván Duque rompió las conversaciones y llamó a Trump a que declarara a Cuba patrocinador del terrorismo por dar refugio a los negociadores. El presidente Petro ahora ha reiniciado las conversaciones y pedido a Cuba y Noruega, una vez más, actuar como garantes, negando la lógica de Pompeo.
Cuba fue incluida por primera vez en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional en 1982 por el presidente Ronald Reagan a fin de castigar a La Habana por armar a los movimientos revolucionarios en Centroamérica. Irónicamente, bajo la Doctrina Reagan Washington estaba apoyando a los movimientos contrarrevolucionarios en Nicaragua, Angola y Afganistán, responsables de ataques terroristas contra civiles mucho peores que los de cualquier otro movimiento apoyado por Cuba. Pero así fue la hipocresía de la política exterior de la Guerra Fría.
Después del colapso de la Unión Soviética, Cuba dejó de brindar apoyo material a los revolucionarios extranjeros. Los funcionarios de la administración Clinton reconocieron que ya no había ninguna razón para que permaneciera en la lista, pero no estaban dispuestos a involucrarse en una pelea política con los cubanoamericanos del sur de Florida.
Cuando el presidente Obama finalmente ordenó revisar la designación de Cuba como estado terrorista en medio de su política de normalización de relaciones, el Departamento de Estado y la comunidad de inteligencia concluyeron que Cuba debería ser sacada de esa lista. Como señaló el secretario de Estado John Kerry, las otras quejas de Washington contra Cuba —tener en su territorio a fugitivos estadounidenses y apoyar al gobierno venezolano— “caen fuera de los criterios para la designación como Estado Patrocinador del Terrorismo”. En mayo de 2015 Obama sacó a Cuba de la lista. Luego, Cuba y Estados Unidos firmaron un Memorando de Entendimiento (ME) sobre implementación de la ley, incluida la cooperación antiterrorista. La administración Trump ignoró ese ME y volvió a poner a Cuba en la lista.
A primera vista, el daño de estar en esa lista parece limitado para Cuba. Casi todas las sanciones económicas contra los países que figuran en ella se han implementado contra Cuba desde 1962 bajo el embargo general impuesto por el presidente Kennedy. Pero el impacto sobre los administradores de riesgos en las instituciones financieras globales resulta devastador. Al hacer negocios con clientes sospechosos de terrorismo, están obligadas, por ley, a emprender una “diligencia debida mejorada” a fin de garantizar que no estén financiando actividades terroristas sin saberlo. Los mayores costos y riesgos de hacer negocios con un país que figura en la lista superan el potencial de ganancias. A las pocas semanas de volver a incluir a Cuba en la lista, 45 bancos e instituciones financieras internacionales dejaron de hacer negocios con la isla. “Tiene un impacto devastador”, dijo el viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío. “Y Cuba todavía hoy, en virtud de su presencia en esa lista, se topa con organizaciones comerciales y financieras que se niegan a interactuar con nosotros por temor a represalias del Gobierno de Estados Unidos”.
Además del daño financiero, la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo agrega un insulto a la herida. Desde 1959, Cuba ha sido víctima de cientos de ataques paramilitares por parte de los exiliados, muchos entrenados y patrocinados por Estados Unidos durante la “Guerra Secreta” de la CIA en las décadas de los 60 y los 70. Incluso después de que Washington dejó de apoyar esos ataques, continuó albergando a los perpetradores, entre los más notorios Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, quienes organizaron en 1976 el atentado contra un avión civil de Cubana que mató a las 73 personas a bordo.
En 2015, cuando Estados Unidos y Cuba estaban discutiendo el restablecimiento de relaciones diplomáticas, el tema de la lista fue un importante punto de fricción. “Sería difícil explicar que se hayan reanudado las relaciones diplomáticas mientras Cuba siga figurando injustamente como un estado patrocinador del terrorismo internacional”, dijo Josefina Vidal, la principal representante de Cuba en esas conversaciones. La lista también constituye un gran obstáculo para mejorar las relaciones hoy.
Ahora que aparentemente el presidente Biden ha decidido mejorar las relaciones con La Habana, sacar a Cuba de esa lista es el siguiente paso lógico. Recientemente, una delegación de Estados Unidos viajó a La Habana para hablar sobre cooperación en materia de aplicación de la ley, incluso de lucha contra el terrorismo. Un claro ejemplo de lo anacrónico que resulta que Cuba siga apareciendo en esa lista.
El presidente Biden debería cumplir la promesa que el secretario Blinken le hizo al presidente Petro el año pasado: ordenar una revisión de la lista en la que Cuba aparece como estado patrocinador del terrorismo y aplicar honestamente los “criterios claros y requisitos claros” especificados por la ley. Una revisión justa concluirá, como se hizo en 2015, que Cuba no está patrocinando el terrorismo.
Sacarla de la lista abrirá oportunidades para mejores relaciones en un amplio abanico de temas que benefician a ambos países.
Traducción: Alfredo Prieto.
*Publicado originalmente por Responsible Statecraft y reproducido con su autorización y la del autor.
