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Con una decisión tomada a velocidad récord y amparada en un controvertido recurso legal, la Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández, frustrando el intento de regreso de la líder peronista a la arena electoral.
El fallo, adoptado por los tres jueces de la Corte Suprema, selló la suerte de Fernández de Kirchner al rechazar los recursos extraordinarios presentados por su defensa mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, detalló este martes el periódico argentino Página 12.
Esa herramienta, que permite desestimar recursos sin argumentar los motivos ni revisar los expedientes, fue considerada por juristas y organismos de derechos humanos como un atajo de alto voltaje institucional en una causa plagada de irregularidades y cuestionamientos internacionales.
“El problema es político, no jurídico. Acá ya de lo jurídico no queda prácticamente nada”, advirtió el abogado Marcos Aldazabal, quien alertó sobre la gravedad institucional de una decisión tomada sin fundamentos públicos.
La Corte, al invocar el 280, evitó pronunciarse sobre la inocencia o culpabilidad de la exmandataria, pero dejó firme la condena dictada por la Cámara Federal de Casación Penal y el Tribunal Oral Federal N.º 2, que la halló responsable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
“Al cepo del salario le agregaron el cepo al voto popular”, denuncia Cristina
Tras el fallo adverso de la Corte Suprema que la manda a prisión por seis años, Cristina Kirchner habló con la militancia que se apiñaba con banderas y lemas en la sede del Partido Justicialista(PJ)
“La verdad es que esta Argentina que gobierna Milei no deja de sorprendernos, porque al cepo del salario le agregaron el cepo al voto popular”, manifestó la dirigente peronista, quien calificó a los jueces de la Corte como un “triunvirato de monigotes” que responde a los intereses del “ poder económico concentrado de la Argentina”.
En ese sentido, amplió: “Ese poder a los pocos días del intento de asesinarme, tituló: “La bala que no salió, el fallo que sí saldrá”.
En relación con su condena, señaló que mientras “los Macri y los Caputos puedan caminar sin que nadie les diga nada, estar presa es un certificado de dignidad histórica”.
Por eso agregó que “cuando fui a declarar (en la causa Vialidad) dije que la sentencia ya estaba escrita, y no me equivoqué”.
“La historia argentina demuestra que a los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo, que logran la distribución del ingreso mas equitativa, no los perdonan”, y manifestó que “se equivocan los que creen que de esta manera (condenándome) van a seguir con procesos de expoliación”.
También expresó que en el peronismo están “los únicos que podemos construir una alternativa cuando esto se desmorone”, en referencia al modelo económico de Milei, sintetizó Página 12.
Un sistema democrático en apuros
De esa manera, Cristina Fernández de Kirchner quedó legalmente impedida de competir en las elecciones legislativas bonaerenses de septiembre, donde ya había oficializado su candidatura por la Tercera Sección Electoral.
El fallo fue interpretado por sus aliados como un intento deliberado de excluir del juego democrático a la principal figura de la oposición, y por la propia exmandataria como la culminación de una persecución judicial que lleva más de una década.
El exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, advirtió que la ratificación de la condena podría derivar en un “caos total” y una crisis institucional de magnitudes insospechadas.
“¿Qué te parece una democracia donde, a través de un triunvirato, se pone presa a la presidenta del principal partido opositor? Nos estamos peruanizando. Es lo mismo que tener a Castillo preso, solo que Cristina no hizo ningún discurso”, sentenció Zaffaroni, quien denunció un “desastre institucional” y la caída de las instituciones republicanas.
¿Prisión efectiva o domiciliaria?
Tras la confirmación de la condena, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la inmediata detención de Fernández de Kirchner y el decomiso de sus bienes. El Tribunal Oral Federal N.º 2 le dio cinco días para presentarse ante la justicia y pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que disponga una dependencia de fuerzas federales adecuada para su alojamiento.
No obstante, fuentes judiciales y constitucionalistas coinciden en que, dada la edad de la exmandataria (72 años) y su estado de salud, lo más probable es que cumpla prisión domiciliaria y no sea trasladada a una cárcel común.
La ley argentina prevé el beneficio de la prisión domiciliaria para mayores de 70 años y personas con problemas de salud acreditados, aunque la última palabra la tendrá el tribunal de ejecución penal.
Respaldo opositor y reacción del peronismo
El fallo de la Corte Suprema generó una inmediata ola de respaldo a Fernández de Kirchner de gobernadores, dirigentes y militantes del peronismo, que se congregaron en la sede del Partido Justicialista y protagonizaron cortes de rutas y autopistas en señal de protesta.
Axel Kicillof, gobernador bonaerense y uno de los líderes más influyentes del peronismo, afirmó que “condenan a Cristina por gobernar en favor de las mayorías y en defensa de los intereses nacionales. Condenan a Cristina, atacan la democracia”.
Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, advirtió por su parte que “ preocupa profundamente que, una vez más, se intente utilizar al Poder Judicial como herramienta para resolver lo que debería dirimirse en el terreno de la política y el debate democrático”.
Entretanto, Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa, consideró que el fallo “suma más desprestigio social a un poder del Estado que privilegia intereses políticos sectoriales por encima del estricto cumplimiento de su rol constitucional”.
A su vez, Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, sostuvo que “impedir su candidatura no afecta solo a una persona: es limitar el derecho de millones de compatriotas a elegir libremente”.
Desde el peronismo cordobés, Juan Manuel Urtubey calificó el proceso como “linchamiento contra Cristina” y un “disparate jurídico con tufillo a proscripción”.
El exministro de Economía Sergio Massa advirtió que “con este antecedente, todo líder de cualquier organización política, empresaria o social puede ser culpado por los actos de sus subalternos inferiores”, y denunció la “judicialización de la política” como una interferencia en el proceso democrático.
De acuerdo con Página 12, los principales referentes de la izquierda también condenaron la proscripción de Fernández de Kirchner.
Myriam Bregman, exdiputada del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) , denunció “un Poder Judicial turbio que se caracteriza por manejar los tiempos con una elasticidad enorme”, mientras que Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) recordó que “al propio Macri lo han absuelto en varias causas, demostrando que no les interesa investigar la corrupción de los gobiernos”.
Vanina Biasi, del Partido Obrero, calificó el fallo como “un acto de intromisión política de la Corte para proscribir a una dirigente política y candidata ya anunciada públicamente.
Un proceso viciado
El proceso judicial contra Fernández de Kirchner ha sido objeto de críticas desde su inicio, tanto por la rapidez inusual con la que avanzó como por las recusaciones y fallos divididos que lo rodearon.
La Corte Suprema ya había dado señales de su decisión al rechazar la recusación contra el juez Ricardo Lorenzetti y desestimar parcialmente el recurso de queja de la defensa.
El uso del artículo 280, que permite a la Corte desestimar recursos sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, fue visto como una maniobra para evitar el debate sobre las irregularidades denunciadas y consolidar la proscripción de la exmandataria.
“No hay control de constitucionalidad en serio. Cada cual dice lo que quiere, según su propio criterio de interpretación”, denunció Zaffaroni, quien llamó a una profunda reforma del Poder Judicial.
Futuro político de CFK
Con la condena firme y la inhabilitación perpetua, el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner queda sellado, al menos en el corto plazo.
Si bien sus aliados insisten en denunciar una persecución judicial y en movilizar a la militancia en su defensa, la decisión de la Corte Suprema la excluye de la competencia electoral y la coloca a las puertas de cumplir una pena de prisión, probablemente en su domicilio por razones de edad y salud.
El fallo, celebrado por sectores del oficialismo y la oposición de centroderecha, es visto por analistas como un punto de inflexión en la historia política argentina. Reaviva el debate sobre la independencia del Poder Judicial, la judicialización de la política y la vigencia del Estado de derecho.
Mientras tanto, la expresidenta mantiene el respaldo de amplios sectores del peronismo y la izquierda, que la consideran víctima de una estrategia para eliminar a los adversarios políticos mediante el uso de los tribunales. En las calles y en las redes, el mensaje es claro: “El pueblo la abraza: el pueblo unido jamás será vencido”.
