La Cámara de Diputados argentina aprobó hoy martes el proyecto de ley con el que el Gobierno del presidente Javier Milei busca implementar reformas económicas y del Estado.
La llamada Ley de Bases —la primera norma que Milei aspira a lograr desde que asumió en diciembre y con la que busca asegurarse mayor gobernabilidad— salió adelante. A los votos del partido oficialista La Libertad Avanza se sumaron los de su aliado PRO y los de legisladores dialoguistas de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal.
La iniciativa deberá ser tratada por el Senado en los próximos días.
Milei se congratuló del resultado. “Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto”, publicó el mandatario en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Mientras la votación avanzaba, organizaciones y partidos de izquierda protestaban en las inmediaciones del Congreso al considerar que ambas iniciativas perjudican a los trabajadores y benefician a las empresas y a particulares de altos ingresos.
En la Ley de Bases el oficialismo, en desventaja numérica en la Cámara de Diputados y en el Senado, hizo concesiones a sectores aliados para evitar el tropiezo que hace algo más de dos meses sufrió otra versión que contemplaba reformas de mayor calado.
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La cámara baja aprobó los artículos que declaran la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. También una reforma del Estado con la delegación y facultades al Ejecutivo sobre organismos públicos y fondos fiduciarios.
La ley incluye además una reforma laboral, la cual el gobierno intentó impulsar al inicio de la gestión sin éxito y que encontró trabas en la justicia. El oficialismo dio marcha atrás con medidas que eran leídas como un recorte del poder de los sindicatos, entre ellas la que limitaba el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales y la que eliminaba las cuotas solidarias obligatorias que deben pagar los trabajadores que no están afiliados a los gremios.
Además, se estableció que la participación en bloqueos o tomas de establecimientos por los trabajadores configurará una grave falta que podría ser tomada como causal de despido.
El diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño señaló que esta es “una contrarreforma que le quita derechos a los trabajadores. Es un retroceso, porque trae mayor precarización”.
En Argentina más del 40% de los trabajadores no están registrados.
La ley contempla además la creación de un régimen de incentivo para grandes inversiones que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos millonarios.
Diputados opositores apuntaron que “no es justo este tipo de concesiones que perjudican a otras empresas”.
Associated Press/OnCuba.