Redacción OnCuba
A través de su embajador en Guatemala, Rajani Alexander, Canadá se sumó a un grupo de países que exigen el pleno cumplimiento de los resultados de las elecciones ganadas por Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, luego de una segunda vuelta el 20 de agosto de 2023.
Desde entonces, la clase política que controla el poder en Guatemala busca impedir que Arévalo asuma la presidencia el próximo 14 de enero. “Es claramente un candidato que atenta contra los intereses de quienes han detentado el poder durante 30 años en Guatemala y, por lo tanto, era evidente que no iba a ganar sin un intento de contrataque”, afirmó Garance Robert, coordinador del Equipo de Investigación sobre Inclusión y Gobernanza en América Latina (ERIGAL) de la Universidad de Montreal.
El 10 de diciembre, los embajadores de Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Suecia y Suiza, además del encargado de negocios de Estados Unidos, resaltaron que las elecciones guatemaltecas se consideraban ejemplares por las misiones de observación electoral nacionales e internacionales que siguieron el proceso.
El Tribunal Supremo Electoral confirmó que miles de observadores internacionales y nacionales formaron parte de las misiones, entre ellos personas de reconocido prestigio.
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“Como representantes de los gobiernos de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza, hemos seguido con creciente preocupación los intentos de silenciar la voz del pueblo de Guatemala, expresada en las urnas. Hemos sido testigos de la judicialización abusiva del proceso y de los intentos de manipulación de los resultados. Los ciudadanos de nuestros países mantienen fuertes lazos de amistad y colaboración con el pueblo de Guatemala. Constantemente, y con creciente urgencia, expresamos nuestra preocupación por estas acciones antidemocráticas”, dijeron los embajadores.
En octubre, las movilizaciones en Guatemala exigieron la renuncia de tres funcionarios: la fiscal general Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, acusados de conspirar para negar a Bernardo Arévalo su victoria en las elecciones presidenciales.
Aunque sus nombres están incluidos en una lista de actores corruptos y antidemocráticos elaborada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Porras, Curruchiche y Orellana rechazan la toma de posesión de Bernardo Arévalo, cuyo partido político, Semilla, se presentó en las elecciones con un programa anticorrupción.
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Desde los inesperados resultados obtenidos por Arévalo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de junio, y más aún desde su victoria en la segunda vuelta del 20 de agosto, los tres funcionarios han multiplicado sus llamados a invalidar los resultados.
El 8 de diciembre, la Fiscalía de Guatemala anunció que consideraba nulas las elecciones presidenciales ganadas en agosto por Arévalo por supuestas irregularidades. Esta declaración llevó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a denunciar un intento de golpe de Estado en Guatemala.
La fiscal Leonor Morales afirmó durante una conferencia de prensa que las investigaciones “demostraron que hubo anomalías en la redacción del acta de cierre del conteo de votos y que, por lo tanto, las elecciones del presidente, del vicepresidente y de los diputados […] son automáticamente nulas y sin efecto”.
Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) había declarado previamente legítimas las elecciones y confirmó que Arévalo podría, como estaba previsto, asumir el cargo el 14 de enero de 2024.
Morales dijo que el acta no fue aprobada por el pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y, por lo tanto, no debería haberse utilizado para registrar los resultados.
Tras el anuncio de la fiscal, el Tribunal Supremo Electoral reafirmó que los resultados de las elecciones presidenciales ganadas por Bernardo Arévalo eran oficiales e inalterables.
