Cuatro claves sobre la complicada situación de Venezuela

Los acontecimientos en Venezuela han estremecido al hemisferio occidental repercutiendo en las capitales de todo el mundo. Se impone una observación ordenada de esta situación más allá de la inmediatez, las tomas de partido y las analogías sin asidero. Conviene apuntar cuatro claves fundamentales:

La importancia del país. Para empezar, Venezuela es una de las naciones más ricas del mundo en recursos naturales. El petróleo y el papel que los gobiernos en Caracas han jugado en la dinámica energética del mundo históricamente, desde la propuesta de la OPEP por el adeco Juan Pablo Pérez Alfonso hasta la diplomacia de Hugo Chávez, marca una diferencia con problemas humanitarios y crisis democráticas en otros países del mundo.

Venezuela también está enclavada en la confluencia geopolítica de Suramérica y el Caribe, con potenciales explosivos para la seguridad regional. Se trata de un país de treinta y dos millones de habitantes. La crisis humanitaria de centenares de miles de venezolanos escapando desde un país acostumbrado a vivir con niveles altos de bienestar, con expectativas alimentadas en los periodos de bonanza petrolera, está muy lejos de llegar a su nadir. Los niveles de inseguridad pública, la conexión de sectores de la sociedad y el estado a grupos criminales, y el largo perímetro de fronteras del país generan pavor ante cualquier escenario que proyecte un estado fallido.

Los últimos veinte años de la historia venezolana han arrojado la consolidación de un espacio de izquierda radical, con una meseta electoral firme, comprometida en torno al PSUV, en alianza con la Cuba comunista y asociación estratégica con China y Rusia, los grandes poderes rivales al orden liberal bajo liderazgo de EE.UU.

Ante la bifurcación del ascenso de un presidente de izquierda en México y otro de derecha en Brasil, las dos potencias regionales más importantes, el destino de la revolución chavista se perfila como el fiel de la balanza ideológica en América Latina.

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El sistema político bolivariano parece haber sido hecho para generar un sobresalto cada trimestre. Es difícil pensar en una situación con preferencias hacia la conciliación con un esquema presidencialista, con reelección indefinida, parlamento unicameral, federalismo confuso, y un calendario electoral cargado.  Es difícil concebir también una política venezolana estable, con ese sistema político y una economía que depende en un 95 por ciento de las exportaciones petroleras, con una empresa como PDVSA sujeta no a una estrategia no partidista de desarrollo, sino cual feudo del gobierno para repartir dádivas y beneficios a la base política.

En las sucesivas rondas de negociaciones entre gobierno y oposición, ambos, obsesionados por la inmediatez, no han atendido esa volatilidad sistémica incorporada. Si algún papel positivo puede jugar la comunidad internacional es contribuir a soluciones no partidistas a esos retos, como lo hizo el Centro Carter a mediados de los años 2000, con un enfoque de acompañamiento. Lamentablemente, no es lo predominante en la acción de los actores internacionales. No lo ha sido en la década pasada y no lo es ahora.

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Para manejar la crisis, los venezolanos necesitan acuñar una estructura de análisis que propicie una salida negociada. El activismo del actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro ha sido nefasto.

Almagro, lejos de favorecer un diálogo a tiempo entre gobierno y oposición, que ofreciera buenos oficios, se alineó con el ala radical opositora, ahora con más oídos abiertos en el Washington de Trump. Almagro llegó a inmiscuirse en las diferencias de la oposición, condenando al candidato opositor Henry Falcón, por intentar una salida electoral en las elecciones del 20 de mayo.

Hoy, gobierno y oposición intercambian la acusación de “golpe de estado”. La diferencia es a quién culpan de “golpista”. Para los chavistas de Nicolás Maduro, el presidente interino nombrado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, es un títere de EE. UU, no ha sido elegido en elección presidencial alguna, y carece de mandato popular. Para los opositores de Guaidó, el presidente Nicolás Maduro, es un títere de Cuba, que intenta atornillarse en la silla presidencial, usando unas elecciones espurias, sin las garantías electorales mínimas.

Gobierno y oposición proclaman que la solución al golpe de Estado es un retorno a la constitucionalidad. El problema es que chavismo y oposición, Maduro y la Asamblea Nacional, tienen en común un enfoque instrumental hacia la Constitución. La respetan martes y jueves, cuando les conviene.

En la raíz de la actual crisis está una asamblea que se desbordó como cuartel general de la insurrección, y un gobierno que recortó a la brava lo poderes del legislativo, con la anuencia de un tribunal supremo sin independencia, empacado de un tirón desde los tiempos de Chávez.

Un elemento central del chavismo ha sido derivar hacia la concepción leninista cubana de partido de vanguardia. De una actitud dialogante en los inicios de su primer mandato, Chávez avanzó hacia la soberbia de anunciar que haría “polvo cósmico” a la izquierda moderada que no aceptaban seguirlo con incondicionalidad en el PSUV. De esos vientos salieron estas tempestades.

En lugar de acuñar la situación como “golpe de Estado”, la comunidad internacional debería definir la crisis como un conflicto de poderes.

El ejecutivo y el legislativo desbordaron sus mandatos y el judicial, sin independencia política, no es hoy un mediador imparcial efectivo de sus conflictos. Tanto el presidente Maduro como la Asamblea Nacional y su presidente fueron electos con mandatos populares que ambas partes aceptaron.

Ambos actores desbordaron la letra y el espíritu constitucional de esos mandatos. En lugar de estigmatizar a una de las partes, la solución y mediación del conflicto exige volver al soberano con nuevas elecciones, cuyo vencedor disponga de la legitimidad de ser aceptado por una parte significativa de sus oponentes. Eso implica también romper el ciclo vicioso polarizador, ofreciendo garantías a la oposición que emerja para competir en el próximo calendario electoral desde un plano nivelado. Se necesitan elecciones, justas, transparentes, competitivas, bajo supervisión internacional, pero también urgen pactos de gobernabilidad que generen ambientes post-electorales de distensión.

En la ausencia de un diálogo político mediado, que priorice la legitimidad de proceso, las elecciones amplificarán la polarización. Si los actores son los mismos, actuando de la misma forma, bajo la misma preferencia por la contención, es predecible la repetición del conflicto.

Sin revisar la reelección indefinida, la condición unicameral del parlamento, y el tenso calendario electoral, la próxima crisis sobrevendrá luego; es apenas cuestión de tiempo. Se trata de construir un entramado institucional para la reforma y el pacto, que empodere e incentive a los sectores moderados de cada lado, no a sus radicales.

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De todo lo anterior se desprende que los actores internacionales son claves para una solución negociada de la crisis. Es importante que las gestiones internacionales se adscriban al derecho internacional, pues sus normas proveen estándares no partidistas.

Por desgracia, el panorama internacional ha amplificado la disputa venezolana con resonancias polarizadoras. El discurso sobre “el golpe de Estado” ha sido reiterado con culpables distintos en Washington, Brasilia y Bogotá, en Moscú, la Habana y La Paz. Para esas narrativas, Venezuela es solo el sector político con que se comparte ideología. Maduro es para sus partidarios, un nuevo Salvador Allende, ficción que -como ha apuntado el ex ministro Sergio Bittar- olvida que el chileno fue un mártir de la democracia representativa, la misma que Maduro y su “comandante eterno” repudiaron como “formal”. Guaidó, un desconocido hasta la última semana, se ha convertido de la noche a la mañana en la esperanza mágica de una oposición mermada en su capacidad de movilización y articulación de alternativas.

En la ausencia de una organización regional responsable (Ni la OEA, ni UNASUR, ni CELAC, lo han sido. Las últimas por omisión, la primera por un liderazgo lamentable), América Latina vaga sonámbula sin una respuesta regional.

Para complicar más el panorama, la administración Trump, y sus cubanos anticastristas, que no es lo mismo que demócratas, han buscado pescar en Venezuela revuelta. En acto coordinado con varios gobiernos de la región, alineados a la derecha, incluidos algunos con crisis democráticas a su interior, el gobierno de Trump reconoció a Guaidó, nombrando a Elliot Abrams, pieza clave en violaciones del derecho internacional y la propia legislación estadounidense, desde los tiempos del escándalo Irán-Contras, para manejar el portafolio de la crisis en Venezuela.

Trump ha adoptado también una serie de sanciones contra el sistema financiero venezolano, que en explicación del economista Mark Weisbrot, aun antes de esta crisis constitucional, equivalían a una guerra financiera para invalidar cualquier programa de ajuste. Aunque ninguna de esas acciones justifica la manifiesta incompetencia, denunciada corrupción e irrespeto por sus propias leyes del gobierno chavista, es evidente que esa política de acoso contribuye al deterioro de la situación económica y el efecto de trinchera en las filas chavistas.

Para colmo de males, Trump y sus funcionarios repiten a menudo que todas las opciones, incluida la militar, están sobre su mesa. Uno no puede menos que acordarse de la máxima del presidente Obama para la política exterior: “No hacer estupideces”. No se puede hablar de democracia en Venezuela sin denunciar la ilegalidad e inmoralidad de ese abuso contra la soberanía venezolana.

Es lamentable que Estados Unidos retorné su política regional al mangoneo típico de la doctrina Monroe. Parte integral de esa doctrina fue el uso, a principios del siglo XX, del reconocimiento de gobiernos como “acto constitutivo” y no meramente declarativo. A través de la diplomacia de las cañoneras en América Central y ligando el no reconocimiento a la amenaza o al uso de la fuerza, Washington se autoerigió en juez para quitar y poner gobiernos a su antojo.

Aquí es importante diferenciar el no reconocimiento al gobierno de Maduro, más allá del periodo concluido en 2019, debido a la ausencia de garantías en el ejercicio electoral de mayo 20 de 2018 del reconocimiento por el gobierno Trump y otros gobiernos a la presidencia de Guaidó.

Si la denegación de reconocimiento a Maduro es explicable desde la Carta Democrática Interamericana, el reconocimiento a la presidencia de Guaidó es una intervención flagrante en asuntos internos venezolanos.

A esta hora es difícil dudar que los vínculos del partido Voluntad Popular de Leopoldo López han sido claves para la coordinación del reconocimiento de Guaidó desde el Departamento de Estado. Resulta también vergonzoso desde la experiencia latinoamericana como países, movimientos políticos y hasta tanques de pensamiento, alaban en lugar de criticar las alusiones de Trump, Pence y Pompeo sobre un posible uso de la fuerza al margen del artículo VII de la Carta de la ONU.

En ese desierto diplomático de respaldos incondicionales a Maduro y Guaidó, sin apego al derecho internacional y la declaración universal de derechos humanos, brilla con luz propia el gobierno uruguayo del Frente Amplio, recientemente respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador de México.

La diplomacia uruguaya tiene el prestigio de haber criticado la falta de garantías y las exclusiones de políticos opositores de las elecciones de la primavera, señalando también las actitudes confrontacionales de la oposición y la Asamblea Nacional.

Ahora, cuando en la OEA las administraciones de Trump, Bolsonaro y Duque han procurado resoluciones parcializadas, Montevideo ha insistido en el respeto irrestricto a las normas internacionales, el diálogo calmado y una salida negociada. El Frente Amplio, en resolución de su tribunal de militancia, ha expulsado a Luis Almagro, no por sus críticas al gobierno de Maduro, sino por su coqueteo con el uso de la fuerza contra un país latinoamericano.

Para tragedia de Venezuela y America Latina, la posición uruguaya a la que Maduro dijo apoyar, con una disposición a dialogar, fue ignorada por la Unión Europea, y particularmente España que optó por un ultimatum, que constituye a la larga una toma de posición a favor de Guaidó. El gobierno de Pedro Sanchez al adoptar como suya, la postura de su rival Ciudadanos, abdicó del especial poder mediador que podia haber construido con Uruguay, y especialmente con Mexico.

¿Salida? Por lo pronto el gobierno de Nicolás Maduro mantiene el control del territorio, la población, el orden interno y el respaldo de las fuerzas armadas. Aunque hay chavistas que se han distanciado de Maduro, el antiguo operario de ómnibus conserva una importante meseta mínima electoral y de movilización.

Internacionalmente, la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y las declaraciones de los estados caribeños indican que Washington no tiene de su lado a la mayoría de la comunidad internacional.

A la vez, hay que tomar en serio la intervención del senador Marco Rubio como una especie de embajador de la Venezuela de Guaidó en Washington, mientras afirma medidas de grave impacto en la situación económica, como el traspaso de los activos de Citgo, con tres refinerías, y más de seiscientas gasolineras al gobierno de Guaidó, reconocido por la Casa Blanca.

En estas condiciones el tiempo es imprescindible para evitar una espiral de deterioro y declive a la violencia. Maduro ha dicho que está dispuesto a cualquier diálogo, pero sin conceder posibilidad alguna de nuevos comicios, sin lo cual es difícil que la oposición o una parte de ella crea en esa intención. Por su parte, los opositores parecen más interesados hoy en disfrutar lo que calculan es un fuerte viento a favor, recuperándose de súbito del fraccionamiento y deterioro de sus partidos y organizaciones más importantes. Con esas tendencias, lo predecible es más irresponsabilidad, más pobreza y más conflicto.