Jaime Chuchuca Serrano
El escenario internacional y la economía ecuatoriana no son nada prometedores. Antes de la pandemia, la situación de pobreza provocó intensas movilizaciones que desembocaron en el Levantamiento Popular de octubre de 2019. Al poco tiempo, vendrían las movilizaciones de Chile, Colombia y el golpe de Estado en Bolivia. El Levantamiento de Ecuador nos hizo recordar los viejos lazos de la estructura neocolonial. El movimiento indígena se reorganizó y tuvo mayor impacto social. Al mismo tiempo, cambió el escenario electoral. A las fórmulas del correísmo y de la derecha de Lasso, se sumó una tercera alternativa, la del movimiento indígena y popular con el Partido indigenista Pachakutik (PK) y su candidato, Yaku Pérez.
En la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral (CNE) detuvo el conteo durante cinco días, y al quinto día, con más del 93% de los votos escrutados, Guillermo Lasso pasó del tercer lugar al segundo, impidiendo que Yaku Pérez pasase a segunda vuelta.1 Pachakutik obtuvo por primera vez 27 escaños en la Asamblea Nacional, la coalición del correísmo Unión por la Esperanza (UNES) 49, la Izquierda Democrática (ID) 18, el Partido Social Cristiano (PSC) 18 y el partido de gobierno Creando Oportunidades (CREO) 12, entre otros. Pérez desenvolvió una gran lucha institucional en contra del fraude, sin resultados. La segunda vuelta se marcó por el crecimiento histórico de la votación nula; Guillermo Lasso (52,36%) ganó apenas con una diferencia de 4,72% al candidato del correísmo, Arauz (47,64%).
De ese modo, el gobierno de Lasso entró a gobernar ya debilitado políticamente. En ese contexto, ningún partido tenía la oportunidad de dirigir la Asamblea Nacional sin obtener alianzas con otras fuerzas. La fragmentación política ha provocado una constante inestabilidad. La composición de la Asamblea Nacional es un juego de mayorías móviles: UNES-PSC-CREO, CREO-PK-ID, UNES-PSC-PK. A ello se suman las divisiones internas de los partidos PK, ID, el aislamiento de diferentes asambleístas y la constitución de bancadas independientes. 2
Una de estas mayorías móviles logró tener la dirección de la Asamblea el primer año: CREO-PK-ID, con Guadalupe Llori como presidenta, asambleísta del ala derecha de PK. Después de un año de dirección, una nueva mayoría UNES-PSC, algunos asambleístas de PK y la ID, lograron destituir a PK y poner provisionalmente como presidente a Virgilio Saquicela, cercano a diferentes partidos de derecha, dependiendo del momento. Mientras tanto, la Asamblea Nacional ha aprobado la mayoría de reformas neoliberales que ha propuesto Lasso, granjeándose la desconfianza de los ecuatorianos.
El gobierno de Lasso se compuso por los bloques de la burguesía tradicional. Varios de sus integrantes provienen de la estructura estatal de los años noventa neoliberales. Los líderes jóvenes del Estado han sido afincados tempranamente en la rancia oligarquía ecuatoriana. Aparte de la vacunación anti COVID-19 del 80% de la población en 100 días, que efectivamente logró el gobierno, su programa electoral ha sido escasamente cumplido. Las propuestas demagógicas de Lasso se quedaron en la tibia retórica.
Sin embargo, lo que sí ha hecho el gobierno de Lasso es repartir a manos privadas al menos 22 bloques petroleros y 48 gasolineras, reactivar las concesiones para la gran minería —que ya venía de los gobiernos de Correa y Moreno— recortar los presupuestos para salud, educación, incumplir los pagos estatales para la seguridad social, seguir con el endeudamiento externo, subir los impuestos para las clases medias. Por ese camino, también ha iniciado la venta del Banco del Pacífico, empresas eléctricas, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y otras empresas públicas. Lasso siguió la política de Moreno y terminó de quitar los subsidios para la gasolina, lo que ha disparado los precios de los productos y bajado la capacidad adquisitiva de la gente. Las redes mafiosas y de corrupción han inundado el Estado y la sociedad civil, enfrentando al ciudadano de a pie con la inseguridad, la sangre y la muerte.3 Las matanzas y hacinamiento en las cárceles es el foco de los circuitos de la droga.4
La colonialidad del poder y la lucha de clases no ha cambiado su estructura. La casa de máquinas del poder en Ecuador es altamente colonial. La tierra sigue estando monopolizada por pocas familias, quienes también concentran el agua; las haciendas de monocultivos rigen de modo autoritario la economía y la política, la cultura colonial pervive en la educación y en la forma de dirigir las instituciones del Estado. Las etnias y nacionalidades indígenas siguen separadas de las burocracias centrales. Los cascos coloniales defienden su posición de poder contra los pueblos marginados del campo.
Las reivindicaciones que exigió el movimiento indígena en octubre de 2019 no se cumplieron en absoluto. La compleja problemática social que atraviesan los indígenas, así como la mayoría de ecuatorianos, no ha sido resuelta por ningún gobierno: falta de oportunidades académicas y de empleo, bajos ingresos salariales, discriminación cultural y de lenguas, desigualdad social, persecución por su orientación política, desalojo de las tierras, migración del campo a la ciudad y periferia-centro, incomunicación, falta de transporte y de servicios públicos, entre otras cargas de siglos.
La crisis pandémica ha empobrecido a millones y ha puesto en el filo del abismo a quien antes tenía algo de confort para vivir. Pero, así como esto sucedió con los menos favorecidos, los oligarcas ecuatorianos engrandecieron su capital. Los banqueros, que es el grupo que domina el gobierno, duplicaron sus utilidades: en 2020 tenían utilidades por 125 millones de dólares, en 2022 por 248 millones. La crisis económica producida por la guerra Rusia-Ucrania y las restricciones de EEUU y Europa, ha golpeado duramente a los ecuatorianos: se han encarecido los precios de fertilizantes, plaguicidas, urea; los productos de primera necesidad como el aceite, trigo, maíz y otros han duplicado su precio. La cruel situación que ya se vivía en la ruralidad ahora ha empeorado.
El paro nacional que empezó el 12 de junio lanzó un pliego de 10 exigencias. A diferencia del levantamiento de octubre de 2019 en contra del Decreto 883, que subía el precio de los combustibles, estos 10 puntos son un programa mínimo de gobierno del que Lasso carece. Las exigencias atraviesan problemas coyunturales e históricos como los subsidios, el libre ingreso a la educación superior, el empleo y la precarización laboral, la economía del campo, la oposición a la privatización y la entrega al Fondo Monetario Internacional (FMI), las políticas contra el narcotráfico y la inseguridad, la no concesión a la megaminería y los derechos de la naturaleza5. Con estas propuestas se levantaron los indígenas y campesinos, llamaron al diálogo y anunciaron: “¡no nos vamos a detener como en octubre!”
Ante la situación inestable del gobierno de Lasso, sin mayoría legislativa, cualquiera en su sano juicio hubiera concedido desde un inicio, antes que la Asamblea logre una nueva mayoría y convoque incluso a una destitución. No obstante, la composición del gobierno de Lasso es completamente autoritaria. Su respuesta no fue el diálogo, sino la represión policial y militar, el discurso racista y la discriminación. Para la élite del gobierno y los dueños de los medios de comunicación, que nacieron en la época de las dictaduras, la respuesta son las armas, la persecución y la criminalización.
Con este telón de fondo, la política antiprotesta de Lasso es un completo desastre, produce más problemas de los que arregla. Después de la convocatoria al Paro Nacional indefinido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el 12 y 13 de junio, Ecuador se encontraba en relativa tranquilidad. Hasta que al Ministro de Defensa, Patricio Carrillo y al Presidente Guillermo Lasso se les ocurrió ordenar la detención ilegal de Leonidas Iza, presidente de la CONAIE. El 14 de junio, a media noche, se lo detuvo por flagrancia mientras estaba en un vehículo, sin haber actos flagrantes6 ; se le incomunicó por 8 horas y la policía se demoró 10 horas en dar el parte a la fiscalía. Lo llevaron en helicóptero a Quito, y de allí de nuevo a Cotopaxi, un ponchito rojo al viento, en medio de decenas de militares y policías. Faltando dos horas para las 24 de su detención, se llevó a cabo la audiencia; la jueza calificó la flagrancia y, sin pruebas, convocó a nueva audiencia para el 4 de julio, para así darle tiempo a la policía; se declaró prisión preventiva, pero se otorgaron medidas sustitutivas a la prisión. El gobierno quiso canjear la libertad de Iza a cambio de acabar la movilización.
En todo este “brillante proceso”, una parte de la sociedad ecuatoriana conoció la sistemática violación a los derechos. Nada cuadraba. Mientras a algunos narcotraficantes se les excarcelaba, se apresaba al presidente del movimiento indígena. Las movilizaciones no tardaron en recrudecer. Organizaciones de derechos humanos, de trabajadores, de mujeres, de estudiantes pidieron la libertad de Iza. La CONAIE multiplicó su presencia en toda la sierra el 14 y 15 de junio. Las protestas localizadas en algunas provincias, ahora se convertían en un verdadero Paro Nacional. Sin restar fuerza al movimiento indígena, hago hincapié en que el gobierno dio palazos al “avispero”.
Al Paro Nacional indígena se sumaron múltiples sectores de las tres principales regiones geográficas del Ecuador (costa, sierra y oriente). El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que congrega a las centrales sindicales más grandes, la Unión Nacional de Educadores (UNE), el gremio más grande de docentes, las Federaciones de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), organizaciones de mujeres, ecologistas, de profesionales y otras convocaron a movilizaciones para el jueves 16 de junio. La Universidad de Cuenca hizo marcha institucional. El pueblo poco a poco se va volcando a las calles. Las movilizaciones son cada vez más numerosas. Incluso, en la costa, donde generalmente las movilizaciones no son mayores, los pequeños productores de banano se adhirieron al paro, así como varios gremios de transportistas, maestros y estudiantes.
El 17 de junio, en horas de la noche, Guillermo Lasso, presidente de la República, comunicó en cadena nacional medidas para palear la crisis: subsidio a la urea, subida de 5 dólares en el bono de desarrollo humano, entre otros.7 Pero, aún así, aprobó el Decreto 455 con Estado de Excepción para las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. En la primera versión que comunicó a la prensa, el Decreto 455 incluía el Art. 9, que restringía la comunicación a estas provincias y podía cortar los servicios de telecomunicaciones, y el Art. 11 que permitía el uso de la “fuerza letal” contra los manifestantes. Después de la gran crítica contra el denominado Decreto de la Muerte que ocurrió en las redes sociales, la secretaría de la presidencia, en un space de Twitter, anunció que lo firmado por Lasso había sido un “borrador”. Esto levantó una incertidumbre que aún hoy dura en Ecuador. En la web de la presidencia, el 18 de junio, cerca de la media noche se colgó el Decreto 455 sin los artículos mencionados, y según el gobierno era la versión que fue a la Corte Constitucional. Sin embargo, varios asambleístas llamaron a sesión del pleno para el lunes 20 de junio en horas de la tarde y así revocar el Estado de Excepción.
La estrategia antiprotesta de Lasso ha cumplido también con echar la culpa al Paro Nacional del incremento de los precios de los productos. Este mensaje especulador transmitido por los medios causó que la mayoría de intermediarios aproveche la situación para elevar los precios y esconder los productos como el gas de uso doméstico y alimentos. Después de este incremento, difícilmente regresará el precio anterior. No obstante, con estas políticas el mismo gobierno se ha puesto la soga al cuello. La inflación y toda medida que ejecute no logrará mayores cambios.
El domingo 19 de junio, la policía y la fiscalía idearon un operativo tipo dictadura. La fiscalía habla de una denuncia anónima N. N. por llamada telefónica al 1800Delito, por supuesto “material bélico” en posesión de la Casa de la Cultura.8 Con este pretexto, la policía, con orden de la fiscalía, allanó el edificio —no encontró más que libros, pinturas y otros objetos valiosos—, pero para horas de la tarde decidió tomarse las instalaciones para convertirla en centro de operaciones. La policía no se tomaba las instalaciones desde los años 60, durante la dictadura militar. La emblemática Casa de la Cultura acogió en octubre de 2019 a los manifestantes. Ahora el gobierno y la policía quieren ocupar todos los posibles lugares que den albergue a los activistas. Varias tendencias en Twitter piden a las Universidades asilar a los indígenas. La Casa de la Cultura, los parques del Arbolito y El Ejido están con fuerte resguardo policial, antimotines y caballería.
Los medios de comunicación nacionales y del gobierno crearon un cerco mediático para incomunicar a la población. El discurso se volvió reverencial a Lasso y dilapidador en contra de los manifestantes. Las agencias de comunicación, en especial Teleamazonas, Ecuavisa, TC y GamaTV, cumplieron con construir un discurso de violencia. En estas cadenas parece que el Paro Nacional no tenía mayor presencia y que se dedicaba únicamente a hacer destrozos, desmanes y actos de vandalismo. Esta visión fue generalizada por los medios reinantes y el gobierno. Mientras tanto se llenaban las calles y plazas del Ecuador, sobre todo en la sierra y la Amazonía, con torrentes multitudinarias de gente uniéndose al Paro Nacional. Las noches del 18 y 19 de junio llegaron cientos de manifestantes a Quito, mientras la policía a otros tantos los retenía a las entradas en el sur, en Tambillo, y en el Norte, en Guayllabamba. La CONAIE continúa convocando al Levantamiento Popular y ya se oyen voces de “fuera Lasso”, si no hace caso las demandas.
El gobierno de Lasso en pocos días se ha trocado en una representación tiránica que impide la libre expresión, asociación, reunión y protesta. El pronóstico de la situación política ecuatoriana es reservado, con la incertidumbre de las fuerzas en la Asamblea Nacional, el movimiento activo grita que irá “hasta las últimas consecuencias”.
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Notas:
1 Yaku Pérez presentó 16 mil actas con inconsistencias.
2 Los partidos de diferentes tendencias políticas han tenido que hacer alianzas por situaciones coyunturales, PSC (derecha), CREO (derecha), UNES (centro izquierda, correísmo), ID (centro, socialdemocracia), PK (centro izquierda, indigenismo).
3 El 66% de muertes violentas está en 3 provincias.
4 364 prisioneros asesinados en 6 matanzas carcelarias.
5 Las 10 exigencias se pueden leer aquí.
6 Según el Código Integral Penal ecuatoriano, en el Art. 526 la flagrancia es la situación de delito inmediato en presencia de una o más personas; después del descubrimiento de la comisión la aprehensión tendría que ocurrir máximo en 24 horas.
7 Las medidas se pueden leer aquí.
8 En este tuit se puede leer la denuncia y en este las declaraciones de Fernando Cerón, quien se opone a que la Casa de la Cultura sea un sitio de represión.
