La suerte del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y de sus principales aliados por el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022 podría quedar sellada entre septiembre y octubre, adelantó un despacho de la agencia Prensa Latina.
La primera sala del Supremo Tribunal Federal –STF- concluyó esta semana los interrogatorios de los acusados del núcleo central de la causa penal por la intentona golpista, refirió el portal local R7 y precisó que una siguiente etapa es el juicio que definirá si serán penados o redimidos los implicados en el supuesto complot.
Entre los procesados figuran Bolsonaro y siete de sus colaboradores más cercanos, incluidos exministros y altos mandos militares.
Condenan a 31 implicados en intento de golpe de Estado contra Lula en 2023
Se les imputa una serie de delitos graves: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, tentativa de golpe de Estado, daños calificados, violencia, amenaza grave y deterioro del patrimonio histórico.
Hasta septiembre u octubre, tanto los equipos de la defensa de los encartados como la Fiscalía General podrán solicitar nuevas diligencias o la recolección de pruebas adicionales, y deberán presentar sus alegatos finales ante el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.
Este proceso es considerado por juristas como un hito en la historia judicial de Brasil, pues nunca antes un expresidente y figuras tan relevantes habían sido juzgados penalmente por un intento de subvertir el orden constitucional.
“Es la primera vez que vemos a personas acusadas de un intento de golpe de Estado siendo sometidas a un juicio penal, con las garantías del debido proceso”, destacó Thiago Bottino, profesor de derecho en la Fundación Getulio Vargas.
El núcleo del caso: la “minuta del golpe” y los testimonios clave
El caso se centra en la llamada “minuta del golpe”, un documento que proponía la anulación de las elecciones de 2022, donde triunfó el líder de la izquierda Luis Inacio Lula da Silva, y la detención de autoridades, entre ellas el propio juez De Moraes.
El teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro y testigo clave tras firmar un acuerdo de culpabilidad, declaró que el expresidente leyó y editó el borrador, eliminando algunos nombres pero manteniendo el de De Moraes.
El plan contemplaba la organización de nuevas elecciones bajo una comisión designada, aunque Cid aseguró que Bolsonaro descartó cualquier acción tras una segunda reunión con los militares.
Bolsonaro se defiende
Durante su interrogatorio, Bolsonaro negó haber orquestado una conspiración golpista y afirmó que nunca discutió el tema con los comandantes militares, limitándose a buscar alternativas dentro de la Constitución tras su derrota ante Lula da Silva.
Admitió, sin embargo, haber recibido las actas del golpe, pero insistió en que no pasó de un análisis teórico y que nunca hubo ambiente ni oportunidad para concretar un golpe en su gobierno.
El exmandatario justificó sus críticas al sistema de votación electrónica como parte de un debate legítimo y reiteró que es víctima de una persecución política. “Nunca hubo ninguna conversación sobre un golpe. Un golpe es algo abominable. Brasil no podría pasar por una experiencia así”, declaró ante los jueces.
Un país polarizado con heridas abiertas
El juicio, transmitido en vivo y seguido por millones de brasileños, ha reavivado la polarización social y política.
Las revueltas del 8 de enero de 2023, cuando una turba de simpatizantes de Bolsonaro invadió el Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el palacio presidencial, siguen frescas en la memoria colectiva.
Para la Fiscalía, aquellos hechos fueron parte de un esquema antidemocrático más amplio para revertir el resultado electoral y forzar una intervención militar. El fiscal general Paulo Gonet sostiene que incluso existió un plan para asesinar a Lula y a De Moraes, que no se concretó por falta de apoyo militar.
Bolsonaro, por su parte, calificó a los alborotadores como “locos, no golpistas” y se desmarcó de cualquier responsabilidad directa.
En su testimonio, el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira afirmó que animó a Bolsonaro a reconocer la derrota y dejar el cargo, y describió los disturbios como “una manifestación pacífica que terminó en vandalismo”.
Los ocho acusados principales, entre ellos el excompañero de fórmula de Bolsonaro y ministro de Defensa Walter Braga Netto, el exministro Anderson Torres y el exasesor Mauro Cid, ya han sido interrogados por el panel del STF.
El tribunal escuchará a otros 26 acusados en fechas posteriores, y ya ha tomado declaración a decenas de testigos desde mediados de mayo.
Cargos de extrema gravedad
Los cargos que enfrenta el expresidente y su círculo íntimo son de extrema gravedad. Una condena por golpe de Estado puede acarrear hasta 12 años de prisión, y sumando los demás delitos, las penas podrían alcanzar varias décadas tras las rejas.
Bolsonaro ya ha sido inhabilitado por el máximo tribunal electoral para postularse hasta 2030 por abuso de poder y desinformación sobre el sistema de votación.
El proceso, además de su impacto jurídico, tiene profundas implicancias políticas. Marca un antes y un después en la rendición de cuentas de los líderes brasileños y pone a prueba la madurez democrática del país, cuya Constitución fue adoptada en 1988.
El caso Zambelli
El alcance de la investigación no se limita a Bolsonaro y su círculo militar. Esta semana, el juez Alexandre de Moraes formalizó la solicitud de extradición de la diputada Carla Zambelli, ferviente partidaria del expresidente, quien permanece prófuga en Italia.
Zambelli fue condenada a 10 años de prisión y 200 días de multa por piratería informática contra el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). De acuerdo con la sentencia, ordenó la invasión de los sistemas institucionales del Poder Judicial, reclutando y dirigiendo a un hacker para manipular información y falsificar documentos, incluyendo una supuesta orden de arresto contra el propio De Moraes.
Por @basiliarodri: Pedido de extradição de Carla Zambelli está na Itália; assista #LiveCNNBrasil pic.twitter.com/JHLgcatBph
— CNN Brasil (@CNNBrasil) June 12, 2025
La investigación reveló que Zambelli pagó al hacker a través de un tercero para encubrir la relación, y ambos deberán indemnizar al Estado por daños morales y colectivos. La condena incluye la pérdida de su mandato parlamentario e inhabilitación, que se hará efectiva tras la sentencia definitiva.
La solicitud de extradición ya ha sido remitida al Ministerio de Justicia y, de allí, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que la tramitará ante la Cancillería italiana.
