The Associated Press
El canciller ecuatoriano José Valencia dijo el martes que perseguirá severamente los brotes xenófobos en contra de los venezolanos. La declaración se produjo luego de que el fin de semana iniciara una cacería de esos nacionales en una ciudad del norte del país, donde una joven embarazada fue asesinada a cuchilladas por un venezolano.
El hecho se produjo la noche del sábado en la calles de Ibarra, 75 kilómetros al norte de la capital, cuando el extranjero tomó como rehén a su pareja ecuatoriana y tras moverse por las calles durante una hora y media la mató en presencia de una docena de policías y cientos de curiosos, que no pudieron impedir el hecho.
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Al día siguiente y hasta la madrugada del lunes, cientos de ibarreños se lanzaron a una cacería de venezolanos a los cuales desalojaron de albergues, hostales y casas alquiladas, los agredieron y los persiguieron, situación que fue controlada con la presencia de efectivos militares. Ello obligó a que decenas de migrantes emprendieran improvisadas caminatas por las vías de salida de la ciudad.
La organización de derechos humanos, Amnistía Internacional, señaló en un comunicado que “estos eventos trágicos no deben alentar los ataques xenófobos, ni la imposición de restricciones adicionales que pongan en riesgo a una población necesitada de protección internacional en Ecuador y en toda la región, como es el caso del pueblo venezolano que huye de su país debido a los derechos humanos masivamente violados”.
Añadió que los migrantes venezolanos necesitan protección internacional.
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El canciller Valencia mencionó desde el Foro Económico de Davos (Suiza), que los brotes xenófobos son “aislados y van a ser severamente perseguidos por el Estado ecuatoriano”.
Agregó que se “sancionará a todas aquellas personas que tengan actos de violencia, actitudes que no van con el espíritu de los ecuatorianos”.
Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza condenó el lunes la violencia contra sus compatriotas, que calificó como un hecho “sistemático y generalizado” y exigió a Ecuador a asumir la responsabilidad por lo ocurrido.
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El lunes Ecuador anunció un nuevo requisito migratorio para los venezolanos: la presentación del denominado pasado judicial, el cual puede tardar hasta unos seis meses para ser expedido por el gobierno de Nicolás Maduro.
Valencia añadió que unos 240,000 venezolanos viven en suelo ecuatoriano, de los cuales casi 100,000 tienen visa y documentos en regla, están trabajando y que el Estado requiere alrededor de 800 millones de dólares para atenderlos en áreas como educación y salud, entre otras, de acuerdo con estimaciones preliminares.
En los últimos años miles de venezolanos han llegado a Ecuador huyendo de la crítica situación económica y social que viven en su país, y la mayor parte de ellos se han integrado sin inconvenientes a la sociedad ecuatoriana.
Otros miles han seguido a Perú, Chile e incluso a destinos más lejanos como Argentina, Brasil y México.
Naciones Unidas estima que más 2,3 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015 en medio de escasez de alimentos y medicinas, así como fuertes dificultades para hallar empleo.
