Hoy miércoles el nuevo gobierno de Perú impuso un de emergencia como respuesta a las violentas protestas ocurridas luego de la destitución del presidente Pedro Castillo. La declaración de emergencia nacional de 30 días suspende los derechos de “seguridad y libertad personal” en toda la nación andina.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo que la declaración fue acordada por el Consejo de Ministros. No mencionó a la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, juramentada por el Congreso horas después de que los legisladores destituyeran a Castillo.
La declaración suspende los derechos de reunión y la libertad de movimiento. Y faculta a la policía, apoyada por el ejército peruano, a registrar las casas de las personas sin permiso u orden judicial. Otarola dijo que no ha determinado si se impondrá un toque de queda.
Boluarte abogó por la calma mientras continúan las manifestaciones contra ella y el Congreso que destituyó a su antecesor, Pero Castillo. “El Perú no puede desbordarse de sangre”, dijo hoy miércoles temprano. Respondiendo a demandas de elecciones inmediatas, sugirió que podrían celebrarse dentro de un año, cuatro meses antes de su propuesta anterior, que no aplacó a nadie.
Perú estrena gobierno mientras siguen las protestas en las calles
Boluarte planteó la posibilidad de programar elecciones generales para diciembre de 2023, justo antes de una audiencia para determinar si Castillo seguirá encarcelado durante 18 meses mientras las autoridades preparan un caso de rebelión en su contra. Un juez pospuso la audiencia luego de que Castillo se negara a participar.
“Lo único que les puedo decir, hermanas y hermanos, es que mantengan la calma”, dijo la presidenta. “Ya vivimos esta experiencia en los años 80 y 90, y creo que no queremos volver a esa dolorosa historia”.
Las declaraciones del compañero de fórmula de Castillo, instalado por el Congreso hace apenas una semana para reemplazarlo, recordaron los años en que Sendero Luminoso hizo numerosos atentados con coches bomba. Se responsabilizó al grupo de más de la mitad de las casi 70 000 muertes y desapariciones, causadas por varios grupos rebeldes y por una brutal respuesta de contrainsurgencia del gobierno.
Ahora los manifestantes han bloqueado calles en la capital y en muchas comunidades rurales exigiendo la libertad de Castillo, la renuncia de Boluarte y la programación inmediata de elecciones generales para elegir un nuevo presidente y remplazar a todos los miembros del Congreso. Al menos siete personas han muerto, incluido un adolescente tras resultar herido durante las protestas en Andahuaylas.
Castillo fue derrocado por los legisladores el 7 de diciembre cuando trató de disolver el Congreso antes de su tercer intento de juicio político. Su vehículo fue interceptado cuando transitaba por las calles de Lima con su equipo de seguridad. Los fiscales lo acusaron de intentar solicitar asilo político en la embajada de México.
En la última semana, entre otras acciones, los manifestantes quemaron estaciones de policía, tomaron una pista de aterrizaje utilizada por las fuerzas armadas e invadieron la pista del aeropuerto internacional de Arequipa, puerta de entrada a algunas de las atracciones turísticas de Perú