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En un giro sin precedentes en la política colombiana, el presidente Gustavo Petro convocó por decreto una consulta popular para que la ciudadanía decida el futuro de la reforma laboral en un país donde impera la precarización, el incumplimiento de derechos, la discriminación y condiciones indignas de trabajo.
La iniciativa, que había sido rechazada por el Senado, se convierte ahora en el epicentro de una crisis institucional acompañada de acusaciones de autoritarismo, demandas judiciales y denuncias de una supuesta intentona golpista.
El miércoles 11 de junio, Petro firmó el Decreto 639 de 2025, estableciendo que la consulta popular se realizará el próximo 7 de agosto, fecha simbólica que marca el inicio de su último año de mandato.
La decisión surge tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado en marzo y la negativa del pleno del Senado, en mayo, a permitir una consulta popular sobre tan importante asunto.
Sin mayoría en el Congreso, Petro optó por el mecanismo de consulta como “una necesidad categórica de la sociedad colombiana”, según afirmó ante miles de simpatizantes en la ciudad de Cali.
Contenido de la consulta y reacciones opositoras
La consulta incluye 12 preguntas que abordan temas como la reducción de la jornada laboral, licencias por salud (incluidos dolores menstruales), salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización laboral, entre otros puntos emblemáticos del programa de gobierno de Petro.
La reacción de la oposición fue inmediata y compacta al considerar políticos, juristas y gremios empresariales que la medida es un “decretazo” inconstitucional.
Rodrigo Uprimny, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), calificó la acción del mandatario como “groseramente inconstitucional, inconveniente e innecesaria”.
Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, anunció la presentación de una demanda contra el decreto, asegurando que el presidente “pretende pasar por encima del Congreso” .
El expresidente Iván Duque fue más allá, afirmando que Petro “ha firmado un decreto que viola la independencia de poderes” y pidió a la Organización Electoral y a las altas cortes rechazar lo que considera un “acto arbitrario que pone en riesgo la democracia”.
Entretanto, el exministro liberal Juan Fernando Cristo, fustigó la decisión, advirtiendo que el decreto “desconoce la decisión del Senado y la competencia de la rama judicial”, sentenciando que se trata de “una grave equivocación que fija un pésimo precedente para la separación de poderes en el país”.
Más radical, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, acusó al jefe de Estado de “consumar un golpe frontal contra la democracia colombiana” y anunció que el Senado acudirá a las cortes para exigir el respeto irrestricto al Estado de Derecho.
El Gobierno defiende la consulta y abre la puerta al diálogo
Desde el Ejecutivo, la defensa del decreto se apoya en la figura de excepción de inconstitucionalidad y en la urgencia de avanzar en la construcción de un Estado social de derecho, según argumentó el ministro designado de Justicia, Eduardo Montealegre.
El Gobierno reconoce la posibilidad de que prospere alguna demanda contra la consulta, y ha asegurado que acatará cualquier orden judicial que suspenda su aplicación.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, subrayó que la firma del decreto no cierra la puerta al diálogo con el Legislativo.
De hecho, el propio Petro ha dejado abierta la posibilidad de derogar el decreto si el Congreso aprueba una reforma laboral que recoja los puntos que el Gobierno considera irrenunciables, como el pago del 100 % de los dominicales y la remuneración de horas extras a partir de las 18:00 horas.
El plazo para que el Legislativo apruebe una reforma laboral vence el 20 de junio, fecha de cierre del periodo legislativo. Si no hay acuerdo, la consulta popular seguirá su curso, siempre y cuando no sea suspendida por la Justicia.
Para que la consulta sea válida, debe participar al menos un tercio de los inscritos en el censo electoral, es decir, un mínimo de 13 millones 654 mil 456 ciudadanos de los 40 millones 963 mil 370 registrados. Además, la mitad más uno de los votos debe ser favorable a cada pregunta para que estas sean aprobadas y tengan carácter vinculante.
Denuncias de intentona golpista y clima de tensión
En paralelo a la controversia por la consulta, Petro denunció públicamente la existencia de un supuesto plan de golpe de Estado en su contra, señalando a “personas de extrema derecha” en Colombia y Estados Unidos.
El mandatario retomó una acusación hecha por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien vinculó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien para el propósito golpista buscaría “llenar de bandas criminales” a Colombia.
Petro afirmó que existen “conversaciones fluidas” entre sectores de extrema derecha colombiana y estadounidense para desestabilizar su gobierno, aunque no presentó pruebas concretas.
Estas denuncias se producen en un contexto de creciente violencia, con el reciente atentado contra el derechista Miguel Uribe, que se debate entre la vida y la muerte, y ataques armados en el suroeste del país, así como tensiones diplomáticas con Estados Unidos, tradicional aliado de Colombia.
Diversos sectores políticos han pedido a Petro moderar su discurso para evitar una mayor polarización, pero el presidente ha respondido que “bajará el tono” sin renunciar a su derecho a expresarse.
“La consulta es conveniente, es imperativa, es una necesidad categórica de la sociedad colombiana hoy (…) esta consulta popular es absolutamente necesaria”, manifestó en un discurso pronunciado ante una multitud congregada en la Plazoleta de San Francisco, en Cali, principal ciudad del suroeste del país.
