El secretario de Seguridad Nacional, el cubanoamericano Alejandro Mayorkas, no piensa renunciar a su cargo pese a la presión que los republicanos en el Congreso han ejercido sobre él, sobre todo debido a la nueva política de otorgar un parole humanitario a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
El alto funcionario de la administración Biden, que controla también los servicios de inmigración, admitió que el sistema de inmigración se encuentra “quebrado”, pero que le compete al Congreso resolver el problema.
Mayorkas hizo estas declaraciones en una entrevista con la cadena CNN que será trasmitida el domingo al final de la tarde, adelantó este viernes el periodista Chris Wallace, quien lo entrevistó para su programa semanal.
El secretario de Seguridad Nacional aseguró que si el Congreso inicia un proceso de inhabilitación contra él, lo atenderá, que responderá a todas sus preguntas y que no le teme. “Dijo que no piensa renunciar y que, por el contrario, llama al Congreso, tal como lo hizo el presidente, a reparar el sistema de inmigración que desde hace décadas está quebrado”, aseguró Wallace.
Los congresistas republicanos que quieren llevar a Mayorkas a un juicio político han argumentado que sus afirmaciones de quentiene el control operativo de la frontera resultan infundadas y que los arrestos récords marcan incumplimiento del deber, dos temas que han surgido repetidamente en las audiencias y se han citado como razón para acusarlo.
En las últimas semanas, el presidente del comité clave ya celebró dos audiencias en el Congreso sobre el manejo de la frontera entre Estados Unidos y México por parte de la administración Biden. A principios de este mes, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que tiene la jurisdicción sobre una resolución de juicio político, celebró su primera audiencia relacionada con la frontera.
“Estos números dejan en claro que la administración Biden no tiene el control de la frontera”, dijo el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, durante una audiencia en febrero. “Mes tras mes tras mes hemos establecido récords de inmigrantes que ingresan al país y, francamente, creo que es intencional”.
La idea de inhabilitar a Mayorkas es parte de un esfuerzo republicano más amplio para frenar las eventuales reformas de Biden en el tema migratorio y su programa de parole humanitario, que entró en funcionamiento en enero pasado.
Es el caso de la demanda de 20 estados, entre los cuales se encuentra Florida, de cancelar judicialmente el programa.
El caso fue designado a un juez de Texas nombrado por el expresidente Donald Trump, que inicialmente debería decidir el 25 de abril si se cancela o no el programa.
Desafiando el nuevo programa federal de parole: el juez Drew Tipton (II)
Pero los gobernadores de esos 20 estados republicanos están apremiando las cosas y han presentado una segunda querella en la cual piden que el programa sea detenido “provisionalmente” hasta que se produzca una decisión definitiva.
La audiencia ha sido fechada para el 7 de marzo, cuando el juez escuchará los argumentos sobre la necesidad de detenerlo de manera provisional. Los fiscales de los 20 estados argumentaran que una de las consecuencias que tendrá el programa de parole es que provocará más gastos a los estados y reventará los distritos escolares.
Se espera que el Gobierno se oponga y argumente que este caso deberá ser trasladado a otro tribunal de Texas o en Washington DC.
“En la audiencia del 25 de abril será para definir las reglas del caso. Pero ese caso puede tardarse meses en muchas audiencias. Por eso quieren frenarlo ya. La decisión final tardará meses”, explica el abogado de inmigración de Miami Ángel Leal. “El juez puede considerar ya, el 7 de marzo, que el programa es en sí ilegal, porque no pasó por el Congreso”, añade en declaraciones a varios medios.
La cuestión es que “este parole en sí es como un nueva visa”, enfatiza, y por eso “los republicanos consideran el programa ilegal”.